La idea va en aumento día a día, y alinea fundamentalmente al Gobierno nacional con el de la Ciudad de Buenos Aires. Las principales autoridades están dispuestas a volver a facilitar la expulsión de extranjeros que, sin tener residencia legal en el país, cometen delitos, tal como ocurrió entre 2017 y 2021.

Hoy, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, insistió con esa idea y anticipó que el Gobierno impulsará una ley que modifique la situación actual. Además, desafió a quienes discuten esa posiblidad bajo argumentos relacionados con los derechos humanos.

La ministra habló en radio El Observador sobre la tráfica toma de terrenos en La Matanza, donde cinco personas murieron en medio de una balacera que se desató tras una discusión. Sobre eso, aseguró que quedó “azorada” al escuchar al gobernador Axel Kicillof admitir que había una orden de desalojo desde hace tiempo sobre esos terrenos.

“Si a mí me dan la orden de desalojo, mañana te lo desalojo. Ni bien en cualquier terreno entra la primera usurpación, afuera”, dijo Bullrich. Y, enseguida, adelantó: “Ahora vamos a cambiar las leyes, después que se voten estas, para que extranjeros que delinquen en Argentina y son irregulares, se vayan del país. Por supuesto que hay extranjeros que delinquen y generan un daño muy fuerte, tienen que cumplir una pena. Porque si no, irse del país sería como una salvación”.

Además, rechazó las críticas que puedan surgir con esa decisión, y desafió: “El otro día hubo cinco muertos, ¿de qué derechos humanos estamos hablando? Que vengan en fila uno atrás de otro a decirnos lo que tenemos que hacer para salvarle la vida a los argentinos”.

Bullrich ya había pedido esta semana que la Justicia expulse a los extranjeros que delinquen y que no tienen residencia legal en el país, reclamo que antes habían echo desde la Ciudad de Buenos Aires el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y el ministro de Seguridad, Waldo Wolff.

Al menos son cinco las personas asesinadas en este violento incidente que involucró a miembros de la comunidad migrante boliviana, paraguaya y peruana.

En enero de 2017, Mauricio Macri y su gabinete firmaron el Decreto 70 que modificó la Ley de Migraciones. Amparándose en la definición de que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”, se creó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para negar el ingreso y expulsar a delincuentes extranjeros con mayor agilidad.

El argumento en ese entonces radicó en “la duración de los procesos administrativos y judiciales” y en el incremento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario que en 2016 alcanzó al 21,3% de la población carcelaria total, pero que al analizar la cantidad de personas detenidas por narcotráfico, la cifra de inmigrantes subía al 33% en aquel año.

Ese decreto fue derogado por el Gobierno de Alberto Fernández en 2021 argumentando que el DNU de Macri había modificado “aspectos sustanciales” de la Ley de Migraciones “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”.

El paro de la CGT de la próxima semana

Bullrich también fue consultada sobre el paro nacional de 12 horas que la CGT realizará el próximo miércoles contra el Gobierno nacional. En ese sentido, ratificó la aplicación del protocolo y contó que la línea 134, habilitada para denunciar anónimante posibles presiones para participar de la convocatoria, ayer colapsó.

“La línea 134 está funcionando, ayer se nos colapsó de la cantidad de llamadas que tuvimos. Hoy vamos a tener más capacidad. También tenemos un mail, denuncias@minseg.gob.ar. Ahí la gente puede mandar un mail. Estamos recabando muchísima información de gente que dice ‘el paro se hace a las 12 del mediodía porque me obligan a ir a la fábrica y ahí me obligan a subir a un micro y me marcan porque después nos van a querer echar’. Tenemos un montón de denuncias, ya las vamos a dar a conocer en estos días”, contó Bulrrich.

Asimismo, dijo que aplicar el protocolo “es una decisión para que el país viva en orden, de que la calle no sea un desastre”, y dejó un fuerte mensaje a la dirigencia sindical: “Con todos los que andan gritando por todos lados que quieren bajar al Gobierno, que quieren que termine, que el objetivo es terminar con el Gobierno, bueno, acá se van a encontrar con un Gobierno que no va a ceder tan fácil. Estamos decididos a cambiar el país”. INFOBAE