Domingo 14 - Por Hugo Alconada Mon  - LA PLATA – La Fiscalía que investiga la conformación de una asociación ilícita que desvió cientos de millones de pesos de las arcas públicas bonaerenses a través del uso intensivo de “ñoquis” y prestanombres en la Legislatura bonaerense identificó a

    otros 39 empleados que habrían participado en la maniobra delictiva, pero desde el Senado

    provincial. Y los primeros datos sobre esos sospechosos resultan inquietantes, según reconstruyó  

    La Nación.

Al menos cinco de esos 39 empleados del Senado bajo sospecha trabajan o trabajaron en la municipalidad de La Plata, otro en la Cámara de Diputados provincial y otra más en la Dirección General de Escuelas. Varios figuran como empleados de comercio o gastronómicos; otro, en una empresa de caudales y otro más en los clubes River Plate y Estudiantes. Y tres aparecen en el Programa Hogar que subsidia las garrafas de gas, otros tres como beneficiarios de planes sociales y al menos una como jubilada.

El listado muestra, además, vínculos entre varios de esos 39 empleados públicos, que tienen entre 18 y 69 años y se inscribieron ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como monotributistas, peluqueros y vendedores de cosas muebles, entre otras opciones. Y aparecen, además, seis posibles grupos familiares, según constató la nacion, radicados en esta capital, Ensenada, Melchor Romero, San Carlos y Tolosa.

Esos 39 empleados del Senado bonaerense quedaron en la mira de la fiscalía tras un análisis de las cámaras de seguridad del Banco Provincia, donde los investigadores detectaron que Julio “Chocolate” Rigau, quien permanece detenido, coincidió y se saludó, entre las 5 y 6 de la mañana de tres días de agosto y septiembre de 2023, con un hombre y una mujer que también extrajeron dinero de los cajeros automáticos con múltiples tarjetas de débito.

La fiscal Betina Lacki requirió entonces al Banco Provincia que le informara qué tarjetas de débito registraron movimiento a esas horas, de esos días, en esos cajeros, de esas sucursales. Y la respuesta fue que correspondían a 39 empleados del Senado bonaerense.

Con los nombres de los titulares de esas tarjetas en sus manos, la fiscal Lacki avanzó otros dos pasos. Le requirió al Senado que le informe si esas 39 personas figuran en sus registros como empleados de planta permanente o temporaria, y le solicitó al Bapro que le precise qué domicilios consignaron los titulares de esas tarjetas en los formularios habituales. La Fiscalía busca así avanzar otro paso en la investigación criminal que comenzó el 8 de septiembre pasado, cuando Chocolate Rigau fue detenido mientras extraía dinero de 48 tarjetas de débito que estaban a nombre de supuestos empleados de la Cámara de Diputados provincial, considerados presuntos partícipes necesarios de una estafa al Estado bonaerense por al menos $800 millones.

Para la Justicia, ese supuesto entramado criminal también alcanza al subdirector de Personal de la Cámara, Claudio Albini, y su hijo, Facundo, concejal platense, pero los máximos responsables todavía permanecen en las sombras, según afirmó el juez de Garantías, Guillermo Federico Atencio, al igual que las identidades del hombre y la mujer que extrajeron fondos de las 39 tarjetas del Senado provincial. Con los avances de la pesquisa queda probado, en ese sentido, que el entramado criminal no se acota a la Cámara de Diputados bonaerense, que preside Alejandro Dichiara, sino que alcanza al Senado provincial, que lidera la vicegobernadora Verónica Magario, con la participación de los principales espacios: Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza.

El listado de 39 empleados del Senado incluye a Emanuel Almeida (31 años), Sofía Alnival (18 años), José Contreras (60), Alejandro Detlefsen (45, que trabaja o trabajó para los clubes River y Estudiantes), Vanesa de la Canal (32), Lisandro Funes(37), Miguel Ángel Giménez (63), Lilian Giannini (65) y Pedro Jacolowich (59, quien trabaja o trabajó para la municipalidad).

También incluye a cuatro personas de apellido Benzo –Juan Héctor (64 años, que es o fue empleado de la municipalidad), Adriana (39), Maximiliano (35, también en la municipalidad) y Yamila (32)–, junto a Nadia Muguerza (33, que trabaja o trabajó en la Dirección de Escuelas y es familiar política de los Benzo) y Laura Muguerza (44), que a su vez trabaja o trabajó para otra mujer del listado, Ileana Salamanco (46). A estos nombres se suman Romina Licursi (35), Rubén Matías (63), Brisa (20) y Silvia Novilla (56, que trabaja o trabajó para la municipalidad), Marta Pereyra (61) y Yolanda Pérez (69, jubilada), Gabriel Pinceti (63) y Alicia Reyes (43, que figura en los registros comerciales como accionista en dos sociedades de responsabilidad limitada y trabaja o trabajó para el Senado y la Cámara de Diputados bonaerense).

Otro grupo familiar en el listado de los 39 sospechosos, en tanto, incluye a cuatro personas de apellido Saraqui: Karina (50), María de los Ángeles (39), Kevin (26, empleado actual o en el pasado de la municipalidad de La Plata) y Carla (36, que figura como beneficiaria de una Asignación Universal por Hijo, AUH). Entre los 39 empleados bajo sospecha también aparecen tres beneficiarios del Programa Hogar, que subsidia la garrafa social: Jacqueline Herrera (44), Isabel Piaccentini (33) y Víctor Uribe (32), quien además consta en los registros como receptor de una asignación familiar.

El listado abarca, por último, a Pamela Soto (28), Nahuel Varela, y dos grupos familiares: los Toloza –Mercedes, 50; Sergio, 47; y Paola, 44–, y los Villegas (Patricia, 57, registrada como personal de maestranza; Alejandro, 50, empleado actual o en el pasado de una empresa de caudales y beneficiario de una Asignación Universal por hijo; y Jonathan, 23).

La fiscal Lacki espera ahora las respuestas del Senado y del Banco Provincia para definir si cita a declaración indagatoria a los 39 titulares de tarjetas de débito como lo dispuso meses atrás con los 48 “ñoquis” y prestanombres de la Cámara de Diputados, varios de los cuales terminaron detenidos hasta que el juez Atencio los excarceló, aunque continúan procesados como partícipes necesarios de la operatoria criminal. La Nación