Por Laura Serra - El Gobierno aceleró el nivel del gasto durante la campaña electoral y, sin embargo, podrá exhibir un sobrecumplimiento en la meta de déficit fiscal primario que había previsto para 2021. En efecto, según anticipó el Ministerio de Economía y se desprende de la ejecución presupuestaria, el desequilibrio fiscal se ubicará en poco más del 3% del PBI, muy por debajo del 4,5% previsto: un logro que el ministro Martín Guzmán pretende capitalizar en las dificultosas negociaciones con el FMI.

Economía logró una mejora en el resultado, en gran medida, gracias a los ingresos extraordinarios que percibió el Tesoro por la cosecha récord de la soja, los derechos especiales de giro (DEG) por 4334 millones de dólares provenientes del FMI y los recursos recaudados por el impuesto a las grandes fortunas. A ello se sumó el efecto inflacionario, que incrementó la recaudación y licuó los gastos, sobre todo las jubilaciones medias y altas.

Pese a que aceleró a todo ritmo el nivel del gasto durante la campaña electoral y ello no le redundó en un triunfo en las urnas, el Gobierno podrá exhibir, al menos, un sobrecumplimiento en la meta de déficit primario que había previsto para 2021. En efecto, según anticipó el Ministerio de Economía y se desprende de la ejecución presupuestaria, el desequilibrio fiscal se ubicará en poco más del 3% del PBI, muy por debajo del 4,5% previsto: un logro que el ministro Martín Guzmán pretende capitalizar en las dificultosas negociaciones que encara con el FMI.

A lo largo del año pasado, sobre todo durante el último cuatrimestre, el Gobierno dio rienda suelta al gasto e incrementó las partidas presupuestarias en 2,6 billones de pesos –un 31%– respecto de los créditos iniciales. Buena parte de esta suba se explica por la fuerte expansión del gasto de capital (obra pública principalmente) y de los subsidios económicos (en especial, los energéticos) que, hasta noviembre pasado, se incrementaron en un 121% y un 29% en términos reales respectivamente, según el último informe de ejecución presupuestaria de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Los gastos sociales, sobre todo aquellos que incumben al Ministerio de Desarrollo Social, también experimentaron una fuerte suba: de hecho, la cartera que comanda Juan Zabaleta más que duplicó su partida respecto del crédito inicial ( 109%). En el último mes del año, en tanto, subieron de manera significativa las prestaciones sociales por el subsidio extraordinario de $8000 otorgado a jubilados y pensionados.

A pesar de este fuerte incremento del gasto, el ministro Guzmán logró una mejora en el déficit fiscal primario. Ello fue merced a los ingresos extraordinarios que percibió el Tesoro por la cosecha récord de la soja; los Derechos Especiales de Giro (DEG) por 4334 millones de dólares provenientes del FMI y los recursos recaudados por el impuesto a las grandes fortunas. A ello se sumó el efecto inflacionario, que incrementó la recaudación y licuó los gastos, sobre todo las jubilaciones medias y altas, que corrieron por detrás del alza de precios.

Si bien sobrecumplió las metas de déficit, Guzmán admitió, en su exposición ante los gobernadores el miércoles pasado, que el sendero fiscal es la cuestión central que traba, por el momento, el acuerdo con el FMI. En buen romance, esto significa que el organismo financiero internacional y el equipo económico argentino no coinciden en los plazos en los que nuestro país debería llegar al equilibrio en las cuentas públicas.

La propuesta argentina, según detalló en una de las filminas que exhibió ante sus interlocutores, consiste en prácticamente no modificar el 3,1% de déficit fiscal de 2021 a lo largo de este año y recién en 2023 comenzar un sendero lineal de reducción del déficit que lleve al equilibrio en 2027 y culmine con superávit del 2% del PBI a partir de 2029. El FMI, sin embargo, pretende que la Argentina alcance el déficit cero mucho antes de lo planteado por el equipo económico argentino.

A juicio de Guzmán, el programa del FMI conllevaría a un ajuste del gasto real y, como consecuencia de ello, a una recesión de la economía.

