Por Carlos Burgueño - El endurecimiento de las posiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) viene con una complicación de un capítulo que parecía, a priori, acordado. El organismo exige, y parece no negociar, para firmar un Facilidades Extendidas, que las periódicas misiones de inspección, fiscalización y control de la economía argentina se apliquen sin restricciones con los formatos establecidos en el estatuto del Fondo.

Esto es, dos misiones titulares y profundas por semestre y otras dos intermedias y de fiscalización. Incluso, según lo que dejaron en claro Julie Kozac y Luis Cubeddu, éstas deberían ser en Buenos Aires; y no, como ofrecieron en su momento los negociadores criollos, que estas coincidan con las dos cumbres anuales del FMI de abril y septiembre de cada año en Washington, o donde se organicen.

La directora adjunta para el Hemisferio Occidental y el jefe de la misión Argentina dejaron su posición firme antes de cerrar momentáneamente las discusiones por el parate de fin de año; y aseguraron que no habrá forma que Argentina zafe de la exigencia.

Habrá misiones, y estas serán en Buenos Aires; con funcionarios del Fondo circulando por despachos varios del Ejecutivo, el Banco Central y alguna otra dependencia oficial. Y, lo peor, los hombres y mujeres que vengan al país en su rol de examinadores de la marcha de la economía, también podrían pedir encuentros con líderes políticos y económicos de partidos opositores y con profesionales privados de diferente extracción.

La exigencia de Kozac y Cubeddu plantea un conflicto interno dentro del oficialismo. Los negociadores del gobierno de Alberto Fernández habían logrado, o creyeron hacerlo; que no haya visitas de las misiones habituales del FMI, y que los encuentros de fiscalización y control se realicen fuera del país en cada cumbre del organismo.

Con esto se despejaba el eventual momento de aceptar que cara a cara y en Buenos Aires, Cubeddu y su gente (o quién esté a cargo del caso argentino), se muevan con poderes especiales ante los funcionarios del gobierno, exigiendo datos y números varios; y retando cuando se perciba que las cosas firmadas no marchan como corresponde. Esto, junto con los encuentros con los opositores, es el peor escenario posible que pensó la coalición gobernante cuando estableció una estrategia negociadora y lo que se buscó evitar.

Un Facilidades Extendidas exige aceptar las misiones; otorgándole a los enviados de Washington la obligación de controlar si el país cumplió las metas fiscales, monetarias, financieras y cambiarias; y, si no lo hacen, enviarle estos datos a la sede central para que allí se definan los pasos a seguir. En ese punto podría haber simplemente un correctivo, una recomendación de modificación de políticas o un cuestionamiento mayor. Y si el país persiste en su incumplimiento, desde Washington se debería negociar un perdón (waiver) o varios puntos intermedios.

Así, cada misión trimestral que visite Buenos Aires, se reuniría además con los principales funcionarios económicos del país; que deberían desplegar los números locales y explicare detenidamente la marcha la economía argentina. Y, los enviados del FMI, tienen el poder de consultar y repreguntar; y eventualmente de cuestionar y discutir los datos que se le muestren. Y de regreso en Washington, pueden criticar y recomendar cambios de políticas.

En otras palabras, los representantes del FMI que tengan la firma autorizada en las misiones, podrán tomar examen a los funcionarios locales. Algo que evidentemente sería muy difícil de aceptar de parte del ala política más radical del Gobierno. De hecho, recuerdan dentro del kirchnerismo, este tipo de misiones fue lo que determinó que el Stand By firmado en el 2003 termine siendo cancelado y liquidado en febrero de 2005. La decisión la tomó Néstor Kirchner luego de las quejas de varios de sus funcionarios por los datos molestos que a veces pedían los visitantes de Washington.

La intención de los negociadores locales era que ese requerimiento de las misiones trimestrales se modifique, y que se extiendan a un ritmo semestral. O anual. El argumento es que como se trata de un Facilidades Extendidas inédito, también las fiscalizaciones deberían ser inéditas y con mayor espacio de tiempo. Además, y como mejor opción, se pidió que las inspecciones se suspendan durante el tiempo de gracia que tendría el país para pagar las primeras cuotas, lo que, en los términos que está negociando el ministro de Economía Martín Guzmán, comenzarían a liquidarse tres años después de firmado el tratado. Si como suponen en Buenos Aires, la firma fuera para marzo o abril, la primer inspección impuesta por el artículo IV, debería concretarse en 2025.