Por Laura Serra - Tras una ardua y trabajosa negociación, el Gobierno consiguió ayer el apoyo de la UCR, Pro y la bancada de Hacemos Coalición Federal, que lidera Miguel Pichetto, para garantizar el quorum y la aprobación en general de lo que queda del proyecto de ley ómnibus. Será en una sesión que se iniciará hoy y que podría extenderse por varios días. Se mantienen, sin embargo, importantes diferencias sobre algunos puntos que hacen que el tratamiento del articulado en particular resulte incierto. En materia de seguridad, hay discrepancias sobre el alcance de la legítima defensa. Tampoco hay un acuerdo cerrado sobre la metodología para avanzar con las privatizaciones y sobre el alcance de las facultades delegadas en lo referido a tarifas y energía.

El proyecto ya había perdido, en el camino, todo el capítulo fiscal (blanqueo, moratoria, jubilaciones y retenciones) y el de la reforma electoral.

La Cámara de Diputados celebrará hoy su primera sesión del año con el debate del proyecto de ley que lleva el pomposo título “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, iniciativa que el presidente Javier Milei considera fundacional para su gestión. El quorum está garantizado gracias al aporte de los bloques de oposición dialoguista y, salvo algún imprevisto, la aprobación en general también y con holgada mayoría. Sin embargo, el oficialismo podría sufrir un serio revés durante el debate en particular de algunos de sus artículos claves, entre ellos los referidos a las privatizaciones de empresas públicas.

Se espera una sesión tan extensa como compleja. El texto, conformado por 386 artículos sin contar sus anexos, es tan vasto en sus temáticas que los jefes de bloque, que se reunieron anoche en la Comisión de Labor Parlamentaria, estimaron que el debate insumirá al menos 35 horas –evalúan realizar un cuarto intermedio– por lo que se descuenta que en total llevará dos días.

Según se anticipa, la mayoría de los bloques opositores, salvo elk ir ch nerismo, la izquierda, el socialismo y los santacruceños que responden al gobernador Claudio Vidal, votará a favor en general. Sumarían entre 140 y 150 votos positivos. Será el corolario de tres semanas de intensas negociaciones entre el Gobierno y los cuatro bloques “dialoguistas” –Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal– que, si bien se anticiparon dispuestos a facilitar el tratamiento del proyecto, plantearon límites y modificaciones en más de un centenar de artículos.

Algunos de ellos, como la suba de retenciones y la modificación de la movilidad jubilatoria, quedaron en el camino: por falta de apoyo, el Gobierno se vio obligado a retirarlos del proyecto junto a otros capítulos –como el blanqueo de capitales y la moratoria impositiva– que constituían el corazón del proyecto.

Fue tan intempestiva la decisión de la Casa Rosada de retirar el paquete fiscal del debate que los legisladores llegarán al recinto con un dictamen desactualizado y sin las últimas modificaciones. Si bien el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, garantizó ayer en Labor Parlamentaria que antes del inicio del debate en particular se leerán todos los capítulos que quedaron fuera del dictamen, los diputados de Unión por la Patria y la izquierda realizarán planteos en el recinto por lo irregular del trámite parlamentario. No descartan solicitar su retorno a la comisión, aunque difícilmente reúnan el apoyo para ello.

Artículos conflictivos

Si bien el núcleo más conflictivo de la iniciativa –el paquete fiscal– quedó postergado para su debate más adelante, persisten otros artículos que todavía generan tensión y que prometen una discusión acalorada durante su votación en particular. Uno de ellos es el que habilita al Poder Ejecutivo a declarar sujetos de privatización a 36 empresas públicas: tanto la UCR como Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, con sus matices, quieren acortar el listado de empresas privatizadas y, además, insisten en que el proceso debe contar con algún tipo de participación activa del Congreso.

Así como el capítulo sobre las privatizaciones genera resistencia, también el artículo que deroga la ley que establece límites al Gobierno para la toma de deuda en moneda extranjera provoca rechazo. Los legisladores también plantearán reparos en los capítulos referidos a seguridad –no están de acuerdo con algunas facultades que reclama la ministra Patricia Bullrich– y ambiente. Tampoco están saldadas las diferencias en torno al destino del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (los gobernadores pretenden sal dar deudas pre visiona les con esos fondos) ni con los esquemas de corte que propone el Gobierno en el capítulo sobre biocombustibles.

Al momento de discutir los artículos más conflictivos, el miembro informante, Gabriel Bornoroni, de La Libertad Avanza, tendrá el desafío de mantener su redacción original para evitar que sean modificados por la oposición. En el caso de que no lo logre y el artículo original sea rechazado en la votación, inmediatamente se ponen a consideración las modificaciones sugeridas por el o los bloques opositores. Cualquier modificación, para prosperar, necesita la mitad más uno de los votos.

Habrá que ver qué sucede cuando se vote el artículo de las privatizaciones. Si los opositores dialoguistas no logran articular una redacción común que consiga el apoyo de la mayoría, se corre el riesgo de que Unión por la Patria imponga su criterio y eche por tierra todo el capítulo.

Por lo pronto, el oficialismo ya tiene asegurada la aprobación en general del proyecto. Tanto el bloque Pro, que comanda Cristian Ritondo, como el radicalismo, que conduce Rodrigo De Loredo, así lo anticiparon. En cambio, Hacemos Coalición Federal, que conduce Miguel Pichetto, votará dividido: algunos integrantes acompañarán el texto –entre ellos Pichetto, Emilio Monzó y al menos cuatro diputados que responden al gobernador Martín Llaryora, además de Ricardo López Murphy, Florencio

“Hemos trabajado en tiempo récord para mejorar la propuesta del Gobierno y marcar los límites necesarios –planteó De Loredo, tras la reunión del bloque–. Desde un primer momento lo hicimos de forma cooperativa, con posicionamientos sensatos y equilibrados. Exigimos una sesión razonable en su proceder. Circos romanos, no”.

De Loredo anticipó que los 34 legisladores que la integran votarán a favor del proyecto. “Daremos las herramientas para que un gobierno que recién inicia pueda llevar adelante su plan de gestión. A pesar de la desorganización con la que el Ejecutivo encaró el tratamiento, los agravios vertidos, no nos guían cuestiones personales. Defendemos ideas y el interés del país. La Argentina necesita estabilizar su economía y dar certidumbre”, enfatizó.

El bloque variopinto que conduce Pichetto, en tanto, predomina una mirada crítica sobre la actitud del Gobierno en las negociaciones. Pese a sus diferencias internas, la mayoría de sus integrantes acordaron dar quorum. “Siempre planteamos nuestro compromiso de aportar herramientas de gobernabilidad y honrando esa premisa daremos quorum para que en la sesión de mañana en la Cámara de Diputados se pueda discutir la denominada “Ley de bases” enviada por el Poder Ejecutivo –señalaron los diputados que integran la bancada en un comunicado–. A instancias de que algunos integrantes del bloque presentaron dictámenes propios, a la hora de discutir los artículos en particular plantearemos en muchos de ellos nuestras propias visiones, disidencias o modificaciones a los mismos”.ß LA NACION