Por Laura Serra y Gustavo Ybarra - El megadecreto anunciado anteayer por el presidente Javier Milei empieza a chocar con fuertes resistencias en el Congreso, donde podría ser rechazado, pero cosecha también un enfático respaldo de sectores empresarios que destacan el rumbo acertado de un ambicioso paquete que apunta a una fuerte desregulación de la actividad económica. En ese sentido se pronunciaron ayer las principales compañías del país, agrupadas en la AEA, la UIA y la CAC.

La mayoría de las bancadas del Congreso, salvo el macrismo, se resisten a avalarlo y amenazan con generarle una derrota legislativa al nuevo gobierno. El cuestionamiento hacia el decreto no es tanto por su contenido, sino por las formas. De hecho, los bloques opositores que se muestran más colaborativos con el oficialismo creen que la mayoría de los artículos “son razonables y necesarios”. El problema, a su juicio, es que el Ejecutivo pretende imponer, a través de un DNU, un nuevo paradigma económico con la derogación y modificación de más de 300 normas.

El megadecreto de necesidad y urgencia (DNU) de desregulación de la economía que dictó el presidente Javier Milei generó tal cimbronazo en el Congreso que todas las fuerzas opositoras, salvo un sector del Frente Pro, se resisten a avalarlo, pudiendo convertirse en la primera gran derrota legislativa del gobierno libertario. Sería un escenario inédito e histórico, ya que hasta el momento ningún DNU fue declarado inválido por ambas cámaras, única forma que tiene el Poder Legislativo de impugnar este tipo de decisiones.

El cuestionamiento hacia el decreto no es tanto por su contenido, sino por las formas. De hecho, los bloques opositores que se muestran más colaborativos con el Gobierno creen que la mayoría de los artículos que contiene el decreto son razonables y necesarios. El problema, a su juicio, es que el Poder Ejecutivo pretende imponer, a tiro de DNU, un nuevo paradigma económico con la derogación y modificación de más de 300 normas, todo esto sin abrirle el juego al Congreso. Las voces, al unísono, advirtieron que el Presidente, con esta medida, avasalla facultades propias del Poder Legislativo. Puestos en esta encrucijada, los bloques de la UCR, Cambio Federal y distintos bloques provinciales –que se habían comprometido en garantizar la gobernabilidad de la nueva gestión– exploran alternativas para evitar el rechazo liso y llano del decreto, que es la postura que agita el kirchnerismo. Proponen, en concreto, que el Poder Ejecutivo replique el contenido total o parcial del DNU en distintos proyectos de ley para que se debatan en el Congreso. Esgrimen como antecedente el megadecreto que en febrero de 2018 dictó el expresidente Mauricio Macri que, curiosamente, también apuntaba a “desburocratizar” el Estado: esas medidas introducían unas 140 modificaciones en leyes o decretos y derogaban otras 19. Ante la resistencia que encontró en el Congreso, que al igual que ahora se sintió avasallado en sus facultades, el gobierno de Cambiemos tradujo aquel decreto en tres proyectos de ley. Estas iniciativas terminaron por aprobarse en junio de ese año.

El gran interrogante es si Javier Milei está dispuesto a negociar y ceder. Los primeros tanteos ya comenzaron. Por la tarde, los diputados Miguel Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot y Margarita Stolbizer se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El mensaje fue claro: ellos están dispuestos a colaborar con el Gobierno y garantizar la gobernabilidad, pero esta actitud –la de ningunear al Congreso con DNU– no ayuda. La mejor salida es avanzar por las vías legislativas habituales, recomendaron, y citaron el antecedente de 2018.

“La judicialización de las medidas quedaría mucho más acotada y habrá mayor seguridad jurídica; esto último un decreto no lo garantiza”, insistieron. En el radicalismo, mientras tanto, el debate está en plena ebullición. La mesa nacional del radicalismo, que conduce el senador Martín Lousteau, expresó críticas al decreto. “Ninguna crisis se resuelve avasallando la institucionalidad democrática”, planteó la cúpula de la UCR. “Frente a la presentación del mega-DNU, que, con 366 artículos, deroga y modifica un sinnúmero de leyes y decretos, la Unión Cívica Radical insta al Presidente a convocar a sesiones extraordinarias con el fin de poder analizar en detalle las distintas propuestas en el ámbito que corresponde, el Parlamento”, expresó el partido en un comunicado.

