Domingo 4 - Por Matías Moreno - Al gobierno de Javier Milei le queda un camino cuesta arriba para conseguir la media sanción de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, pese a la aprobación en general del viernes. El principal obstáculo que empantana el trámite es el reclamo de los gobernadores dialoguistas para que se coparticipe la recaudación del impuesto PAIS, algo a lo que el Presidente se niega de manera rotunda.

Sin un acuerdo sobre los recursos, reviven las diferencias sobre aspectos centrales del proyecto, como el alcance de la autorización al Ejecutivo para privatizar empresas públicas, la delegación de facultades y las reformas en materia penal.

El presidente Javier Milei dio un pequeño paso el viernes cuando logró la aprobación en general de la ley ómnibus, pero ahora debe encarar la etapa de la negociación más difícil: conseguir un colchón de apoyos para no sufrir un tropiezo en el tratamiento en particular. Esa discusión se postergó para pasado mañana por las discrepancias con los bloques aliados en torno a la letra chica de artículos medulares de la iniciativa, como la autorización a las privatizaciones, las facultades delegadas, la autorización a tomar deuda o las reformas en materia penal. Sin embargo, en la recta final de la batalla política, la compleja negociación de Milei con los gobernadores más cercanos a la Casa Rosada por el impuesto PAIS y el asunto fiscal se convirtió en el principal obstáculo que complica la media sanción de la ley.

Después de tres días de vértigo, los emisarios de Milei sellaron una suerte de “pacto de caballeros” con los representantes de las bancadas dialoguistas en la Cámara baja. Ocurrió el viernes, después de tres horas de intensas tratativas. Acordaron avanzar con la aprobación en general del megaproyecto, a la espera de que el Gobierno defina una estrategia para zanjar las diferencias con las provincias sobre el reparto de recursos.

En esa pugna por cerrar un pacto sobre el tema fiscal, Milei se niega a aceptar el pedido de los gobernadores de reformular el reparto de la recaudación del impuesto PAIS, que se convirtió en una caja clave del Ejecutivo, y pone todas sus cartas en presionar a los aliados con la amenaza del escarnio ante la opinión pública. El Presidente, que viajó ayer a Mar del Plata para visitar a su pareja, Fátima Flores, coquetea con la idea de responsabilizar a “la casta” por obstaculizar las reformas que él diseñó para enfrentar la crisis económica.

La intrincada negociación entre el Gobierno y los bloques aliados en el Congreso se atora por el desgaste y las exigencias de ambas partes. El eje de la pulseada sigue siendo la distribución de los recursos en plena ejecución del plan de ajuste de Milei. Mientras que la Casa Rosada posterga la discusión sobre un nuevo pacto fiscal o la restitución del impuesto a las ganancias hasta

que los gobernadores y el Congreso sancionen la ley ómnibus, los mandatarios que están dispuestos a colaborar con el oficialismo quieren que el Gobierno les brinde garantías de que sus arcas no se verán golpeadas por la cruzada de Luis Caputo para lograr el déficit cero. Es decir, buscan morigerar el ajuste sobre sus cuentas y reclaman una compensación por la caída de sus ingresos antes de convalidar las reformas en el recinto.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, se instaló el viernes en el despacho de Martín Menem, titular de la Cámara, para intentar destrabar la discusión. Si bien no logró sellar un acuerdo con los dialoguistas que responden a los gobernadores más combativos, como el cordobés Martín Llaryora, quien encabezó el operativo para presionar a Milei con el plan de coparticipar el impuesto PAIS, ambas partes quedaron en seguir las conversaciones durante el fin de semana.

