Por Laura Serra - El Gobierno presentó ayer ante el Congreso un ambicioso proyecto de ley ómnibus que modifica 664 artículos, deroga leyes y contiene amplias delegaciones legislativas de emergencia al Poder Ejecutivo en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social por dos años.

En el primer artículo de la “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” establece que su objeto es “promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”.

El proyecto abre la puerta para la privatización de 41 empresas públicas, además de un blanqueo laboral y de capitales. También apunta a una reformulación del sistema político argentino: deroga las PASO y propone un sistema de circunscripción uninominal que modifica la forma de elección de los diputados. Además, propone nuevos controles a las manifestaciones callejeras y agrava las penas por los cortes de calles, que contemplan que los piqueteros puedan tener un castigo de prisión efectiva. Y en materia judicial dispone el traspaso de los juzgados nacionales a la Ciudad.

BLANQUEO

Habilita la declaración de hasta 100.000 dólares en efectivo sin pagar impuestos.

JUBILACIONES

Suspende la fórmula de movilidad previsional y autoriza al Ejecutivo a establecer aumentos por decreto.

PRIVATIZACIONES

Otorga facultades al Ejecutivo para privatizar 41 empresas y organismos, entre ellos, YPF, Aerolíneas Argentinas, AySA, el Banco Nación, Télam, la TV Pública y Radio Nacional.

IMPUESTOS

Habilita la suba y baja de retenciones por decreto; propone una moratoria por deudas con la AFIP y rebajas progresivas en Bienes Personales.

SEGURIDAD

Agrava penas por resistencia a la autoridad y amplía la figura de la legítima defensa.

PROTESTAS

Obliga a pedir autorización para movilizaciones callejeras y prevé penas de prisión efectiva por cortes de rutas o de calles.

SISTEMA ELECTORAL

Elimina las PASO y crea un nuevo sistema de elección de diputados nacionales por “circunscripción uninominal”; se suma al reemplazo de la lista sábana por la boleta única de papel.

EDUCACIÓN

Propone un examen final obligatorio para todos los estudiantes secundarios, y habilita a las universidades a cobrar un arancel a extranjeros no residentes.

SALUD

Modifica la ley de salud mental y permite en más casos la internación involuntaria.

EMPLEO

Prevé estímulos para el blanqueo de trabajadores no registrados.

DIVORCIO

Habilita un sistema exprés para disolver el vínculo matrimonial sin la intervención de jueces ni abogados.

En nombre del Poder Ejecutivo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, entregó ayer al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, un ambicioso proyecto de ley “ómnibus” que, en sus 664 artículos, contiene amplias delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social por dos años, con la posibilidad de prorrogar este plazo por otros dos años más, es decir, hasta la finalización del mandato de Javier Milei.

No solo eso: en sus disposiciones finales, el Poder Ejecutivo requiere que, además, el Congreso le apruebe el megadecreto de necesidad y urgencia 70/23 –con sus 366 artículos– que dictó la semana pasada el presidente Javier Milei para desregular la economía. Pese a las críticas que cosechó esta medida en los bloques opositores, el presidente Milei redobló la apuesta y ahora pretende, con este proyecto de ley ómnibus, que los legisladores le deleguen facultades en casi todas las áreas de la administración pública, lo que, a juicio de la oposición, implicaría una claudicación de las potestades parlamentarias.

Por si fuera poco, Milei reclama celeridad. Al convocar a sesiones extraordinarias del Congreso fijó que este período se extienda solo hasta el 31 de enero. “La emergencia en la que se encuentra el país no permite que perdamos tiempo. La semana próxima, una vez constituidas las comisiones, empezaremos el debate”, anticipó Menem.

En el primer artículo de la ley “ómnibus” enviada al Congreso –denominada “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”– establece que su objeto es “promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”.

El proyecto está dividido en varios capítulos y modifica medio centenar de leyes. Es tan exhaustivo y ambicioso que incluso propone una reformulación copernicana del sistema político argentino. Además de la derogación de la ley de primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), propone el sistema de circunscripciones uninominales para la elección de los diputados nacionales en reemplazo del actual sistema plurinominal. Esto significa que en cada elección legislativa se pone en juego una sola banca por circunscripción, lo que favorece a la fuerza política que más votos consigue y restringe el acceso a segundas y terceras fuerzas, que se quedarían sin representación.

