Por
Pablo Wende - La discusión abierta con el FMI y que deberá zanjarse dentro de
los próximos 60 días es a qué ritmo puede reducirse el déficit fiscal, con
el objetivo de llegar a un equilibrio de las cuentas públicas lo antes
posible. El ministro de Economía, Martín Guzmán, proyectaba un rojo
primario de 3,3% del PBI para el año que viene, pero la presión de Washington
es para que se avance mucho más rápido en la consolidación de las cuentas
públicas.
El
Consenso Fiscal que nuevamente firmaron el Gobierno nacional y las provincias
descarta cualquier posibilidad de rebaja impositiva para 2022, tanto a nivel
nacional como provincial. La disminución de alícuotas que había planteado en su
momento la reforma impulsada en 2017 por Mauricio Macri quedó totalmente
archivada. Como resultado, se mantienen todos los impuestos distorsivos
incluyendo Ingresos Brutos, que es uno de los pilares para la recaudación de
las provincias. Es más, todo indica que el Gobierno le dio rienda suelta a
los gobernadores para que puedan definir aumentos de alícuotas o incluso nuevos
impuestos.
La
discusión abierta por el posible regreso del impuesto a la herencia se da
también en este marco. Se trata de un gravamen que se define a nivel
provincial y que por ahora solo está vigente en la provincia de Buenos Aires.
Pero
además también se dio un giro de 180 grados en otros impuestos como Bienes
Personales. La propuesta de Macri, que ni él mismo llegó a cumplir, fue bajar
la alícuota máxima a 0,25% del patrimonio. Pero la reducción quedó a mitad de
camino, porque la crisis de 2018 obligó a replantear el sendero de reducción
impositiva que se había votado apenas un año antes. Ahora el Congreso aprobó que
para el patrimonio declarado localmente pague una alícuota máxima de 1,75%,
mientras que se mantiene en 2,25% en el exterior.
Lo
mismo ocurrió con la rebaja de retenciones, que también quedó a mitad de camino
ante la necesidad de conseguir rápidamente el equilibrio fiscal. La idea de
bajar la presión impositiva para alentar inversiones y apuntar a una mayor
recaudación vía crecimiento quedó a mitad de camino y tendrá que seguir
esperando.
La
elevada inflación es el otro componente clave para apurar la baja del déficit
fiscal. El aumento de la recaudación de impuestos como el IVA es hace
tiempo uno de los componentes centrales que explican la evolución de los
ingresos.
Incluso
se espera que en 2022 el índice se ubique por encima de 2021, lo que daría
lugar a otro efecto: la licuación del gasto por el mero efecto del
incremento de precios. En procesos de inflación crecientes, tanto las
jubilaciones como otras partidas de gasto del Gobierno central (transferencias
a las provincias o salarios del sector público) aumentan de manera rezagada en
relación a los ingresos, que están inflados por los aumentos de precios.
El
insólito ajuste de sólo 26% que tendrán las distintas categorías de monotributo
para 2022 es sólo un ejemplo de cómo el mero avance de la inflación gatilla un
incremento de la recaudación. En este caso se complementa con una decisión
totalmente arbitraria del Gobierno para lograrlo, ya que la mayoría de los
contribuyentes pasará más rápido de categoría y muchos se verán obligados a
pasar al régimen general. Todo esto aún cuando hayan facturado menos en
términos reales el último año.
Este
fenómeno de licuación del gasto vuelve más difícil avanzar con un proceso de
reducción de la inflación, ya que se produce el efecto inverso. Es decir que el
gasto del sector público empieza a aumentar a un ritmo mayor que la inflación,
lo que a su vez aumenta el rojo fiscal. Parte de este fenómeno se produjo en
2020, cuando la inflación cayó a 36% por efecto del freno de la actividad
económica a causa de la pandemia. Sin embargo, en aquel momento tuvo más
impacto el fuerte aumento del gasto para ayudar a los sectores más afectados
por el freno de la actividad y la prohibición de circular.
La
fórmula para alcanzar un menor desequilibrio fiscal y la discusión sobre el
funcionamiento del mercado cambiario son los dos grandes temas que restan
definir con el staff del Fondo Monetario para llegar a un acuerdo.
Desde
el organismo ya dejaron en claro que la meta es alcanzar el equilibrio fiscal
de mediano plazo, aunque sin descuidar las necesidades sociales y la inversión
en infraestructura. Otro de los objetivos centrales pasa por la acumulación de
reservas, aunque para ello el Banco Central tendrá que acelerar el ajuste del
tipo de cambio oficial y reducir las intervenciones en el mercado de cambios.
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