Sábado 17 - Por Maia Jastreblansky - El Gobierno anunció ayer la eliminación de fondos fiduciarios por 2000 millones de dólares. “El presidente Milei decidió eliminar determinados fondos fiduciarios. Entendemos que carecen de transparencia y son parte de lo que denominamos ‘cajas de la política’”, anunció el vocero, Manuel Adorni. En una primera etapa, se eliminarían nueve.

El manejo de los fondos fiduciarios fue uno de los puntos que marcaron la caída en Diputados del proyecto de ley ómnibus. Milei había adelantado el martes, en una entrevista con LN , su decisión de avanzar con esta medida por decreto.

Los fondos fiduciarios son 29 y concentran un presupuesto anual cercano a los $1,5 billones, casi un 2% del producto bruto interno (PBI) del país, según datos estimados por la Secretaría de Hacienda, del Ministerio de Economía de la Nación. Están destinados, en su mayoría, a financiar obras públicas específicas o a subsidiar energía y transporte.

El Gobierno inauguró ayer la “mesa técnica” de funcionarios y asesores que encarará un plan B para avanzar por otras vías con las reformas y desregulaciones que estaban plasmadas en la fracasada “Ley de bases”, más otros proyectos que están en el tintero de los equipos del presidente Javier Milei y que aún no vieron la luz.

Según pudo saber LA NACIÓN en la Casa Rosada, entre las primeras iniciativas que abordó la mesa figura la eliminación de los fondos fiduciarios, a la que el presidente Milei considera una “caja negra” de la política argentina. En una primera etapa serán desactivados, por decreto, nueve fideicomisos.

Tal como publicó este diario, los fondos fiduciarios concentran un presupuesto anual cercano a los $1,5 billones, cerca de 2 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI), según datos de la Secretaría de Hacienda y de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Aunque la falta de transparencia con la que se manejan esos fondos hace que se trate de cifras estimativas. De hecho, entre los pocos datos oficiales disponibles resalta que 24 fideicomisos transfirieron 1.025.816.922.615 pesos durante los primeros nueve meses de 2023.

El presidente Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, los pusieron en la mira tras el fracaso de la ley ómnibus en el Congreso, en medio de una fuerte controversia con los gobernadores provinciales, que reciben parte de los fondos y, en algunos casos, reclaman abiertamente su continuidad.

Los fondos en revisión están destinados a la construcción de viviendas familiares o “de Infraestructura Hídrica”, a la “Integración Socio Urbana”, el “Manejo del Fuego”, la “Estabilización del Trigo Argentino”, el “Desarrollo Provincial” o la “Recuperación de la Actividad Ovina”, entre otros. Si bien los trabajos de la “mesa técnica” están en una etapa preliminar, en la Casa Rosada anticipan un cambio de estrategia: ya no habrá un “proyecto ómnibus”, sino una batería de decretos y “varios proyectos de ley puntuales”. Pero la eliminación de los fondos fiduciaros aparece como un asunto clave para el gobierno libertario, que está embarcado en un fuerte ajuste del gasto público.

Nueva estrategia

Después de la experiencia fallida en sesiones extraordinarias, el Poder Ejecutivo definió volver a enviar iniciativas y activar el Congreso en el período ordinario, desde el primero de marzo. “Los legisladores van a pasar bastante tiempo debatiendo”, anticipó un colaborador oficial horas después de la primera reunión de equipo. Esto es así porque el Gobierno quiere avanzar con todas las reformas posibles vía decreto (o a través de resoluciones simples plausibles de ser publicadas en el Boletín Oficial), pero en muchos casos se topa con materias que sí o sí deben regularse por ley.

Con los fondos fiduciarios, que es algo que Milei quiere eliminar con urgencia, ya hicieron la discriminación: habría al menos nueve fondos que se pueden eliminar por decreto porque fueron creados de esa manera, pero otros tantos deben pasar por el Congreso.

Pese a la premura del Presidente con este tema –el jueves se especuló con una cadena nacional para anunciarlo que finalmente no prosperó–, todavía queda un trabajo jurídico por hacer, según reconstruyó La Nación.

Es que el Gobierno no puede eliminar las funciones que tienen los fondos fiduciarios (que en muchos casos son esenciales, como el control del fuego). Se apunta en cambio a modificar el instrumento, que avala el manejo de montos altísimos sin mayor control. Ayer, el portavoz Manuel Adorni anunció que se van a eliminar “nueve fondos fiduciarios equivalentes a 2000 millones de dólares”, pero en rigor se avanzará con muchos más.

En el Gobierno no dan precisiones sobre los temas que seguirán en agenda. Según pudo saber este medio, hay dos cuestiones de alta sensibilidad que están sobre la mesa: jubilaciones (“se va a buscar un ajuste por ley de la movilidad jubilatoria”, se limitó a decir un colaborador oficial) y educación. En este último caso, el Gobierno tiene en carpeta declararla “servicio esencial” en medio de los reclamos de las provincias y los gremios por fondos nacionales y de una paritaria nacional para garantizar la recomposición del salario docente y el inicio de clases.

Tal como anticipó La Nación, el Gobierno reanudó los trabajos técnicos para avanzar por decreto con distintos puntos de la “Ley de bases” que quedaron frustrados. Ayer a la mañana tuvo lugar una reunión de equipo de la que participaron Federico Sturzenegger (uno de los padres intelectuales del mega-dnu de Milei y de la ley ómnibus); José “Cochi” Rolandi (segundo de Nicolás Posse en la Jefatura de Gabinete), el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo, y el asesor presidencial Santiago Caputo, que tiene poder de decisión en estrategia política.

El encuentro se extendió por 40 minutos. Los asesores hicieron una puesta en común del trabajo técnico que venían realizando por separado y definieron las primeras líneas de acción. En el Gobierno quieren avanzar con otros proyectos de desregulación y de reformas del Estado adicionales a todo lo que se conoció hasta ahora.

“Hay que acordarse de que en la “Ley de bases” y en el DNU solo tocamos el 20% de lo que teníamos estudiado”, dijo un colaborador muy al tanto del trabajo. “Hay temas de desregulación que pueden caminar por decreto o regulación simple, así que estamos evaluando cada uno”, agregó otro importante colaborador oficial. Agregó que, además, es posible que se retome sin pasar por el Congreso el capítulo vinculado a la cultura.

“El sistema de subsidios del Incaa nos parecía bueno modificarlo por ley, pero en rigor podemos hacerlo con la reglamentación propia del instituto”, advirtió. Así, el Gobierno comenzó a desmenuzar el paquete de reformas que quiso tratar todo junto y de forma urgente en los primeros días de gestión. Se espera ahora un tratamiento “tema por tema”, con mucha actividad vía decreto y proyectos de ley. LA NACIÓN