Por Sofía Diamante - El Gobierno informó ayer que impulsará
la quita de los subsidios a la luz y al gas a las personas que hayan viajado
más de una vez a un país no limítrofe en los últimos cinco años, hayan comprado
dólares en uno de los últimos tres meses o tengan una prepaga contratada en
forma individual. Tampoco subsidiará a quienes tengan un avión o una
embarcación de lujo o sean dueños de dos departamentos. Aún no se informó a
cuánta gente afectará esta medida, que ahora debe ser aprobada en audiencias
públicas.
La idea es que el Estado subsidie a los usuarios
residenciales cuando el costo de la llamada Canasta Energética
supere un porcentaje de los ingresos familiares. Se espera
que sea de alrededor del 10%. En esos casos, el Estado hará una transferencia
directa al beneficiario mediante una tarjeta virtual o CBU, o con un descuento
en la factura. Los detalles de esa canasta se discutirán también en una
audiencia pública.
El Gobierno llevará adelante mañana su cuarta audiencia
pública para tratar los aumentos de las tarifas energéticas. En este caso en
particular, se debatirá sobre el nuevo esquema de segmentación de subsidios que
la Secretaría de Energía quiere aplicar a partir de mayo. Se trata de la
implementación de una Canasta Básica Energética (CBE), que fijará el consumo
mínimo necesario de gas y electricidad, según la zona bioambiental del país en
la que viva el usuario y la cantidad de convivientes del hogar.
El Estado subsidiará a los usuarios residenciales cuando el
costo de esa CBE supere un porcentaje de los ingresos que la Secretaría de
Energía definirá. Se espera que sea alrededor del 10% de los ingresos (5% por
gas y 5% por la electricidad). En esos casos, el Estado hará una transferencia
directa al beneficiario, mediante una tarjeta virtual o CBU, o mediante un
descuento en la factura.
Para determinar los ingresos totales del grupo conviviente
del usuario de gas o electricidad, el Ministerio de Economía tomará en cuenta
las declaraciones realizadas en el Registro de Acceso a los Subsidios a la
Energía (RASE), bajo la gestión económica de Sergio Massa, que todavía sigue
abierta para nuevos inscriptos o modificaciones.
El Gobierno dijo que analizará esos ingresos y los cruzará
con las bases del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social
(SINTyS) y otras fuentes de información a cargo de la Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología, para cotejar los datos. No se trata de una tarea
sencilla, como admitió esta misma Secretaría de Energía cuando criticó las
falencias de la segmentación durante el gobierno anterior.
Para minimizar los errores de ingresos no declarados, el
Gobierno determinó que si el usuario cumple con alguna de estas condiciones, no
podrá acceder al subsidio, más allá de que la CBE supere el porcentaje de
ingresos determinado por la Secretaría:
A partir de mayo, se implementará la Canasta Básica
Energética (CBE)
El Estado subsidiará a los usuarios cuando el costo de la
CBE supere un porcentaje de los ingresos
Titularidad de una aeronave. Titularidad de embarcación de
lujo o con fines recreativos.
Titularidad total de dos o más inmuebles.
Titularidad de al menos un automóvil con una antigüedad
inferior a 5 años o dos automóviles con una antigüedad menor a 10 años.
Titularidad de al menos un automóvil de lujo o colección,
independientemente de la antigüedad que registra.
Titularidad de medicina prepaga no vinculada a empleo en
relación de dependencia (total o por derivación).
Más de una salida a países no limítrofes en los últimos
cinco años.
Pertenencia al directorio o ser propietario de una empresa
privada (IGJ).
Consumos en tarjeta de crédito superiores a cinco salarios
mínimos vitales y móviles (SMVM), lo que equivale a $900.000. El valor del SMVM
es $180.000.
Compra de moneda extranjera en al menos uno de los últimos
tres meses.
Consumos en billeteras virtuales superiores a cinco SMVM, lo
que equivale a $900.000.
Consumos en telefonía móvil superiores al 25% del SMVM, lo
que equivale a $45.000.
Según informó la Secretaría de Energía, un hogar será
excluido de la aplicación de subsidios si alguno de los miembros cumple con al
menos uno de los atributos de exclusión.
Cruce de datos
El Gobierno también cruzará la información de los usuarios
con las siguientes temáticas: jubilaciones y pensiones; pensiones no
contributivas; electrodependientes; programas sociales; empleo independiente;
empleo dependiente; inmuebles; embarcaciones y automotores, motos y aeronaves.
