Por Rafael Mathus Ruiz - El Fondo Monetario Internacional (FMI) brindó ayer la hoja de ruta más clara sobre el programa económico de Javier Milei al detallar por primera vez la lista de medidas acordadas con el Gobierno en el último informe elaborado por el staff sobre la Argentina.

Como pilar, allí se garantizó el ajuste fiscal decretado por Milei. El nuevo plan contempla la eliminación gradual del cepo; un ajuste de tarifas de gas y luz, y un dólar competitivo.

WASHINGTON.– El Fondo Monetario Internacional (FMI) brindó la hoja de ruta más clara sobre el programa económico de Javier Milei al detallar por primera vez la lista de medidas y compromisos acordados con el Gobierno en el último informe elaborado por el staff sobre la Argentina. El Fondo dejó la puerta abierta a “recalibrar” todo el plan ante los elevados riesgos y la enorme incertidumbre que enfrenta la economía.

Además del fuerte ajuste fiscal decretado por Milei, pilar de la nueva estrategia, el nuevo plan contempla la eliminación gradual del cepo y las restricciones al dólar, condicionada a la mejora de la economía.

“Como la historia de los programas de estabilización muestra que a menudo es difícil implementarlos correctamente desde el principio, es casi seguro que será necesario recalibrar las políticas para adaptarlas a la evolución de los resultados”, dijo el staff del FMI en el trabajo que fue presentado el miércoles en la reunión del board en la cual se aprobó un nuevo desembolso para el país de US$4700 millones.

El staff del FMI y la directora gerente, Kristalina Georgieva, ofrecieron un repertorio de elogios al plan de “shock” de Milei, un programa anclado en un fuerte ajuste y una estricta disciplina fiscal, la última estrategia elegida por el oficialismo por bajar la inflación, contener el dólar y estabilizar la economía.

Pero el Fondo también dejó en claro que la estrategia enfrenta “riesgos elevados” por la herencia, la complejidad del escenario político y social de la Argentina, con caída de salarios y suba de la pobreza, y que es casi seguro que el programa deba ser retocado en el futuro, algo que ya ocurrió con los programas anteriores. El informe de los funcionarios del FMI señaló que “existe el riesgo de que el paquete de políticas no cumpla inicialmente sus objetivos, lo que exige una elaboración ágil de las políticas, planes de contingencia y la necesidad de ampliar más la asistencia social”.

Ante la enorme incertidumbre que enfrenta el plan, el Fondo indicó que “las autoridades mantendrán su enfoque pragmático y seguirán adaptando las políticas a las circunstancias cambiantes para garantizar que se cumplan los objetivos del programa”. Eso implica, tal como anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, un mayor ajuste si el Congreso rechaza los planes oficiales.

El informe señala que “las autoridades están preparadas para implementar planes de contingencia y tienen los medios para ajustar aún más el gasto” y mejorar los ingresos a través de mejoras en la recaudación y recortes de beneficios impositivos, sin dejar de elevar el gasto social, uno de los pilares del plan.

La disciplina fiscal es la piedra angular de todo el plan. Además del superávit del 2% del producto para este año, el Gobierno se comprometió a mantener un superávit fiscal del 2,5% para los años siguientes, y el Fondo enfatizó que “el éxito del plan de estabilización dependerá de una disciplina fiscal sostenida, que a menudo ha probado ser elusiva en previos episodios de ajuste”.

Entre los compromisos fiscales asumidos por el Gobierno está la eliminación del impuesto PAIS a fines de este año, la reducción de los subsidios a la energía –se aplicarán aumentos iniciales en las tarifas de electricidad de más de 200% a partir de febrero y en las de gas, de más de 150%–, dejar que expiren las exenciones del IVA y los préstamos subsidiados para jubilados y trabajadores, elevar las tarifas del transporte y prohibir la extensión de los contratos de empleados públicos incorporados en 2023, y la “priorización” de la obra pública. El informe adelanta además que el Gobierno intentará la reforma del impuesto a las ganancias, que fue eliminada del proyecto de ley ómnibus, en un nuevo proyecto: “La iniciativa para reformar el impuesto a las ganancias se está ultimando y se enviará como proyecto de ley separado al Congreso en un futuro próximo”.

El informe del staff deja en claro que las perspectivas del éxito del programa están ancladas en el “mandato” que recibió Milei para llevar adelante el ajuste y la convicción del Gobierno para implementar su plan. A la hora de enumerar los riesgos, el Fondo puso el foco en la relación de la Casa Rosada con el Congreso ante la debilidad parlamentaria de La Libertad Avanza, que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras del Parlamento.

“Mientras la nueva administración recibió un fuerte apoyo popular para el ajuste y las reformas, el apoyo político para reformas claves en el ámbito legislativo podría enfrentar demoras o no materializarse, debilitando los esfuerzos para la estabilización”, indica el trabajo.

El informe citado también reafirma la intención del Gobierno de eliminar el cepo y las restricciones en el mercado de cambios “a medida que las condiciones lo permitan”. El programa contempla la eliminación para junio del llamado “dólar exportador”, y del impuesto PAIS a fines de este año. El Gobierno se comprometió a levantar las restricciones que quedan y a terminar de desarmar el cepo reconociendo que no se puede hacer “inmediatamente y será desarmado gradualmente a medida que las condiciones lo permitan”.

“De hecho, el ritmo debe calibrarse y priorizarse cuidadosamente, condicionados a mejoras en los desequilibrios macroeconómicos”, señaló el reporte.

Unificar el tipo de cambio

El Gobierno ratificó también en el memorando de política económica que el dólar oficial se ajustará a una tasa mensual del 2%, y reafirmó que el objetivo es “eventualmente unificar el tipo de cambio y levantar los controles” al mercado cambiario, siempre que las condiciones lo permiten. Esa tasa de variación del tipo de cambio oficial está sujeta a los mismos riesgos que el resto del programa y, por lo tanto, también podría ser recalibrada en el futuro.

“Nuestra base de referencia sigue sujeta a elevados riesgos e incertidumbres, pero seguimos totalmente comprometidos a adaptar y fortalecer nuestras políticas según sea necesario para cumplir nuestros objetivos. Dada la magnitud de los desafíos y el enfoque inevitable de shock, el impacto de nuestro plan de estabilización en las perspectivas económicas a corto plazo está sujeto a una incertidumbre significativa”, dijo el Gobierno en el memorando.

El Gobierno también se comprometió a perfeccionar para abril el marco y las operaciones de la política monetaria del Banco Central “para garantizar que esté bien anclado en objetivos a mediano plazo claros y bien comunicados, coherentes con la estabilidad de precios”.

A futuro, y en aras de sostener la disciplina fiscal, el Gobierno se comprometió además a “desarrollar reformas” para garantizar una consolidación durable, inclusiva y amistosa con el crecimiento. Esa lista de reformas incluye mejorar la eficiencia y simplicidad del sistema tributario, incluso “reorientando el sistema desde impuestos distorsivos hacia impuestos directos e indirectos probados y más eficientes”; fortalecer la sostenibilidad y equidad del sistema de pensiones; “racionalizar las empresas públicas” mejorando su administración; aumentar la eficiencia del empleo público a través de “una revisión del empleo en la administración nacional y las entidades públicas descentralizadas”; fortalecer la focalización y la gobernanza de la red de seguridad social y modernizar el marco fiscal y mejorar la coordinación y el manejo de información dentro del gobierno. LA NACION