Domingo 16 - Por Martín Boerr - En los últimos días se conocieron datos del déficit fiscal de la Argentina. Y más de uno se quedó sorprendido al comprobar que los números hablan de un rojo que está mucho más controlado de lo que se pensaba.

Sobre todo, teniendo en cuenta que hace unos meses, en un intento por revertir el resultado desfavorable de las PASO, el Gobierno puso en marcha el plan “platita” con reparto de bonos, aumento de asignaciones, más subsidios y otras medidas.

Finalmente, se estima que 2021 cerró con un déficit fiscal primario (gastos menos recursos) equivalente a alrededor de 3% o 3,5% del PBI, según anticipó el ministro de Economía, Martín Guzmán. Mucho menos que el 4,5% que muchos estimaban.

¿Hubo un recorte de gastos superfluos? ¿Bajaron los sueldos estatales? ¿Se redujeron los subsidios y subieron las tarifas? ¿Se tomaron algunas decisiones que la clase política viene postergando hace años?

Nada de eso. Lo que pasó fue que el dinero que el Gobierno inyectó en los bolsillos de millones de argentinos perdió su valor rápidamente por efecto de una inflación que, según el dato difundido por el Indec, fue en 2021 de 50,9% y que ya está lanzada a una velocidad que superará ese nivel en 2022, según las proyecciones.

El Gobierno no recortará nominalmente jubilaciones, sueldos de empleados estatales o planes sociales. Pero los pesos que paga por esas prestaciones pierden su valor real rápidamente, generando un ahorro que le permite mantener las cuentas más o menos bajo control.

En otras palabras, la inflación se transformó en la principal variable del ajuste fiscal del Gobierno. El arma “secreta” que le permite ajustar evitando costos políticos mayores.

Esa inflación que ya venía entre las más altas del mundo, solo superada por Venezuela y unos pocos países más, subió de categoría en los últimos tres años, como un terremoto que pasa de 4 a 6 en la escala Ritcher.

Veamos. En 2018 fue de 47,6%; en 2019 subió a 53,8%; en 2020 bajó a 36,1% y en 2021 se aceleró nuevamente para cerrar en 50,9%. Para 2022 se estima una inflación de 54,8% según los datos del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), un sondeo que hace el Banco Central entre consultoras y universidades.

Según advirtió el economista Carlos Melconian el Gobierno se hizo “socio” de la inflación, a la que ya no ve como enemiga, sino como aliada. “Si la inflación baja, el Gobierno está en problemas”, señaló en un reportaje en el canal de televisión LN quien es la ficha estelar de la Fundación Mediterránea, que lo puso al frente del instituto Ieral para preparar un plan y ofrecerlo a “quien venga” a gobernar en 2023.

El mecanismo del ajuste es muy sencillo y Melconian lo explicó con claridad. “El Gobierno le da al sector público (empleados estatales), o a los subsidios, un aumento que es siempre inferior a la inflación, y con eso va ajustando. También aprovecha para recaudar más, porque al subir los precios, los impuestos que se pagan nominalmente suben”, señaló.

La recaudación de la AFIP en 2021 ascendió a $11 billones, con un incremento de 66%, muy por encima de las subas otorgadas a jubilados, empleados estatales o perceptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

De esta forma, el Gobierno capitaliza con una recaudación récord de impuestos un año de inflación alta y de un rebote económico que sería del orden del 10% del PBI.

Menor gasto, con plan “platita”

Según un estudio elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el gasto público primario bajó casi 7% en 2021 con respecto a 2017 y a valores constantes, aun cuando se vio a un Gobierno repartiendo dinero aparentemente sin control con el plan “platita”. Y en los números finales, en términos reales el Gobierno terminó gastando en 2021 bastante menos que en el mejor año del gobierno de Mauricio Macri, que fue el de mayor nivel de gasto público, según una comparación incluida en el informe, que consideró los períodos de enero a noviembre desde 2017 a 2021. Para la comparación se tradujeron los montos a pesos constantes, es decir, eliminando el efecto de la inflación.

El equipo del IARAF, liderado por Nadin Argañaraz señaló que 2017 fue el año de mayor nivel de gasto público real de los últimos tiempos. Ese año hubo un gasto primario de $10,48 billones, mientras que en 2021 bajó 6,7%, a $9,79 billones.

Pero, ¿no era que el Gobierno de Alberto Fernández gastó mucho dinero? Para todos los economistas consultados, eso es la ilusión monetaria que provoca la inflación.

“La primera conclusión relevante del análisis es que el gasto público primario nacional resultó un 6,7% inferior al del período enero-noviembre de 2017. Todas las variables

están medidas en pesos de noviembre de 2021, por lo que todas las variaciones son reales o en moneda constante”, detalla el trabajo.

¿Cómo se compone el gasto del Estado Nacional? El rubro principal, que explica más de la mitad de los gastos es el pago de jubilaciones, asignaciones y demás prestaciones a cargo de la Anses: se llevan el 50,3% del presupuesto, según el análisis del Iaraf. Le sigue el rubro de funcionamiento del Estado (sueldos a estatales, bienes y servicios) con 17%; gastos de capital, 8,4% (inversión en obra pública, pago de la deuda) y subsidios económicos, 7,7% (los destinados a evitar mayores subas en tarifas, por ejemplo).

De esta manera, lo cierto es que el ministro Martín Guzmán puede hacer una parte importante del ajuste fiscal que sería más impopular con otras prácticas, como subir tarifas, aumentar boletos de colectivos y facturas de energía, cerrar paritarias por debajo de la inflación y demás.

