Por Sofía Diamante - En plena pelea con los gobernadores, a
los que el presidente Javier Milei responsabiliza por el fracaso de la ley
ómnibus en la Cámara de Diputados, el Gobierno anunció ayer, de manera
sorpresiva, la eliminación de los subsidios al transporte en el interior del
país. La medida tendría efecto sobre las tarifas de colectivos, que en las
provincias ya son más altas que en el área metropolitana porque los subsidios
son más bajos.
Los gobernadores interpretaron la decisión como una
“venganza política”, aunque el Gobierno aseguró que es parte de los recortes
previstos para reducir el déficit fiscal.
La medida fue dispuesta por el ministro de Economía, Luis
Caputo, después de haber advertido que la eliminación del paquete fiscal que
incluía la ley ómnibus en su versión original iba a implicar un mayor ajuste
para las provincias.
La relación entre la Casa Rosada y los mandatarios
provinciales quedó virtualmente quebrada esta semana, después de que Milei
acusó de “traidores” a algunos gobernadores que objetaron capítulos de su
proyecto de reformas.
El Gobierno abrió un nuevo frente de confrontación con los
gobernadores al anunciar ayer, de manera sorpresiva, que elimina el principal
fondo al que se destinan los subsidios al transporte público del interior del
país, donde está excluida el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Es para
cumplir “con uno de los objetivos trazados al inicio de la gestión”, dijeron en
la Secretaría de Transporte.
La decisión provocó el enojo de intendentes y de
gobernadores, quienes habían sido señalados por la Casa Rosada como los
“traidores” que prometieron respaldo a la ley ómnibus y luego sus legisladores
votaron en contra.
Los gobernadores interpretaron la medida como una “venganza”
a la derrota del Congreso (ver aparte).
Se trata del Fondo Compensador del Interior, que el año
pasado recibió $102.000 millones, según el presupuesto nacional 2023. Por lo
tanto, a partir de ahora, los subsidios al transporte público del interior
deberán ser absorbidos por las provincias. “Esta medida implica una disminución
considerable de subsidios que iban a las empresas”, dijo el Gobierno.
El comunicado lo difundió la Secretaría de Transporte, que
en la práctica depende del Ministerio de Economía, pero en la teoría sigue bajo
la jurisdicción del Ministerio de Infraestructura, ya que su titular, Guillermo
Ferraro, no renunció, sino que se tomó licencia por un mes.
Transporte está a cargo del cordobés Franco Mogetta, quien
fue ministro de esa área, a nivel provincial, durante los años de gestión del
exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti. En ese rol, fue el presidente del
Consejo Federal de Transporte (Cofetra) y negociaba con los gobiernos
nacionales para pedir más transferencias al Fondo Compensador del Interior.
La decisión de eliminar este fondo fue tomada directamente
por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien ya les había advertido a las
provincias que reducirá los gastos debido a la caída de la ley ómnibus. De
hecho, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo ayer en su conferencia
diaria que durante enero, se redujeron un 98% las transferencias discrecionales
a provincias porque están “transparentando un sistema que funcionaba solo en
favor de la propia política”.
Según pudo saber la nacion, Mogetta no estaba al tanto del
recorte, pese a ser el secretario de Transporte. Desde el traspié del Gobierno
en el Congreso hay varios funcionarios nacionales que responden a los
gobernadores que están en la mira. Además de Mogetta, están apuntados Daniel
Tillard, presidente del Banco Nación; Osvaldo Giordano, titular de la Anses, y
Flavia Royon, secretaria de Minería. “El gobierno nacional, cumpliendo con uno
de los objetivos trazados al inicio de la gestión, ha decidido disminuir el
subsidio a las empresas prestatarias (oferta) de Jurisdicción Nacional, para
concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa,
canalizando dicha asistencia a través de SUBE”, dice el comunicado de la
Secretaría de Trabajo.
El Gobierno dijo que esta decisión “guarda coherencia con el
Pacto Fiscal que gobernadores y Estado nacional firmaron en 2017 y 2018”.
La Secretaría de Transporte dijo también que “se terminó con
el congelamiento de tarifas que había heredado de la gestión anterior en trenes
y colectivos” para darle “mayor protagonismo en la cobertura de costos
necesarios para operar”.
En efecto, el boleto del tramo mínimo de colectivo en el
AMBA pasó de los $52,96 en diciembre a $76,92 en enero y a $270 en febrero. Se
trata de una suba acumulada de 410%.
En cuanto al tren, pasó de $25,72 y $33,28 los tramos
mínimos según el ramal, a $130 este mes. Significó un aumento de 405% en menos
de dos meses.
Estos valores volverán a subir en abril próximo, según la
resolución 5/2024 publicada esta semana en el Boletín Oficial, ya que los
boletos de trenes y colectivos en el AMBA aumentarán cada dos meses. Dicho
ajuste será, como máximo, equivalente a la variación acumulada del índice de
precios al consumidor [inflación] de los dos meses previos. Es decir, en abril
subirá el costo del transporte en un porcentaje que será como máximo la
inflación acumulada entre enero y febrero.
“La eliminación de subsidios no implica un impacto en lo
inmediato en el AMBA. La tarifa de $270 sigue estando vigente. De hecho, de
haber algún cambio en la política tarifaria, debiera llamarse a una nueva
audiencia pública. La resolución vigente establece ajustes bimestrales y el
ajuste de febrero ya se hizo. Con lo cual, hasta abril no debería haber un
aumento en el boleto, al menos que se llame a una nueva audiencia pública”,
dijo Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del
Transporte Automotor (Aaeta).
“Lo que sí nos han dicho es que puede implicar cambios en el
interior, ya que ahí se quitaría dinero del fondo compensador que va de la
Nación a las provincias. Con lo cual, los gobernadores debieran compensar la
quita de fondos desde la Nación o ajustar en su defecto el boleto. Pero eso es
una situación exclusiva para el interior, no para el AMBA”, agregó Fusaro.
Según Aaeta, el boleto de colectivo en el AMBA debería valer
$981, con lo cual el AMBA sigue siendo fuertemente subsidiada, en torno al 70%.
El Gobierno aclaró que seguirá vigente la tarifa social en
todo el territorio donde funciona la tarjeta SUBE. Si bien se usa como método
de pago en el transporte público en 58 localidades, además del AMBA, todavía no
se utiliza en todo el país.
El Gobierno todavía no designó un director a cargo de la
SUBE, a casi dos meses de gestión. Por lo tanto, no hay información sobre cómo
será la expansión del uso de la tarjeta en otras localidades o cómo se
implementará la nominalización, ya que, a partir del 1º de abril, los usuarios
que no tengan la tarjeta registrada pagarán en el AMBA una tarifa diferencial
mayor ($429,30, el tramo mínimo).
En conclusión, agregó que la decisión es que “los fondos
lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo, y
beneficiando así a las personas que más lo necesitan”.
Según datos oficiales de noviembre pasado, 14 millones de
personas usan las tarjetas SUBE por mes, de las cuales más de 5 millones poseen
la tarifa social federal, donde abonan el valor boleto con un descuento del
55%.ß
El año pasado, las compañías recibieron $102.000 millones
El secretario de Transporte no estaba al tanto del recorte |