Esta fuerza, con 34 diputados y 13 senadores, será clave a la hora de definir la suerte del decreto de Milei. Sin embargo, las posiciones sobre cómo encarar esta cuestión están divididas. Los gobernadores radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes), quienes hasta ahora guardaron silencio público, son proclives a proponer una instancia de negociación con el Gobierno. Lousteau y Gerardo Morales son más intransigentes.

También Horacio Rodríguez Larreta, exjefe de gobierno porteño y referente de un sector de legisladores de Pro en ambas cámaras, cuestionó la decisión del Gobierno de imponer estas reformas por decreto, justamente por su endeblez jurídica. En la misma sintonía se expresó el jefe de bloque de la Coalición Cívica, Juan López, quien advirtió que esta metodología de legislar por decreto podría terminar siendo contraproducente para los fines que se propone el presidente Milei.

El sector que hizo punta con el rechazo absoluto al decreto fue el kirchnerismo. El jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans (Formosa), sumó más presión y reclamó la constitución de la comisión bicameral que controla la constitucionalidad de los decreto s de necesidad y urgencia. En el mismo sentido se expresó su par de la Cámara de Diputados, Germán Martínez. Entre las fuerzas provinciales, los rionegrinos que responden al gobernador Alberto Weretilneck anticiparon su rechazo. “En principio estamos en contra, sobre todo porque no hay urgencia ni necesidad”, dijo el gobernador, en diálogo con LA NACION. También en el bloque de senadores peronistas díscolos de Unidad Federal hay rechazo.

La suma del kirchnerismo con otros sectores de la oposición, como los bloques que integraron Juntos por el Cambio, alcanza ría para reunir la mayoría necesaria para rechazar el DNU en ambas cámaras. Hasta ahora, solo el Senado ha rechazado un decreto de necesidad y urgencia dictado durante el gobierno de Mauricio Macri. Lo hizo en 2020, durante la presidencia de Alberto Fernández y por impulso de Cristina Kirchner, vicepresidenta y titular de la Cámara alta en ese momento.

El mecanismo para tratar los decretos de necesidad y urgencia el Congreso, que por vía separada también pueden ser objetados y rechazados por el Poder Judicial, establece que el Poder Ejecutivo debe remitirlos en un plazo de diez días a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que está integrada por 16 miembros (ocho diputados e igual cantidad de senadores) y es la que tiene la facultad de realizar el control de constitucionalidad de la medida. Este cuerpo tiene, a su vez, otros diez días para expedirse. De no hacerlo en ese plazo, el DNU queda habilitado para su tratamiento en ambas cámaras sin necesidad de un dictamen que lo habilite. Para declararlo inválido se requiere su repudio tanto en Diputados como en el Senado.

“Es una herramienta muy difícil de acompañar, no tanto por el fondo, sino por las formas. Durante el gobierno de Mauricio Macri se dictó un decreto similar para ‘desburocratizar’ el Estado, pero luego el gobierno lo replicó en tres proyectos de ley que se discutieron luego en el Congreso”, sostuvo el diputado Nicolás Massot, postulado por el bloque Cambio Federal para integrar la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

En un tono similar se expresó su compañero de bancada Miguel Pichetto. “Las cuestiones de formas y fondo del DNU podrían ser cuestionadas fuertemente ante la Justicia”, sentenció.

El bloque de diputados de la UCR, que encabeza el cordobés Rodrigo De Loredo, se reunirá mañana para discutir sobre el asunto. Con 34 legisladores, esta bancada será clave en el derrotero parlamentario que tendrá el megadecreto. A priori, sus legisladores no cuestionan el fondo de la cuestión, esto es, el contenido del decreto, sino más bien la forma: el avasallamiento del Congreso por medio de un decreto presidencial. En el mismo sentido se expresó la bancada Cambia Federal. LA NACION