Por José Calero - Los enviados del FMI que terminaron de cerrar el acuerdo con la Argentina se fueron espantados por la situación económica y social del país. En más de una oportunidad repreguntaron si la magnitud de las cifras que escuchaban era correcta. No podían creer que una nación que llegó a liderar los avances en educación, progreso social y alfabetización en América Latina, haya caído en los últimos 20 años al fondo del pozo. 

Sobre la base de proyecciones que maneja el INDEC, el ministro de Economía, Luis Caputo, les dijo a los técnicos del Fondo que la pobreza medida por ingresos ya afecta al 50% de la población. En términos más concretos, quiere decir que la clase media baja desapareció, y que la distribución del ingreso se ha hecho más regresiva que nunca. También les transmitió una decisión política: "El presidente Javier Milei está determinado a avanzar con las reformas tributaria y laboral".

En el gobierno preocupa la cada vez más regresiva distribución del ingreso. Cree que hay trabas mayúsculas en las leyes laborales que derivaron en que en la última década el empleo privado se haya mantenido estancado. También advierte que en materia impositiva hay que avanzar con una estructura más eficiente, que ponga menos trabas en cuestiones burocráticas. "Las leyes en la Argentina están diseñadas para que un funcionario decida si una empresa prospera o no. Queremos terminar con esa discrecionalidad". transmitió Caputo. 

Esa intención se vislumbra en la Ley ómnibus, que busca terminar con la burocracia, y también en la eliminación de un plumazo del sistema SIRA de autorización de importaciones. "Sólo sirvió para que se sigan enriqueciendo los despachantes de Aduana corruptos y sus jefes políticos", graficó un funcionario con más de 30 años de experiencia en la Aduana que ha visto de todo, en especial actividades espurias, y que cuando intentó denunciarlas se encontró con una cadena de mando que le puso obstáculos.

La cuestión laboral y la distribución del ingreso

Cada nuevo informe del INDEC confirma que hay sectores que ganan mucho en el decil más alto, mientras el resto surfea como puede con claros problemas para llegar a fin de mes con la cobertura de gastos, en algunos casos, y para poder hacer tres comidas a diario, en otro muchos, los llamados "indigentes".

"Los salarios reales cayeron y los niveles de informalidad y pobreza aumentaron. Hoy, más del 50% de los argentinos viven por debajo de la línea de pobreza, y ese número se acerca al 60% para los niños", consigna el reporte entregado por la Argentina al Fondo. En realidad, el escenario que viven los chicos en el conurbano bonaerense profundo sería aún peor, de acuerdo con los números que manejan otras instituciones sociales.

"Evitamos la hiperinflación, pero el colapso sigue", dicen cerca del Palacio de Hacienda, que pretende aplicar un plan de estabilización ortodoxo, alcanzar el equilibrio fiscal, y a partir de ahí edificar una nueva economía. La duda es si tendrá tiempo para hacerlo. Con muy malas intenciones, desde el kirchnerismo ya empezaron a hacer correr versiones de que el gobierno de Milei se termina a más tardar en abril. "Los que dicen eso son los sectores con los que es imposible dialogar. No admiten que el desastre que dejaron fue horroroso", dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni.

"Nuestro programa se basa en un ajuste fiscal ambicioso, mediante una combinación equilibrada de recortes de gastos e, inicialmente, medidas de ingresos temporales, que proporcionan espacio para aumentar la asistencia social", señala el informe entregado al Fondo Monetario. Pero lo que más encendió alertas entre los enviados del organismo fue la advertencia de que el país enfrenta el riesgo de no poder cumplir con las obligaciones externas. Sólo a los bonistas hay que pagarles u$s 2.500 millones este año.

Las reformas que vienen

Pero tras ese baño de agua fría, Caputo explicó que se está trabajando a todo vapor para avanzar por un lado con las reformas estructurales necesarias en distintos ámbitos (laboral e impositiva). Prueba de ello es que tras la Asamblea Legislativa del primero de marzo entrarán al Congreso proyectos sobre ambas cuestiones claves. "Vamos a discutir absolutamente todo", advirtió el jefe del bloque de diputados libertarios, Oscar Zago.

Es que tras la judicialización y bloqueo por parte de la CGT a los capítulos de reforma laboral que planteaba el DNU, la alternativa que le queda al Gobierno es avanzar por ley. El último intento de reforma laboral de cierta relevancia ocurrió en el 2000 y terminó en escándalo, con la denuncia de coimas a los senadores para aprobarla de parte del gobierno de Fernando de la Rúa. La central obrera ya está avisada de la intentona y se prepara para resistirla. A los popes sindicales les preocupa el manejo de la caja de las obras sociales y que se deje de lado la inclusión en muchos acuerdos sindicales de la obligación de aportar un porcentaje del salario a los gremios.