Mientras las máximas figuras del oficialismo, encabezadas por Alberto Fernández y Cristina Kirchner explican que no van a firmar ningún acuerdo con el FMI que implique un ajuste, lo cierto es que mostrar un déficit primario de alrededor de 3% los pone cerca de algún arreglo para poder postergar los vencimientos.

Y si el ajuste lo hace la inflación, el Gobierno puede instalar su propio relato sobre la suba de precios y cargar parte de las culpas sobre las grandes empresas, como formadoras de precios, o sobre los valores de exportación, que atentan “contra la mesa de los argentinos”.

“A veces el Gobierno dice que quiere evitar el ajuste. Pero no es así; el ajuste llegó hace tiempo y la inflación está implicando un esfuerzo cada vez mayor para jubilados, asalariados y trabajadores de la economía informal”, dice a la nacion el economista Iván Ordóñez, que arma proyectos de inversión vinculados al agro. “Se puede hacer el ajuste eligiendo nominalmente en qué se va a gastar menos, o se puede hacer con la inflación, como está pasando ahora”, señala Ordóñez, recibido en la UBA y con posgrados en la Universidad Di Tella y en la Ucema.

El economista apunta a una cuestión adicional: “Al utilizar la inflación, el ajuste no llega solo a los estatales, sino que todos los que viven de ingresos fijos, públicos o privados, están sujetos a ese proceso que los empobrece más, cada uno desde la situación económica que tenga. La clase media busca mantenerse”.

Y agrega: “Los que están ajustando son los privados, porque con este set de precios de la macroeconomía hay más desempleo, sobre todo en el sector informal, que no miramos; este sector no se recuperó de la cuarentena”.

Los economistas consultados por LA NACION coinciden en que hubo un cambio que, por ahora, pasó bastante inadvertido en la relación del kirchnerismo con la inflación. Néstor Kirchner prácticamente no tuvo que lidiar con ese problema. Cristina Kirchner lo hizo destruyendo “el termómetro” del Indec y negando obstinadamente la cuestión.

Luego llegó la gestión de Macri y su estrategia de subir las tasas de interés y plantear un esquema de metas de inflación, que los más benévolos juzgan como demasiado optimista o poco realista.

La relación del actual gobierno de Alberto Fernández con la inflación arrancó con una señal fuerte: no dio marcha atrás con el Indec (regularizado en los años previos) ni intentó intervenirlo, como temían algunos. Eso quedó claro cuando designó al economista Marco Lavagna al frente del organismo de estadística y censos.

Un recién llegado Guzmán celebró a principios de 2020 la desaceleración paulatina de la inflación. Quizás algo envalentonado por ese triunfo, pronosticó en la pauta presupuestaria un 29% para el año que acaba de terminar. Rápidamente quedó muy claro que ese número quedaba corto.

Para este año cambió la estrategia. Directamente envió al Congreso, en el proyecto de presupuesto 2022, una estimación más alta, prácticamente avisando que la inflación en 2022 será peor. Así lo interpretan los agentes económicos.

Y lo que es aún más significativo es que, a pesar del actual estado de cosas, no existe en el Gobierno ningún indicio de que haya necesidad de hacer algo en serio para frenar esta dinámica inflacionaria, ni hay plan antiinflación alguno, según destacan los expertos.

Algo llamativo, teniendo en cuenta que en las encuestas la inflación es el problema más grave de la economía argentina y el que más impacta en todos, especialmente en los que menos tienen.

Todo eso, en un gobierno que se define como nacional y popular y que supuestamente tiene como norte la asistencia a jubilados, asalariados, trabajadores informales y beneficiarios de planes sociales. Son los que más padecen una inflación que ya juega en “otra escala”.

Relación que se modifica

“La gente va cambiando su relación con el dinero a medida que avanza la inflación. Ya lo tiene en las manos y lo percibe de otra manera, y se lo quiere sacar de encima rápido. Para llegar a la hiperinflación falta todavía. Es cuando esa relación cambia aún más y el dinero deja de tener valor en la percepción de la gente”, analiza Ordóñez.

“La hiperinflación es a la inflación lo que la neumonía es a la gripe. Hiperinflación habrá cuando el gobierno siga emitiendo dinero que la gente ya no quiere”, explica el economista Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de Orlando J. Ferreres & Asociados.

Pero la inflación, según advierten los economistas, no puede hacer todo el “trabajo sucio”. No todos los gastos del Estado se pueden “licuar” con una inflación alta.

Spotorno coincide en que el Gobierno está utilizando la inflación para licuar el gasto público y poder seguir llevando esta economía sin realizar reformas estructurales. Pero agrega que no todas las erogaciones se licúan por inflación. “En algunos gastos del Estado la inflación se encarga de ajustar, pero en otros casos no es así. En jubilaciones claramente es así, te permite ajustar en términos reales”, dice Spotorno, que prevé para este año un “57 o 58%” de inflación.

“En el caso de los subsidios a los servicios públicos, que son una parte importante del gasto, el costo de la energía en general está dolarizado”, detalló el economista.

Para María Castiglioni Cotter, directora de C&T Asesores Económicos, el Gobierno pagó un costo político importante con la inflación en las elecciones pasadas. Sin embargo, la economista destaca que también “es cierto que la inflación alta pero controlada ayuda a licuar el gasto, al tiempo que buena parte de los ingresos acompañan la inflación y, así, eso ayuda a ajustar el déficit fiscal”. Y agrega que ese ajuste se ve, en particular, en rubros como las jubilaciones y los salarios del sector público.