Daer lanzó este mensaje intimidatorio en la antesala del paro nacional que realizará el miércoles la CGT y que incluirá una movilización al Congreso.

Esta semana, en el marco de la discusión por el proyecto de ley ómnibus enviado por el gobierno de Javier Milei al Congreso nacional, Matías Olivero Vila, presidente de la ONG Lógica, hizo una defensa de los cambios propuestos con relación al Régimen de Transparencia Fiscal, en donde se obliga a discriminar en el ticket de venta el IVA, y solicitó se amplié la difusión de otros impuestos directos o indirectos que componen los precios de los productos finales que los consumidores adquieren. En su exposición, Olivero Vila, mencionó una encuesta que realizamos en Poliarquía Consultores, donde el 94% de la población está de acuerdo con que se informen los impuestos incluidos en los bienes que consume. En esa misma investigación, solo un 16% de los entrevistados a nivel nacional nos manifestaron que siempre les otorgan factura cuando realizan una compra (“casi siempre”, 40%; “pocas” o “nunca”, 44%) y solamente uno de cada tres la exige cuando no le es entregada.

Los cambios propuestos apuntan en la dirección correcta. Con el correr de las décadas, la dirigencia política argentina ha creado un esquema tributario en donde la mayoría de la gente no sabe qué impuestos paga. Los impuestos en nuestro país se encuentran escondidos para la mayoría de la sociedad y se recaudan disimuladamente. Solo una minoría de la sociedad –que carga sobre sus espaldas una de las mayores presiones tributarias a nivel global– es consciente del volumen y la magnitud de lo que tributa. Se pone el peso de los impuestos sobre las empresas, los comerciantes, los productores y los exportadores e importadores, pero no sobre el ciudadano común. O al menos no de forma directa. Se esconden impuestos en el consumo (como el IVA y otros tributos internos) y en los salarios en blanco (con aportes y contribuciones). Y cuando todo esto no alcanza se recurre al más dañino de los impuestos camuflados: el inflacionario.

Solo una fracción muy acotada de los más de 30 millones de ciudadanos que están en condiciones de votar tributa impuestos como Ganancias, autónomos, monotributo o Bienes Personales. Por más que se agreguen otros tributos a este listado, pareciera que el número de personas que tienen una experiencia directa con el fisco es extremadamente inferior al de votantes. Esta observación se corrobora con una encuesta que realizamos en 2020 donde le preguntamos a una muestra nacional representativa de los argentinos qué impuesto tenía mayor impacto sobre sus ingresos o patrimonio. Se trató de una pregunta en que la respuesta era abierta y espontánea, es decir, no le dábamos un listado preestablecido del cual poder seleccionar las opciones de respuesta. El 25% respondió “la luz”. Cuando sumamos otras respuestas, como “el gas” o “el agua”, obtenemos que uno de cada tres argentinos sostiene que el impuesto que más lo afecta es, en realidad, el pago de un servicio público. Dicho de otra forma, un tercio de los argentinos no paga ningún impuesto que sea mayor que su cuenta de luz o gas o, en realidad, no sabe que lo hace.

La distorsión es más llamativa aún cuando se la analiza por segmento socioeconómico. Entre los argentinos de clase baja (alrededor del 50% de la población), la mención al pago de la energía eléctrica alcanzaba al 45% y la suma de los servicios públicos, al 52%. En los sectores de clase media era del 27%, y disminuía al 13% entre las clases media-alta y alta. Es cierto que la confusión de asimilar el pago de un servicio público como la electricidad a un impuesto puede deberse a la carga impositiva que aquel acarrea, lo que constituye un nuevo ejemplo de lo mencionado anteriormente: se esconden en las boletas de luz, gas y agua una serie de impuestos nacionales, provinciales y municipales cuyo cobro implicaría un costo político que la dirigencia no quiere afrontar.

El problema del esquema tributario argentino no es solo que el país termina teniendo impuestos de mala calidad, distorsivos y regresivos que no generan incentivos para la inversión y la creación de empleo, sino que altera la noción básica sobre cómo deberían funcionar el Estado y el sistema político. Bajo este sistema, el oficio del político es entregar, ofrecer y repartir servicios, bienes y subsidios, deslindándose de la antipática tarea de cobrar y recaudar. Este fenómeno lleva a que en la población argentina el concepto de restricción presupuestaria sea una rareza. La experiencia básica del ciudadano que paga sus impuestos siendo consciente del monto con el que contribuye al fisco para que el Estado financie sus gastos está ausente en la vida del argentino común. Para amplios sectores de la sociedad, el Estado sigue siendo un baúl infinito de recursos al cual se le puede exigir todo tipo de expendio sin entender su escasez ni origen.

La llegada de Javier Milei a la presidencia es disruptiva en muchos aspectos. La sentencia “No hay plata” que repite el Presidente contribuye a empezar a cambiar algunas de las viejas y arraigadas creencias que existen sobre cómo se financia el Estado, pero es necesario profundizar ese cambio y modificar la cultura tributaria de los argentinos. En lo económico, para generar los incentivos correctos que permitan retomar un sendero de crecimiento e inversión. En lo institucional, es preciso que los ciudadanos no solo paguen impuestos, sino que sepan que lo hacen y en qué cuantía. De esta forma, los argentinos empezarán a comprender que los recursos son escasos y que por ello es fundamental priorizar unas demandas sobre otras; exigirán a su vez mayores controles y rendición de cuentas, y la tolerancia con la corrupción disminuirá fuertemente. Cambiar la cultura tributaria para que cambie la cultura política. Saber cuánto pagamos de IVA en cada compra que realizamos es un primer paso, pero muchos más son necesarios.ß LA NACION