“Los subsidios deberían regir por un tiempo determinado,
para evitar que los usuarios dependan considerablemente de este beneficio. Los
beneficiarios deberían declarar, al menos anualmente, sus condiciones
socioeconómicas y la necesidad de mantenerlo”, dijo la cartera que comanda
Eduardo Rodríguez Chirillo en la documentación que publicó en su página
oficial.
El diseño de la CBE se ajustará a las necesidades de los
solicitantes, considerando la cantidad de miembros del hogar y la zona
climática. El tamaño del hogar se divide en tres categorías: una o dos
personas; tres o cuatro personas, y cinco o más personas. La biozona de
residencia también influye, clasificándose en seis niveles, desde muy cálido
hasta muy frío. Además, la CBE considera la media del mes actual a subsidiar
para cada biozona específica y la utilización de servicios como electricidad,
gas natural y/o gas licuado de petróleo.
El consumo per cápita de los hogares argentinos es de los
más altos de la región, dijo el Gobierno, pero la incidencia del gasto
energético en el conjunto de ingresos de los integrantes es uno de los más
bajos de América Latina y el Caribe.
Para realizar la segmentación, la Secretaría de Energía y
los funcionarios técnicos de los entes reguladores del gas y la electricidad
(Enargas y ENRE, respectivamente) presentaron un informe sobre la experiencia
internacional que realizó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“La energía es el segundo gasto corriente más grande en los
hogares de América Latina y el Caribe. El hogar promedio asigna alrededor del
5% de su gasto anual total a la energía doméstica”, dicen en el informe.
“La asequibilidad de los servicios representa un desafío
significativo en los hogares con menores ingresos. En la literatura y en la
práctica, el indicador de pobreza energética más utilizado por su fácil
construcción e interpretación es la regla del 10%. Boardman (1991) estableció
como umbral teórico que los hogares que asignen más del 10% de sus ingresos en
gasto energético están en situación de pobreza energética. En la Argentina, el
acceso a la electricidad es casi universal, pero el acceso al gas de red no lo
es. Esta situación presenta una alta correlación con el nivel de ingreso de los
hogares. De aquí deriva la necesidad de considerar la situación de los hogares
que consumen gas licuado envasado o que utilizan energía eléctrica como única
alternativa disponible”, agrega.
En números
En cuanto al gas, la Secretaría de Energía informó que 3,6
millones de personas reciben el subsidio de Plan Hogar para la compra de
garrafas, siendo la provincia de Buenos Aires y la zona norte del país los
lugares donde hay más beneficiarios, ya que hay menos acceso al gas por red. De
hecho, según los mismos datos oficiales, en Chaco, solo 60 usuarios tienen gas
por red; en Formosa, 76, y en Corrientes, 149.
En lo que se refiere a la tarifa social de gas por red, la
Secretaría informó que hay un poco más de un millón de beneficiarios.
Asimismo, el Estado le garantiza el suministro permanente y
el componente eléctrico nacional gratuito de energía eléctrica a las personas
electrodependientes. Según la información publicada, hay 8000 personas
electrodependientes por cuestiones de salud.
El ENRE, por su parte, informó que, en enero pasado, se
identifican 1,4 millones de suministros residenciales del área metropolitana de
Buenos Aires que recibieron una liquidación con el beneficio de tarifa social,
siendo 927.005 de Edenor y 473.260 de Edesur.
Según el ente que interviene Darío Arrué, en los actuales
niveles de la segmentación, se puede identificar una superposición de la tarifa
social. También destacó que la provincia de Buenos Aires determinó, en
septiembre del año pasado, “una bonificación de hasta el 100% sobre los
conceptos eléctricos facturados, antes de impuestos, a las personas víctimas de
violencia por razones de género por el plazo de seis meses prorrogable por otro
período igual y/o mientras subsista la situación crítica en la que se encuentren
estas personas, conforme lo indique el Ministerio de las Mujeres, Políticas de
Géneros y Diversidad Sexual de la provincia”.
Por último, el Gobierno indicó que, actualmente, hay 5,3
millones de usuarios N1 de electricidad; 7,97 millones de N2 y 2,82 millones de
N3. En total, hay 16,1 millones de usuarios de electricidad. En cuanto a gas,
hay 3,75 millones de N1, 3,45 de N2 y 2,45 de N3. En total hay 9,5 millones de
usuarios que tienen gas por red.ß |