El campo y la agroindustria buscan, por todos los medios posibles, poder frenar o ponerle un límite a la suba de retenciones que propuso el Gobierno y que será tratado por el Congreso nacional en estos días en el marco de la discusión de la denominada Ley Ómnibus. Si bien en las últimas horas se conocieron posicionamientos de algunos legisladores nacionales y funcionarios provinciales reticentes a elevar los derechos de exportación, desde el sector se busca ampliar los contactos con diputados y senadores, y hasta pidieron audiencias con el Presidente Javier Milei y el ministerio de Economía, Luis Caputo.

La reunión que mantuvo el ministro del Interior, Guillermo Francos, con funcionarios de cinco provincias del centro del país volvió a instalar el tema de las retenciones en la discusión - a pesar de que no fue el punto principal a tratar - al mostrarle su desacuerdo con la suba de las alícuotas y la necesidad de que haya un esquema de eliminación progresiva de las mismas. Si bien tras el encuentro se dejó trascender la posibilidad de que haya algunas modificaciones en este capítulo, no quedó claro cuáles serán las mismas, más allá de que podrían incluirse algunas producciones más al listado de las economías regionales exentas del pago de derechos de exportación.

Justamente, es en la cuestión de los plazos de disminución en lo que el campo hace foco. En diálogo con Infobae, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Javier Rotondo sostuvo que “hay que hablar de plazos y de programas de reducción. Si bien el gobierno tiene en su mensaje político una idea de ir a una disminución y coincide con la Mesa de Enlace en su naturaleza de impuesto regresivo e inequitativo, la coyuntura los obligó a tomar decisiones en el sentido opuesto. Nosotros vamos a trabajar para que el gobierno nos dé plazos y certezas de un plan de disminución real”.

Por eso, Rotondo remarcó la necesidad de que desde el campo haya una “estrategia conjunta” cristalizada en la Mesa de Enlace y recordó que “los primeros idas y vueltas (con el Gobierno) que tuvimos en un principio con economías regionales habla de la posibilidad de ir incrementando la acción gremial sobre los diferentes ítems que están en la ley”.

Según el dirigente rural, las entidades tienen “un canal de diálogo muy fluido” con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella, con el cual “solo hemos tenido reuniones por economías regionales y tenemos que ver cómo seguir abriendo el panorama con el secretario de Coordinación del Ministerio de Economía, Juan Manuel Pazos”.

En cuanto a los próximos pasos a seguir, Rotondo detalló que desde CRA “tenemos programados que cada una de las 16 confederaciones que componen la entidad tengan reuniones con diputado y senadores que representan a cada una de las provincias”, al mismo tiempo sostuvo que “hay una idea de juntar a la mesa de enlace con el presidente, cuestión que es sumamente importante. Hay contactos pero no hay certezas”.

Audiencia

Los que sí ya le realizaron un pedido de audiencia al Presidente Javier Milei y a su ministro de Economía, Luis Caputo, para discutir el plan oficial de subas de retenciones y plantearle un programa de incremento de exportaciones fue el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).

En una misiva que lleva la firma del portavoz del CAA y presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), José Martins, alertó al Presidente “sobre el impacto negativo que esta propuesta (la de suba de retenciones) ocasionará en el empleo, producción, exportación, como así también, en la generación de divisas y recaudación fiscal, producto de la caída de la actividad en los sectores afectados”.

“Estamos totalmente consustanciados con la firme voluntad del Gobierno nacional para enfrentar el particular momento crítico que atraviesa nuestra economía y tenemos la convicción de acompañar todos los esfuerzos necesarios para reencauzar esta situación”, aunque plantearon que esta propuesta enviada al Congreso Nacional tendrá un “resultado final totalmente contrario al fin perseguido de contribuir a mejorar nuestra macroeconomía”.

Es por eso que desde el CAA se le pidió una audiencia a Milei y Caputo a fin de presentarle su plan de incremento de exportaciones e intentar que el Gobierno desista de subir retenciones. “Le solicitamos formalmente que nos conceda una audiencia con la urgencia que el caso plantea, a fin de presentarle en detalle nuestro Plan y los argumentos técnicos por los cuales sostenemos que esta medida de suba de impuestos tendrá efectos contrarios a los buscados, tanto para el sector productivos, como para las arcas fiscales”, finaliza el escrito.

Cabe recordar el “Plan de Desarrollo Agroexportador Federal, Inclusivo, Sustentable, Productivo e Innovador” diseñado por el CAA, tiene entre sus objetivos alcanzar exportaciones por USD 100.000 millones, generar 880.000 puestos de trabajo y USD 17.000 millones de inversiones incrementales y, en el caso puntual de los derechos de exportación, plantea una reducción gradual de los mismos hasta su eliminación en un plazo de 10 años.

Por su parte, la Fundación Barbechando, que hace un seguimiento de los temas legislativos que atañen al campo, asesora y plantea nuevas propuestas en el ámbito del Congreso Nacional, se mostró en contra de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo solicitadas por el Gobierno, al mismo tiempo que criticó la suba de retenciones y pidió un plan económico.

“Desde la Fundación Barbechando vamos a trabajar junto a los legisladores para resaltar el rol del Congreso Nacional en la República. Entendemos que la delegación de facultades en materia tributaria no es la decisión más acertada en este momento del país y genera un daño a las provincias y sus habitantes”, indicó la entidad en un comunicado.

Asimismo, plantearon que “los derechos de exportación (DEX) son un impuesto que impacta negativamente en la producción agrobioindustrial nacional y en particular a las economías regionales, dejando a muchas de ellas fuera de juego con un gravamen de 15%”, al mismo tiempo que solicitaron “que se visibilice un Plan Económico claro en donde se reflejen los ajustes fiscales, los esfuerzos tributarios temporales y los plazos estipulados para cada período. Si en el proyecto de ley se incluyó un cronograma de baja para el impuesto a los Bienes Personales, por qué no plantear un esquema similar para los Derechos de Exportación”. INFOBAE