Por Francisco Olivera y Francisco Jueguen.“¿Tenés el teléfono de Cervantes?”, preguntó el CEO de una empresa extranjera. “Tengo dos plantas al borde de la parada”, agregó, casi en crisis nerviosa. El industrial consiguió finalmente el número de Germán Cervantes, el funcionario encargado de autorizar los permisos de importación para el sector privado. Pero ya no le aparecía como utilizable en el WhatsApp como antes del balotaje: varios en la Secretaría de Comercio no terminaron todavía su gestión y ya cambiaron sus teléfonos. El tema ganó las conversaciones de los empresarios en los últimos días. “No contestan el teléfono en la Secretaría. ¿Alguien sabe algo?”, preguntó en un chat el director de una compañía. Nadie sabría contestarlo con precisión, aunque todos sospechan lo mismo: que la dependencia del Palacio de Hacienda dispuso un virtual cierre de la administración. “Desde el día después del balotaje, Cervantes nunca más fue a trabajar y desapareció”, contaron en el sector importador. “Quedó solo el equipo técnico de Secretaría dando autorización a algunas SIRA y nada más. Los pagos, también desde el día después del balotaje, se pararon todos. Se borraron, absolutamente”, dijo. Ya desde la primera vuelta electoral la advertencia de “errores” en los sistemas de la AFIP se multiplicaron, las SIRA eran aprobadas, pero no pagadas, y crecía la deuda comercial empresaria. Pero después del balotaje comenzó a verificarse una sensación de abandono, principalmente en el área encargada de administrar el comercio y de la que fluyen cada vez menos permisos oficiales. La situación empezó a generar alertas en el sector productivo, que ve cómo proveedores y casas matrices niegan embarques de importaciones (insumos o partes) a compañías privadas. Las empresas, muchas de las cuales buscan acceder a un dólar barato en tiempos de expectativas de devaluación por el cambio de gobierno, alertan por faltantes que pueden aparecer en diciembre y enero, y ya advierten por el impacto en los precios ante la imposibilidad de reponer stock. “Tenemos un doble problema. Clientes al borde del default con sus proveedores y quiebre de los stocks sin poder producir. Entre mediados de diciembre y enero, va a haber dificultades para producir”, dijo a LA NACION Martín Rapallini, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) y dueño de Cerámica Alberdi. “Desde el 15 de octubre, solamente nos aprobaron 100 euros. El resto lo estamos incumpliendo o teniendo que conseguir dólares propios. Hay una reserva de divisas que obtenemos con la emisión de un bono, pero lo lógico sería que eso fuera a inversión, no para comprar insumos”, afirmó a LA NACION Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar-FATE. “Digamos que todo el comercio exterior fue decayendo desde agosto hasta hoy. Después del balotaje murió todo, especialmente los pagos, que están 99,5% parados”, contó un importador. En ese sector enumeraron las “trabas informales”: el reperfilamiento de algunas fechas de pago un día antes del pago o fechas que “desaparecían”, una Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior que no valida operaciones “por errores” o las inconsistencias informáticas 46, 47 y 49 para operaciones que ya estaban en fecha de pago y deberían haberse cursado. En el último año, la gestión en el Ministerio de Economía de Sergio Massa logró no frenar la actividad económica –con reservas negativas por US$11.000 millones en el Banco Central– gracias al crédito comercial que tomaron las empresas con bancos, proveedores o casas matrices (creció en US$25.000 millones este año), y con el swap (deuda) con China. El destino de ese pasivo (stock) es una gran preocupación de las empresas, que temen una “dolarización asimétrica” de sus deudas (que en vez de acceder en el MULC al valor actual del dólar lo hagan a uno más alto en un posible desdoblamiento cambiario con un nuevo gobierno). Hace dos semanas, la futura canciller Diana Mondino advirtió en la Unión Industrial Argentina (UIA) que el próximo gobierno pondría el foco en solucionar el flujo y que el problema del stock de deuda quedaría para más adelante. “Va a ser importante resolver la deuda comercial por importaciones, que estaría ascendiendo a US$25.000 millones y que el Gobierno saliente otorgó, irresponsablemente, a pesar de no poder pagarse con cada pedido de SIRA que hicieron los empresarios”, dijo Fernando Furci, director ejecutivo de la Cámara de Importaciones. La respuesta del Gobierno En la Secretaría de Comercio afirmaron que “se ha venido trabajando en las aprobaciones”, pero reconocen que están en “un proceso de ordenamiento y esperando que venga la nueva gestión”. Agregaron que puede haber algunos “temas puntuales” hoy. No obstante, aclararon: “El nivel de autorizaciones continúa en línea con los meses precedentes en busca de garantizar el suministro de las cadenas de valor de los diferentes sectores de la economía”. Pese a esto, ya a comienzos de noviembre reconocían en el equipo económico que se priorizaban a los sectores de insumos médicos y laboratorios, combustibles y agroquímicos/fertilizantes. El panorama es casi desolador para la mayoría de los empresarios. En una importadora de rulemanes de la zona sur del conurbano recibieron el lunes una mala noticia: desde Panamá, la fabricante japonesa NTN les comunicó que no estaba en condiciones de enviarle el segundo embarque por falta de divisas. “Los canales habituales para destrabar los asuntos no están funcionando”, dijo un industrial, que, sin embargo, afirmó que algunas “viejas” SIRA están saliendo entre las grandes empresas. “Con respecto a los pagos, no sale un mango, van a ser ocho semanas ya, y el quilombo cada vez se agranda más porque ya saben que la Argentina no paga. Entonces ahora te dicen ‘no te embarco; tenés que pagarme lo que me debés y de lo que vos me debés te puedo embarcar la mitad nada más hasta que esto se normalice. O sea, me pagás 100, te mando 50′”, ejemplificó. “No aprueban hace dos semanas. Estamos hablando con una funcionaria técnica, no política. Ni el banquito nos dejaron, como diría Ringo”, cerró con ironía un directivo.
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