En esta lógica, el proyecto del Poder Ejecutivo dispone una reestructuración de la Cámara de Diputados: con esta ley, de ser aprobada, el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 180.000 habitantes o fracción no menor de 90.000. Con este nuevo paradigma electoral, Milei buscaría acelerar los tiempos para alcanzar en dos años la mayoría en la Cámara baja, siempre que replique en las próximas elecciones legislativas el triunfo obtenido este año. Con el actual sistema plurinominal ese objetivo sería de muy largo aliento.

Otro punto polémico –que genera resistencia en la mayoría de los bloques legislativos– es la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria aprobada durante 2020. Si bien el Poder Ejecutivo “podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, el proyecto no indica cuál sería la periodicidad.

Además, el Gobierno pretende que se lo faculte a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones “teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica”. La iniciativa no establece plazos.

Hay más en materia previsional. El Gobierno pretende, además, que se giren al Tesoro Nacional los recursos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, actualmente en resguardo de la Anses. Según este organismo oficial, en noviembre pasado este fondo alcanzó el mayor valor en su historia con 76.000 millones de dólares.

Por otra parte, el proyecto incluye un amplio régimen de regularización de activos, el cual estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2024. Permitirá regularizar hasta US$100.000 en efectivo, inmuebles o criptomonedas sin pagar impuestos. Superado ese monto se impondrá una escala de alícuotas que va desde el 5% hasta el 15% sobre el

excedente según en qué momento se adhiera el contribuyente a la regulación.

En paralelo, el Gobierno propone una generosa moratoria para deudas contraídas por particulares y empresas por obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social. En todos los casos se habla de obligaciones vencidas hasta el 30 de noviembre de 2023 y establece un periodo de adhesión voluntaria de hasta 150 días corridos desde la sanción de la norma.

La iniciativa, además, avanza en otra de las consignas de campaña de Milei: la privatización de empresas y sociedades del Estado o con mayoría estatal. Entre ellas figuran: YPF, Administración General de Puertos SE; Aerolíneas Argentinas; Arsat; AySA; Banco Nación Argentina; Banco de Inversión y Comercio Exterior SA; Casa de Moneda; Contenidos Públicos, entre otras.

El capítulo sobre deuda pública promete generar una fuerte polémica. En efecto, el proyecto deroga el artículo primero de la ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, por el cual el Poder Ejecutivo estaba obligado a solicitar autorización al Congreso para emitir bonos en dólares por encima de lo establecido en el presupuesto. Otro punto que generará polémica es que la iniciativa permite renegociar o rescindir contratos de la administración cuando por razones de emergencia económica y atendiendo la disponibilidad de fondos públicos.

En materia tributaria se contempla un programa de regularización y modificaciones en Bienes Personales e impuestos internos. Asimismo, se dispone una suba en las retenciones agropecuarias: los productos que hoy no tienen derechos de exportación pasarán a tributar un 15%. En el caso de la soja, el grano sigue con el 33%, pero el Gobierno subirá la alícuota del 31 al 33% para la harina y el aceite. Asimismo, se le confiere al Poder Ejecutivo la facultad de reducir o incrementar las alícuotas de los derechos de exportación hasta el 9 de diciembre de 2027, es decir, hasta la finalización del mandato de Milei.

En materia de seguridad, se establece un régimen para la organización de manifestaciones callejeras: incorpora en el Código Penal nuevos controles y agrava las penas por los cortes. A tal punto que se eleva de dos a tres años de cárcel al que “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento” del transporte. Además, sanciona especialmente a los organizadores de los cortes y los hace solidarios por los daños que pudieran producirse sobre las cosas, incluso a aquellos organizadores que no estuvieran presentes en la manifestación.

Además, el proyecto propone convalidar el protocolo de seguridad elaborado por la ministra Patricia Bullrich; en este sentido se dispone que la realización de las manifestaciones deberán ser notificadas a la cartera de Seguridad “con una antelación no menor de 48 horas”.ß