Los gobernadores y las bancadas de Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, que agrupan 32 diputados y se convirtieron, junto a la UCR, la llave para destrabar la media sanción de la ley ómnibus, le pidieron a Francos que Milei revea la chance de rediseñar el reparto de la recaudación del impuesto PAIS. Actualmente, el 70% se lo lleva la

Anses y el 30% se destina al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que cuenta con el apoyo de líderes de movimientos sociales, como Juan Grabois. Los dialoguistas le piden que las provincias controlen el 21% de esos recursos para realizar obras públicas –distribuidos de forma proporcional como la coparticipación– y el 9% quede en manos del Renabap.

En las frenéticas negociaciones, los colaboradores de confianza de Milei fueron tajantes: el Presidente no aceptará que se coparticipen esos recursos. Es que, al retirar del paquete la suba de retenciones y la nueva movilidad jubilatoria, las arcas de la Nación dependerán, sobre todo, del impuesto PAIS, que tiene un peso estratégico en la torta de recaudación fiscal. De hecho, ese gravamen tuvo una recaudación récord el mes pasado, cuando llegó a los $469.199 millones. Milei planea mantenerlo hasta que Caputo alcance el objetivo del déficit cero. Presume que la eventual coparticipación lo haría irreversible en el futuro. A su vez, emisarios del Presidente deslizaron que de esa forma beneficiarían a mandatarios que no colaboran con la Casa Rosada y son adversarios políticos, como Axel Kicillof (Buenos Aires) o Ricardo Quintela (La Rioja). “Los gobernadores reclaman por recursos para sus provincias y la Nación recursos para la Nación en este escenario de crisis”, sintetizó ayer Francos en Radio Mitre.

Los cooperativistas, en cambio, sospechan que la Casa Rosada postergará la discusión del pacto fiscal y aumentará impuestos que no son coparticipables en su cruzada por llegar al déficit cero. Visualizan que el peso mayor del ajuste podría recaer en las provincias, sobre todo, después de escuchar las advertencias que hizo Milei en público.

Ante la negativa del Presidente de discutir la idea de coparticipar el impuesto PAIS, los aliados pusieron sobre la mesa la alternativa de que el Ejecutivo avance con una reformulación del destino de Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para que se garantice el flujo de pago de aquellas cajas jubilatorias que están “armonizadas”, como ocurre con los casos de Córdoba y Santa Fe. “Pedimos que en el texto se especifique que el flujo va a ser automático para aquellas cajas que están armonizadas. Este artículo puede beneficiar a futuro a la mayoría de los gobernadores de JXC, que tienen como prioridad cerrar el rojo de la caja de jubilaciones. Y, de esta forma, no se premiaría a los del PJ”, explica uno de los aliados.

Los interlocutores de la Casa Rosada lucieron predispuestos a analizar esa propuesta, pero no hay nada cerrado. Por lo pronto, Maximiliano Fariña, la sombra de José Rolandi, vicejefe de Gabinete, tiene previsto mantener reuniones por Zoom con dialoguistas para hacer un punteo de las modificaciones en los artículos clave que aún no tienen garantizados los votos, como privatizaciones o facultades delegadas.

Los cordobeses amenazan con obturar la aprobación de las delegaciones si no hay acuerdo en torno al asunto fiscal. En la bancada de Miguel Pichetto también quieren ver si los fondos fiduciarios quedan incluidos en el texto o no. Y en el capítulo de privatizaciones, la UCR podría convertirse en la principal traba para las aspiraciones del Gobierno. Señales de que Milei encara un camino cuesta arriba para aprobar la ley en particular.

Antes de que avanzaran con la votación en general, los representantes de Pro, la UCR, HCF e Innovación Federal hicieron una suerte de acuerdo de palabra con Francos . Consensuaron postergar la aprobación en particular y mantener en el dictamen el artículo 180 del impuesto PAIS –en el que el Ejecutivo “aclara” que se prorroga hasta fines de diciembre de 2024–, para que los gobernadores tengan un “reaseguro” de que la Casa Rosada les hará una contrapropuesta antes de la sesión del martes. La jornada de mañana, estima podría ser crucial. LA NACIÓN