A la Argentina se le dificulta consolidar el crecimiento por la falta de acceso a los mercados

Por Juan Gasalla - El nuevo año que todavía no brinda suficientes señales para alterar las expectativas pesimistas que pesan sobre la economía en general y las valuaciones financieras en particular.

El termómetro del mercado aún mide una alta incertidumbre sobre un arreglo de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En los últimos días, el Gobierno dio un importante indicio sobre su voluntad de acuerdo con el organismo, a partir de los pagos de intereses de los bonos realizados en el último tiempo y las declaraciones de funcionarios que advirtieron sobre los riesgos de no acordar.

El Tesoro abonó entre el viernes y el lunes el segundo cupón de los bonos reestructurados en septiembre de 2020, por un monto total de 693 millones de dólares. Pero los desafíos para el corto plazo son muchos, con próximos pagos de deuda al FMI en febrero, mes que concentrará obligaciones por USD 1.100 millones, mientras que en marzo vencerán otros 2.900 millones de dólares.

Los bonos en dólares acumulan una caída de 7,5% en promedio desde que empezó enero. Esta caída, que iguala las cotizaciones con el piso de marzo de 2021 y apenas alcanza un peldaño por encima del mínimo de diciembre del año pasado, refleja la sensación de que la Argentina atravesará el primer trimestre del año con un fuerte drenaje de divisas por su deuda, sin reservas líquidas y, probablemente sin acuerdo inmediato con el FMI.

Más allá de esta visión, hay cinco luces de alerta relacionadas con la economía real detrás del desplome del precio de los bonos públicos.

1) Lenta reducción del déficit fiscal. El rojo fiscal es la “madre de los desequilibrios”, que llevó a la Argentina a otra década perdida en cuanto a crecimiento económico, entre 2012 y 2021. El sendero de lenta reducción del déficit público planteado por el gobierno argentino al FMI abona la teoría de que podrían repetirse muchos de los errores de política económica que lastraron a la economía doméstica a un derrotero de estancamiento, endeudamiento, inflación, alto desempleo y pobreza del 40 por ciento.

Paula Gándara, Head Portfolio de Adcap Asset Manager, detalló que “el ministro Guzmán admitió diferencias en el sendero fiscal con el FMI. Argentina propuso reducir el déficit primario un 0,55% anual para alcanzar el equilibrio fiscal en 2027. Sin embargo, adujo que el sendero propuesto por el Fondo comprometería el impulso de la actividad económica”.

Para Roberto Geretto, economista del fondo Fundcorp, “la intención de lograr un equilibrio fiscal recién en 2027 es una mala señal por los bonos en dólares y genera dudas con respecto a poder lograr un acuerdo con el FMI antes de marzo”.

2) Alta inflación. Un déficit que tardará en reducirse viene de la mano del recurso de financiarlo con emisión monetaria, lo que significa elevada inflación por varios años.

“Con respecto a la asistencia del BCRA al Tesoro, la disminución de ésta se daría en forma gradual desde el 3,7% actual del PIB al 1,4% para 2022 y 2023, pero señaló que estará sujeto al financiamiento neto real que se reciba del mercado local”, recordó Paula Gándara.

3) Estancamiento económico. El presente argentino deja en evidencia la dificultad de afrontar los vencimientos de la deuda soberana y obtener nuevo financiamiento para darle impulso a la actividad económica, ante la imposibilidad de acceder a los fondos provistos por los mercados voluntarios de deuda.

El riesgo país -efecto colateral de los deprimidos precios de los bonos-, por encima de los 1.800 puntos básicos, implica que la eventual emisión de nueva deuda exigiría tasas inviables e impagables de 20% anual en dólares. O dicho de otra forma, los precios de los bonos tienen que subir lo suficiente para que retorne el financiamiento a tasas razonables, tanto para el sector público como el privado.

“Ante la falta de consensos y respaldos suficientes -tanto internos como externos- se reducen las probabilidades de alcanzar un entendimiento para corregir los desequilibrios económicos, y así contribuir a mejorar la confianza de los agentes económicos, lo cual es crucial para cortar el circulo vicioso y que el acuerdo actúe como un verdadero driver”, consideró el economista Gustavo Ber.

4) Escasez de dólares. Si bien el Banco Central consiguió un importante saldo a favor por sus compras de divisas en el mercado mayorista (más de USD 5.000 millones en 2021), las reservas no crecen, debido a que gran parte de los dólares se destinan a pagar una deuda que no puede ser refinanciada.

Aunque Economía dejó entrever que existiría consenso con el organismo con respecto al ritmo de acumulación de reservas internacionales, de 3.000 a 4.000 millones de dólares por año con el objetivo de alcanzar USD 70.000 millones en 2030, queda la impresión de que los dólares de las exportaciones no alcanzan para cubrir a la vez la necesidad de importaciones y los pagos de deuda.

Gustavo Ber refirió que “a poco más de 60 días hasta el 22-M (22 de marzo), los inversores esperan ansiosamente novedades sobre las negociaciones con el organismo a fin de poder alcanzar contrarreloj al menos un acuerdo light que permita postergar los abultados vencimientos”.

5) La posibilidad del default no se despeja. Las dificultades para acordar con el FMI, hoy el principal acreedor del Estado argentino y al cual se le deben unos USD 45.000 millones, tienen su correlato en los castigados precios de los bonos.

Esto se debe a que al organismo multilateral siempre se le pagó en tiempo y forma, incluso durante la crisis de 2002, como a un acreedor privilegiado, mientras que los diversos incumplimientos siempre perjudicaron a los acreedores privados. Como es lógico, si hay dudas sobre los pagos al FMI, éstas se magnifican en lo que concierne a los bonistas.

“Seguimos pensando que un programa con el FMI es posible. Los desacuerdos en torno al déficit fiscal no implicarían un quiebre en las negociaciones. El mismo presidente (Alberto) Fernandez hizo hincapié en las dificultades que traería no acordar con la institución. Asimismo, en diciembre el Gobierno le pagó al FMI cerca de USD 1.900 millones y eso es un indicio fuertísimo de que el Ejecutivo cree que un poco más temprano o un poco más tarde habrá acuerdo”, evaluó Paula Gándara.