Por Laura Serra y Delfina Celichini - El gobierno de Javier Milei sufrió ayer su derrota más dura desde que asumió el poder, el 10 de diciembre: la ley ómnibus se cayó por falta de apoyo en la Cámara de Diputados cuando se trataba en particular. Si bien formalmente se dispuso su regreso a comisión, el panorama luce muy sombrío para las chances de la iniciativa.

La reacción del oficialismo vino cargada de furia y acusaciones. El propio Presidente, quien se encuentra de gira por Israel, tuiteó: “La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas. Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar”. En el oficialismo apuntaron contra los gobernadores y dieron a entender que incumplieron un supuesto compromiso de acompañar la ley. Por esa razón los diez mandatarios de Juntos por el Cambio emitieron un comunicado en el que pidieron: “No nos responsabilicen a todos por igual ni nos falten el respeto aduciendo poca vocación de diálogo”. En las pocas horas que duró la sesión de ayer se notó un trámite tortuoso, inciso por inciso, en el cual el oficialismo logró apoyo en 12 votaciones y el rechazo en otras 8. Después correspondía ir al apartado de privatizaciones, pero ya estaba claro que no había consenso. El kirchnerismo celebró en las bancas.

El Gobierno sufrió un fuerte traspié en la Cámara de Diputados tras perder, en una seguidilla de votaciones, varios artículos claves del proyecto de ley ómnibus enviado por Javier Milei. En efecto, el oficialismo, pese al apoyo de Pro, no pudo mantener en pie los artículos por los cuales pretendía una amplia delegación de facultades y atribuciones para instrumentar una fuerte reforma del Estado.

En medio de un clima marcado por la incertidumbre y la imprevisión política, el oficialismo pidió el pase a comisión de la ley ómnibus, lo que en los hechos vuelve el tratamiento a foja cero (ver aparte). Según pudo saber la nacion, el capítulo de las privatizaciones no hubiera obtenido el visto bueno de la mayoría de los diputados.

La primera derrota tuvo lugar cuando se abordó el capítulo sobre facultades delegadas al Poder Ejecutivo. En efecto, a instancias de los bloques dialoguistas –apoyados por el kirchnerismo–, los libertarios y sus únicos aliados de Pro perdieron la posibilidad de manejar de manera discrecional los fondos fiduciarios, como también de gozar de amplias atribuciones en materia energética y de seguridad.

A renglón seguido, los libertarios también cayeron derrotados en casi todos los puntos incluidos en el crucial artículo 5, referido a la reforma del Estado. En este clima dramático, el oficialismo pidió un cuarto intermedio en sus bancas para intentar reconducir la sesión. Al finalizar el cuarto intermedio, el presidente del bloque libertario, Oscar Zago, pidió el retorno a comisión de todo el proyecto de ley. “Al oficialismo le pedimos que tenga alguna cuota de flexibilidad, les encanta seguir perdiendo”, azuzó el diputado Miguel Pichetto a la bancada oficialista.

El capítulo sobre reforma del Estado es uno de los ejes más importantes de la iniciativa. Sin embargo, a instancias de los bloques dialoguistas, numerosos incisos fueron rechazados. Entre ellos, los que pretendían facultar al Poder Ejecutivo a controlar en un marco regulatorio la organización interna del sector público nacional, así como a “centralizar, fusionar, transformar la tipicidad jurídica, reorganizar, disolver o suprimir total o parcialmente órganos o entidades que integran el sector público”.

Tampoco pudieron mantener en pie la facultad que pretendía arrogarse el Gobierno para suprimir facultades superpuestas; privatizar total o parcialmente empresas y sociedades del Estado, e intervenir entes y compañías del sector público nacional. Con ello, el capítulo de reforma del Estado de la “Ley de bases” quedó desarticulado.

Emergencias

El único triunfo que obtuvo el oficialismo en la sesión de ayer fue en la votación del artículo 1: con 134 afirmativos y 121 en contra se aprobó la declaración de la emergencia pública en seis materias: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, hasta el 31 de diciembre de 2024. Ese plazo podía ser prorrogado por el Congreso por un máximo de un año, con posibilidad de ser prorrogado por otro más.

Antes de que se cayera la ley ómnibus, los bloques dialoguistas –Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal– establecieron que el Poder Ejecutivo deberá informar mensualmente en forma detallada al Congreso sobre la aplicación de las facultades.

Este artículo fue aprobado, además del oficialismo libertario, por el grueso de los bloques de oposición dialoguista. Votaron en contra, sin embargo, la bancada de Unión por la Patria, los bloques de izquierda, los seis diputados de la Coalición Cívica, algunos diputados de la UCR –Manuel Aguirre, Fernando Carbajal, Marcela Coli, Pablo Juliano, Facundo Manes, Juan Carlos Polini–; los socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein; Margarita Stolbizer; la cordobesa Natalia de la Sota, y el chubutense Jorge Antonio Ávila, estos últimos de Hacemos.

El envión con que el oficialismo arrancó el debate se frenó en el artículo cuatro, clave para el Gobierno. Allí se establecían las bases de la delegación, es decir, qué facultades concretas se le concederían al Poder Ejecutivo a partir de las emergencias declaradas. Por caso, el texto le permitía al Gobierno no solo reorganizar el sector público nacional; además, proponía intervenir todos los entes, empresas y sociedades cualquiera fuera su tipo jurídico, a excepción de las universidades nacionales.

En este punto, el radicalismo y el bloque Hacemos marcaron diferencias. La UCR solicitó que se elimine la facultad que habilita al Poder Ejecutivo a disponer discrecionalmente sobre todos los fideicomisos o fondos fiduciarios (incluso eliminarlos); se trata de cajas millonarias que se administran por fuera del presupuesto. En cambio, el bloque Hacemos, a instancias de los gobernadores, solo pidió salvar dos de este manejo, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y el Fondo Federal de Infraestructura Regional. El oficialismo, en la voz del libertario Gabriel Bornoroni –miembro informante de la sesión–, aceptó esta última propuesta.

La pulseada la ganó la UCR: con su voto en contra –la votación terminó con 142 votos negativos a 112 positivos–, finalmente el oficialismo se quedó sin la facultad de manejar los fondos fiduciarios.

Los libertarios también se quedaron sin poder concederle facultades especiales al Gobierno en materia energética y de seguridad. Se trataba de los incisos i y j del artículo cuarto. El oficialismo tuvo solo 123 votos positivos frente a 130 negativos. El inciso i se refiere a la materia energética. El Gobierno pretendía facultades para “regular y reordenar” el sector, algo que era seguido por las compañías con capacidad de inversión.

Asimismo, la Cámara de Diputados rechazó la delegación de facultades para fortalecer la actuación de las fuerzas federales de seguridad en las distintas materias, como el terrorismo y el tráfico de estupefacientes.

La delegación de facultades en el Poder Ejecutivo desató una encendida catarsis de quienes se oponen a estos artículos. El oficialismo y Pro se mantuvieron en silencio. Mientras que el kirchnerismo y la izquierda fueron los que se opusieron frontalmente.ß