Por Camila Dolabjian - La agrupación piquetera ligada al dirigente kirchnerista Juan Grabois tuvo a su cargo un fondo fiduciario que, según datos del Gobierno, manejó durante los últimos cuatro años $480.000 millones, que debían destinarse a unas 6000 obras públicas. Sin embargo, según reconstruyó

LA NACION, de las 6517 obras reportadas, tan solo 400 figuran como finalizadas, es decir, un 6%. A su vez, 133 obras que figuran como finalizadas son en realidad trabajos de veredas y cordones cuneta.

Durante el gobierno de Alberto Fernández, el millonario fondo fiduciario, que lleva como nombre Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), fue administrado por la funcionaria Fernanda Miño. Durante su campaña presidencial, Juan Grabois aseguró que, si ganaba las elecciones, Miño sería suministra de Desarrollo Social.

El fondo fiduciario, uno de los 29 que están en la mira del Gobierno, ahora tiene 400 empleados, pero llegó a tener 600.

Entre los principales blancos del ajuste que implementa el Gobierno están los fondos fiduciarios. Hay uno que en la Casa Rosada identificaron como una caja vinculada a la UTEP, la organización que encabeza Juan Grabois. Se trata del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), un fideicomiso creado por ley para financiar proyectos a partir de la inscripción de villas en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Recibe fondos del impuesto PAIS, percibió dinero por el aporte solidario extraordinario implementado durante la pandemia y tiene múltiples asignaciones por parte de organizaciones internacionales para hacer obras en asentamientos de emergencia.

Durante el gobierno de Alberto Fernández, la ejecución de este fondo (si bien comparte responsabilidades con la Agencia de Administración de Bienes del Estado) estuvo a cargo de Fernanda Ramona Miño, una referente asociada a Grabois. Tan cercanos son ambos que durante la campaña presidencial Grabois aseguró que Miño sería su ministra de Desarrollo Social en caso de llegar a la Casa Rosada. Lo dijo durante un acto en Mercedes en julio de 2023.

Miño estuvo al frente del fondo hasta finalizada la gestión del Frente de Todos. De acuerdo con una planilla de datos enviada por fuentes oficiales del actual gobierno a

el crédito vigente a enero era de $23.283 millones de pesos, aunque otras fuentes sostienen que en realidad asciende actualmente a $200.000 millones, según personas cercanas a la ejecución del fondo.

Los fondos se canalizaron a través del BICE, uno de los bancos públicos que generaron debate en el Congreso durante el tratamiento de la ley ómnibus debido a que parte de la oposición se resistía a su privatización.

Una caja influyente

En las últimas tres décadas, los fondos fiduciarios constituyeron la gran caja de la política y se convirtieron en un factor determinante en la discusión del proyecto de ley ómnibus que se frustró en la Cámara de Diputados, ante la negativa de la oposición de otorgarle al Gobierno atribuciones para manejar a discreción partidas que en un año oscilan entre 8000 y 10.000 millones de dólares, con controles exiguos o inexistentes, como reveló la nacion hace dos semanas.

En la actualidad existen 29 fondos fiduciarios que concentran un presupuesto anual cercano a los $1,5 billones, cerca de 2 puntos porcentuales del producto bruto interno (PBI) del país, según datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación y la Oficina de Control del Presupuesto del Congreso. Son cifras estimativas y los pocos datos oficiales disponibles muestran que 24 de esos fondos transfirieron 1.025.816.922.615 pesos (es decir, poco más de un billón de pesos) durante los primeros nueve meses de 2023.

En cuanto al fondo que se vincula a Grabois, fuentes de acceso público aseguran que, desde su creación, se realizaron 1278 obras de integración en barrios populares y que se alcanzaron 5060 asentamientos con obras de vivienda. Serían 6517 intervenciones en total, por un monto de $480.611.383.294,59 durante los últimos cuatro años. Esos fondos fueron repartidos en un 34,3% a “organizaciones de la sociedad civil” (los contratos y recipientes específicos no fueron transparentados) y en un 34,1% a municipios para que ejecuten las obras.

Sin embargo, los relevamientos que se encargaron desde las áreas del Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete pusieron el foco sobre tres cuestiones: por un lado, que la mayoría de las obras realizadas fueron veredas o cordones cuneta; que hay una serie de intervenciones no finalizadas, y que los contratos fueron dirigidos a cooperativas asociadas a la agrupación de Grabois.

De las 6517 obras reportadas, solo 400 figuran como finalizadas, es decir, un 6%. En tanto que 5886 se encontrarían en ejecución y 231, en etapa de contratación. A su vez, 133 de las finalizadas tienen que ver con veredas y cordones cuneta (más de un tercio). El resto se reparten entre “conexiones eléctricas”, “conexiones de agua”, “mejoramientos de vivienda” y “fortalecimiento comunitario en barrios populares el marco del Covid-19”, entre otros.

Cuando se discriminan los datos por obras efectivamente hechas, se da cuenta de que el 71% de los proyectos fueron hechos por organizaciones sociales (no el 34,3%, cuando se contabilizan las no finalizadas) y que el presupuesto que habría arrojado resultados finalizados fue de $83.928.371.827, un 17% de lo asignado en total. El Gobierno todavía no sabe qué ocurrió con lo ya transferido y busca rastrear a los responsables.

La semana pasada fue designado un nuevo secretario de Integración Socio Urbana, que será responsable del fideicomiso. Se trata de Sebastián Pareja, uno de los armadores electorales de Milei en la provincia de Buenos Aires. Esto sorprendió incluso a miembros de La Libertad Avanza, dado que Pareja y Carlos Kikuchi habían sido desplazados del armado del Ejecutivo y relegados a las bancas para las que fueron elegidos en la Legislatura bonaerense por, entre otros motivos, sospechas de que habían acordado con Sergio Massa y Emilio Monzó las listas municipales en el conurbano.

Fuentes de Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Economía se enteraron por los medios de que había sido apuntado en el FISU, un fondo que también fue reclamado por gobernadores e intendentes. Pareja dijo ayer en declaraciones radiales que el fondo en cuestión recauda “unos dos millones de dólares diarios” a partir del 9% que le destina el impuesto PAIS, que a la vez se incrementó por el gobierno libertario. El funcionario sostuvo que el fondo tiene a su cargo unos 450 empleados, aunque llegó a tener 600 en la gestión anterior. LA NACION