“Para nosotros ajustar la economía es achicarla, dejar de crecer y hacer más difícil las obligaciones que tenemos con los acreedores externos. Por lo tanto, la palabra ajuste está desterrada de la discusión, para nosotros el secreto es crecer”, abonó, por su parte, el presidente Alberto Fernández.

A la oposición no le cierra el planteo del Gobierno. Guzmán sugiere que el gasto corriente en términos reales debería mantenerse constante y que el “ajuste fiscal” debería producirse por la vía del crecimiento del PBI. Los opositores sostienen que este plan no es sostenible y que difícilmente sea aceptado por el FMI. Ese será uno de los puntos que los opositores de Juntos por el Cambio llevarán al encuentro que mantendrán con el ministro Guzmán, aún sin fecha cierta.

“El Gobierno no dice qué esfuerzos concretos va a realizar para achicar el desequilibrio fiscal. Sostiene que no va a tocar el gasto real porque eso conduciría a una recesión; eso difícilmente sea aceptado por el FMI. Si no es por el lado del gasto, entonces, ¿qué medidas adoptará para incrementar los ingresos? El año pasado el fisco percibió ingresos extraordinarios que difícilmente se repitan este año”, advirtió el diputado Alejandro Cacace (Evolución Radical).

Sobre este punto hace hincapié el diputado de Pro Luciano Laspina. El legislador sostiene que, en realidad, 2021 cerró con un “déficit primario ajustado” de 4 puntos del PBI si no se contabilizan los ingresos extraordinarios que se percibieron por los DEGs del FMI, el impuesto a las grandes fortunas y la recaudación excepcional de retenciones a la soja. “Alcanzar la meta de 3 puntos del PBI como planea Guzmán necesariamente significará un ajuste del gasto”, advirtió.

El problema es que en el último tiempo buena parte del gasto de la administración pública nacional fue adquiriendo mayor rigidez y se hace dificultosa una poda. Según un informe de la OPC, solo el 10% del gasto tiene flexibilidad y es posible recortarlo o reasignarlo. Esta proporción, sobre la que el Gobierno tiene mayor margen de acción, fue disminuyendo en los últimos años y actualmente el “espacio fiscal” –tanto desde las erogaciones como por la afectación de recursos en el presupuesto– es muy reducido.

“Durante el período comprendido entre 2010 y 2021 los gastos con rigidez alta, mayoritariamente compuestos por las jubilaciones y pensiones, remuneraciones al personal, intereses de la deuda, asignaciones familiares, entre otros, implicaron alrededor de dos tercios de los gastos totales (66,9%)”, detalla el informe.

Dentro de los gastos flexibles –esto es, pasibles de ser recortados– están los gastos de capital, que, como se dijo, tuvieron una enorme expansión el año pasado. En tanto, dentro de los gastos de rigidez media figuran los subsidios económicos, especialmente los energéticos, que también tuvieron un fuerte incremento el año pasado ante la resistencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner a subir las tarifas antes de las elecciones.

A noviembre pasado, los subsidios que financian la energía acumularon casi $80.000 millones, lo que implicó una suba del 27% en términos reales. Según la OPC, el porcentaje de los costos energéticos financiados por vía de las tarifas fue del 44%. Para achicar esta brecha, el Gobierno anunció un aumento del 20% en las tarifas de luz y de gas este año y la puesta en marcha de un plan de segmentación que, en una primera instancia, impactará en medio millón de abonados que dejarán de pagar un abono subsidiado de sus consumos.

Aun así, el aumento tarifario estará muy por debajo de la previsión inflacionaria para este año, que, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que lleva adelante mensualmente el Banco Central (BCRA), se ubicará en el 54,8%. Habrá que ver, además, si el FMI admite este “ajuste light” en las tarifas. Ante los gobernadores, Fernández fue categórico. “No vamos a firmar ningún acuerdo que suponga un aumento tarifario desmedido y excesivo”, remarcó.ß