Por Delfina Celichini - Luego de retirar el eje fiscal y económico del proyecto de ley ómnibus, el Gobierno decidió hacer una nueva concesión ante los bloques de la oposición dialoguista para que mañana acompañen la iniciativa en la Cámara de Diputados: dejarán por escrito en el texto de la norma que las facultades delegadas por el Congreso al presidente Javier Milei no alcanzarán la materia fiscal y tributaria, además de quedar limitadas a un año, como se había negociado en las últimas dos semanas.

En las bancadas de Pro, la UCR y Hacemos Coalición Federal ven con buenos ojos la limitación y entienden que el proyecto será aprobado en general, pero aún aguardan que la Casa Rosada les acerque el documento con las modificaciones que negociaron la semana pasada y que esperaban para anteayer. Un sector díscolo de la UCR pretende abstenerse, para facilitar la herramienta al Gobierno y no votar en contra, con el kirchnerismo.

Javier Milei ingresa en una semana clave para su plan de gobierno, cimentado en la conquista del déficit cero. Tras diezmar el proyecto de ley ómnibus quitando las reformas económicas y fiscales, buscará que mañana sea aprobado en la Cámara de Diputados. Una señal de fortaleza que, tras los últimos traspiés, demandan los mercados y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para ello, el Gobierno hará en las próximas horas otra concesión puntual a los legisladores de la oposición “dialoguista” que aún ponen reparos: limitarán la delegación de facultades en materia fiscal y previsional.

Con conversaciones que perduraron durante todo el fin de semana, la UCR, Pro y Hacemos Coalición Federal esperan por estas horas una respuesta formal a los pedidos de modificaciones planteadas después de una semana de intensos vaivenes para lograr un dictamen de mayoría. Si bien se descuenta que la iniciativa sea aprobada en general por el aval de este mosaico de legisladores, el foco estará puesto en cómo se llegará a la votación en particular de cada uno de los puntos de la iniciativa.

El kirchnerismo y la izquierda, por su parte, se encaminan a un rechazo total, y consideraron la quita del capítulo fiscal de la ley ómnibus como una “trampa”.

En la reunión de Labor Parlamentaria, que el oficialismo intentará convocar para hoy o a más tardar el martes, y por orden de la Casa Rosada, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) propondrá incluir un párrafo para dejar expresamente definido que las facultades delegadas al Presidente no incluirán las materias previsional y fiscal. Milei retendría los poderes especiales en las áreas económica, financiera, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa por un año, prorrogable por el Congreso por un año más.

“Se quejaban de estos dos temas, decían que tenían dudas, ahora se los vamos a dejar por escrito. Veremos si apoyan la ley”, comentaron a este diario altas fuentes del oficialismo, que en la Cámara baja tiene a su titular, Martín Menem, como intermediario entre los tomadores de decisiones del Poder Ejecutivo y los bloques aliados. A pesar de que todos reconocen la capacidad de diálogo de Menem, muestran fastidio ante la falta de interlocutores que definan situaciones. “Nos mandan funcionarios de segundas líneas que no tienen la última palabra y eso demora todo el proceso”, repiten quienes dedicaron las últimas semanas a puntear uno por uno los asuntos objetados.

Por ese modus operandi, las bancadas dialoguistas esperaban que la contrapropuesta con modificaciones que el Gobierno se había comprometido a otorgar antes del sábado llegara al menos ayer. Con una reunión de bloque prevista para esta tarde, la UCR aguardaba esta respuesta para definir cómo posicionarse. A pesar de su objetivo de mostrarse cohesionados, un sector referenciado en Facundo Manes y al que podrían sumarse media docena de diputados que responden al eje Martín Lousteau-Emiliano Yacobitti seguía con la idea de no acompañar el proyecto en general.

“Lo más probable es que se abstengan para no votar idéntico al kirchnerismo”, analizó un conocedor de las internas correligionarias.

La cumbre radical apuntaría a amalgamar la votación en particular, en la que, según trascendió, todos coinciden en no conceder al Presidente el capítulo de privatizaciones ni la transferencia de los activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) al Tesoro. También rechaza la definición de lo que se considera una manifestación y los cambios en materia de legítima defensa. Temen que los libertarios, en consonancia con la oposición intransigente, apuren el tratamiento y solo habiliten la aprobación –o rechazo– de la iniciativa en general. “Los moderados quedarían en una encerrona”, sintetizaron.

En Pro, por su parte, ya manifestaron su intención de apoyar el proyecto en general, aunque enviaron algunas “mejoras” en temas “de forma y de técnica legislativa”. “Ya hicimos nuestras propuestas al oficialismo y tenemos expectativas de que serán recibidas, así que estaremos cuando convoque a la sesión”, señaló una espada parlamentaria del espacio.

Por último, en la heterogénea bancada que preside Miguel Pichetto –en sintonía con Innovación Federal, referenciado en los oficialismos de Misiones, Río Negro, Neuquén y Salta– la cautela impera. Tras emitir un comunicado el jueves en el remarcaron que tienen “el compromiso de otorgar gobernabilidad y darle al Gobierno las herramientas que necesita”, esperan que el oficialismo dé sus próximos pasos.

A pesar de la voluntad de diálogo que manifestaron, el hastío de sus principales referentes con el Gobierno quedó expuesto tras el maratónico tratamiento en comisiones. Por eso, en el comunicado destacaron que pretenden que el debate en el recinto sea “de cara a la gente (...) para que no se terminen votando de madrugada y a escondidas de la sociedad cuestiones centrales para el futuro de la Argentina”. Se espera que los diferentes espacios que componen esta bancada tengan libertad de acción para objetar los puntos que consideran “impasables”.

Estos tres bloques están ligados a los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, sumados a los cuatro de Innovación Federal y al cordobés, Martín Llaryora. Con reuniones a lo largo de todo el fin de semana, los mandatarios provinciales coinciden en que están los números para la ley y valoraron que se quitara el capítulo fiscal. Sin embargo, están alertas a las próximas jugadas del Gobierno, que ya advirtió que recortará partidas a los gobiernos subnacionales.

“Vamos a ir a un nuevo pacto fiscal”, confió uno de los gobernadores. El foco está puesto en compensar el ajuste y consensuar un alivio a las cajas provinciales, muchas de ellas dependientes de las transferencias federales. Por eso, los mandatarios y un sector de los legisladores se reunieron este sábado por Zoom para evaluar el escenario general.

En el Gobierno reiteraron que los gobernadores que se oponen a la ley “se siguen negando a pagar el costo político” de la eventual suba del piso para el pago de Ganancias, que compensaría las finanzas provinciales.ß ,Con la colaboración de Jaime Rosemberg