Por Fernando Gutiérrez -      Más allá de la suerte de la "ley ómnibus", lo que quedó en evidencia es la verdadera pelea que ocurre detrás del debate parlamentario: quién afrontará el costo político por el inevitable ajuste fiscal. Javier Milei ya decidió que él no repetirá el error que muchas veces el ex ministro Domingo Cavallo admitió como autocrítica: haber llevado a la nación a un ajuste sin que las administraciones provinciales dieran muestras de un esfuerzo similar.

Es por eso que, ni bien caída la ley en la cámara de Diputados, los comunicados oficiales apuntaron directamente contra los gobernadores como responsables de la situación de empantanamiento político.

Era, en realidad, una situación que todos en el ámbito político veían venir. Los gobernadores, después de haber apoyado, en plena campaña electoral, la derogación del Impuesto a las Ganancias para los asalariados de nivel medio y alto, no quisieron asumir el costo de reinstaurar ese mismo tributo. Pero no lograron conmover a Milei cuando le pidieron una compensación por la vía de coparticipar el impuesto al Cheque o el impuesto PAIS.

Para Milei, son dos pedidos inadmisibles. En el primer caso, porque se trata de uno de los impuestos más criticados por los empresarios, por su efecto distorsivo en la actividad comercial. Y, sobre todo, porque es un impuesto "transitorio" desde el año 2001. Hacerlo coparticipable con las provincias sería una forma tácita de admitir que nunca será derogado.

En cuanto al impuesto PAIS, su argumento es que es un gravamen llamado a desaparecer, porque su existencia está íntimamente ligada a la existencia del cepo cambiario.

La fría realidad es que el impuesto al Cheque representa un 8% del total de la "torta" tributaria y que el impuesto PAIS, ahora potenciado por la suba de la alícuota para importaciones, ya representa un 6%. Compartir esos recursos con los gobernadores implicaría, para Milei, resignar fondos para la AFIP sin asegurarse de que en las provincias haya un esfuerzo fiscal ni tampoco una mínima asunción de "costo político" por haber apoyado la derogación de Ganancias.

¿Hasta dónde llega la guerra fiscal?

La gran pregunta del momento es qué tan lejos está dispuesto Milei a llegar en su guerra fiscal con las provincias. Desde aquel tuit del ministro Luis Caputo que provocó un terremoto político y obligó al gobierno a retirar el capítulo fiscal de la ley, está flotando en el ambiente la insinuación de una posible asfixia financiera.

Pero se trata de una jugada de doble filo para Milei. Primero, tendría que elegir entre ajustar a todas las provincias o a elegir solamente a aquellas con las cuales tiene menor sintonía política. Irónicamente, una situación que lo asemeja a la relación que mantenía Cristina Kirchner con Daniel Scioli, cuando el entonces gobernador bonaerense era sistemáticamente discriminado en el reparto del Fondo del Conurbano, lo cual lo obligaba a subir impuestos provinciales para mejorar los salarios docentes.

Aun si Milei eligiera ese camino, tampoco hay garantía de que se librara del costo político de ese ajuste. Nadie lo sabe mejor que la propia Cristina Kirchner, que después de llevar a Scioli a la asfixia financiera, se encontraba con que las encuestas la daban a ella como culpable de la situación de Buenos Aires y no al gobernador Scioli.

A juzgar por las primeras reacciones, lo que Milei está dispuesto a hacer es una competencia de resistencia con los gobernadores. Es decir, asumir su debilidad en el Congreso y someter a las provincias a una situación en la cual no cuenten con transferencias discrecionales, para ver quién "afloja" primero.

Una pelea de $2 billones

La amenaza del Presidente, acerca de "dejarlos sin un peso" por la vía de cortar partidas presupuestales de las provincias a modo de compensación, equivale a $2 billones que, según estiman consultoras privadas, fue la cifra a la que ascendió la transferencia discrecional del Gobierno Nacional a los 24 distritos.

Se trata de dinero que desde la Casa Rosada se aprueba por fuera del sistema de coparticipación automática y que incluye partidas para una diversidad de finalidades, desde obra pública y vivienda hasta incentivo docente, pasando también por asistencia financiera para afrontar remuneraciones del personal.

De concretarse la advertencia -que Caputo califica como compromiso con el objetivo de "déficit cero", pero que desde el peronismo es calificada como "extorsión"-, se produciría una crisis financiera en muchas provincias. De hecho, se estima que 16 ya terminaron con déficit en 2023. Entre las de mayor magnitud de cuentas en rojo en relación a producto regional, figuran San Luis, Catamarca, Formosa y San Juan, según una estimación de la Fundación Mediterránea.

Pero, el riesgo de que la situación empeore es tan grande que, incluso, provincias que lideraron el ranking de superávits primarios como Córdoba, ya avisaron que no descartan tener que recurrir a una cuasi-moneda, un rubro en el cual hizo punta La Rioja.

¿Qué tan importantes son esas transferencias discrecionales en las cuentas de las provincias?

Para algunas representan un monto relativamente menor, pero otras directamente entrarían en crisis sin esos recursos. En el caso de provincias como Neuquén, ese aporte representa apenas un 3% de su ingreso total, pero se trata de un caso atípico de una provincia donde casi el 30% del ingreso corresponde a regalías petroleras.

El promedio nacional marca un 9% de las transferencias discrecionales como ingreso de las provincias, pero hay casos notoriamente elevados, como el de Buenos Aires, que depende en un 14% de ese dinero extra-coparticipación.

La mayor provincia del país, con un 38% de la población, solamente percibe un 22% en el reparto de la coparticipación, con lo cual los gobiernos tienden a compensar esa "discriminación" con una mayor cuota de transferencias discrecionales. Claro que ese porcentaje puede variar drásticamente dependiendo de la sintonía política entre el gobernador y el Presidente.

Los más amenazados de la tabla

¿Quién se perjudicaría más con un recorte drástico? El ranking 2023 de transferencias corrientes por habitante pone al tope del ranking a Santa Cruz, con $66.900 anuales, seguidos por La Rioja y Tierra del Fuego, que perciben $52.000 por persona. En el fondo de la tabla, quienes menos reciben esas transferencias son Córdoba y Mendoza, con $13.000.

En la tabla de las transferencias discrecionales de capital, la líder es La Rioja, con $134.00, mientras que en un lejano segundo puesto figuran Tierra del Fuego y Formosa, con $33.000 por habitante. En el otro extremo, la Ciudad de Buenos Aires apenas recibe $2.500 anuales por habitante, mientras Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Jujuy no llegaron a $6.000.

Los economistas advierten que, en este momento, hay mucho menos margen para aumentar la presión impositiva dentro de las provincias, con lo cual sólo quedan dos alternativas: o asumir el costo de un recorte del gasto, o endeudarse por la vía de la emisión de cuasi-monedas, como propone el riojano Ricardo Quintela.

El solo hecho de recordar que la emisión de cuasi monedas en la crisis de 2001 acumuló $8.200 millones -en la época en que un peso era igual a un dólar- y que llegó a representar más del 25% de la base monetaria es algo que genera nervios en el mercado. IPROFESIONAL