Milei ya sabe que no puede esperar guiño alguno de la Justicia laboral, siempre permeable a la influencia sindical. El último revés fue cuando la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo resolvió el amparo planteado por la CGT y determinó que el capítulo 4 del decreto 70/2023 es inconstitucional. El argumento: dijo que este tipo de enmiendas deberían debatirse en el Parlamento.  En el Gobierno se preguntan "por qué hay tanto miedo a cambiar las leyes laborales y que todos tengamos más trabajo, mejores salarios y menos informalidad". La CGT debería tener una respuesta. La reforma laboral avanzará en la flexibilización de las condiciones laborales, la reducción de las indemnizaciones y limitaciones al derecho a huelga.

En materia de derecho a huelga, se insistiría con establecer la exigencia de una cobertura mínima de 75% en los servicios esenciales, donde se incluye a salud y educación, y una cobertura del 50% en una nueva categoría que denomina "actividades o servicios de importancia trascendental", donde se incorporaran múltiples sectores, desde transporte, diversas ramas industriales, bancarios, gastronómicos, producción de alimentos y hasta los servicios de radio y televisión.

También habilitaría a empleadores a despedir con causa a trabajadores que participen de medidas de fuerza que afecten la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la protesta, realicen bloqueos o tomas de establecimientos durante las mismas. Ahí está uno de los temas que más irritan a los gremios, y en especial a la familia Moyano. El otro gran punto de conflicto está vinculado con la reducción de las indemnizaciones ya que, según el decreto, "la base de cálculo no incluirá el Sueldo Anual Complementario, ni conceptos de pago semestral o anual". Esto excluiría beneficios como bonos anuales, ticket canasta o vales alimentarios, pese a que fueron reconocidos en varios fallos. También disponía un mecanismo de indemnización "alternativo" inspirado en el sistema que rige en la industria de la construcción y la extensión del período de prueba de 3 a 8 meses. Todos temas indigeribles para el mundo sindical.

La reforma tributaria: el gobierno espera tener el timing justo

En cuanto a la reforma tributaria, entre los temas que se incluirán figura la creación de cuentas especiales de regularización de activos para el blanqueo de capitales. A través de esas cuentas, los contribuyentes podrán regularizar activos a través de entidades financieras o Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC), regulados por la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central. En el caso de dinero en efectivo en el exterior, este debería ser depositado en una entidad bancaria del exterior y luego podría ser transferido a las cuentas especiales para acogerse a los beneficios del régimen.

Incluirá la moratoria impositiva, para regularizar obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras. Sería para las obligaciones vencidas hasta el 30 de noviembre de 2023 y por infracciones cometidas hasta esa fecha. La adhesión al régimen estaría disponible desde la entrada en vigencia de la reglamentación hasta 150 días después.

El régimen incluirá la condonación de intereses resarcitorios y punitorios devengados hasta la fecha de adhesión, con una condonación del 50% si la adhesión se realizaba dentro de los primeros 90 días, y del 10% si se realizaba después de 91 días. Además, se condonaría el 100% de las multas aplicadas. También se condonarían las multas y sanciones correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas hasta el 30 de noviembre de 2023, siempre que la obligación principal hubiera sido cancelada y que la multa o sanción no estuviera firme ni cancelada a la fecha del régimen.

La reforma también impulsará un Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP) hasta el 31 de diciembre de 2027. Quienes adhieran estarían exentos de actuar como responsables sustitutos y gozarían de estabilidad fiscal hasta 2038 respecto del Impuesto sobre los Bienes Personales y cualquier otro tributo nacional que grave activos del contribuyente.

Para el gobierno, reformas laboral y tributaria van de la mano y forman parte de una misma estrategia orientada a llevar a la Argentina al desarrollo. "Estamos atrasado 80 años en muchas cuestiones centrales. La gente nos votó para cambiarlas. Y lo vamos a hacer", es el mensaje que Milei le baja al Gabinete. 

Habrá que ver si existe la muñeca política necesaria y la capacidad de negociación para llevarlo a cabo. Hasta ahora, el tratamiento de ley ómnibus desnudó limitaciones en ese sentido en el nuevo gobierno libertario. IPROFESIONAL