Viernes 24 – Por Juan Strasnoy Peyre - En las horas posteriores a la publicación de la auditoría, el Gobierno enfatizó las críticas al Gobierno de Cambiemos que realizó el Fondo Monetario Internacional y la admisión de que el multimillonario préstamo de 2018 financió el pago de deuda insostenible y la fuga de capitales.

Sin embargo, reconoció que no hubo una autocrítica profunda por parte del organismo y que existen discrepancias dentro del directorio que complican la actual negociación. La evaluación ex post también reflejó los puntos de tensión en las discusiones que mantiene el Ejecutivo con staff de cara al acuerdo para refinanciar los u$s45.000 millones de deuda que dejó Mauricio Macri.

Ocurre que la “autopsia” realizada por los técnicos del Fondo consideró que el crédito en sí no fue un error, aunque la mayoría de los directores (representantes de los países accionistas) planteó que hubiera sido conveniente que la administración anterior realizara una reestructuración de la deuda con acreedores privados e implementara un control de capitales. Y concluyó que el programa Stand By fracasó por los errores de gestión del macrismo, pero evitó referirse de forma significativa a las responsabilidades propias del organismo bajo cuya tutela se aplicó ese plan.

Es por eso que, como contó Ámbito, fuentes del equipo negociador que encabeza Martín Guzmán señalaron que difícilmente la auditoría sea una herramienta determinante para utilizar en la negociación en curso. Más bien la definieron como “un paso formal necesario de cara al acuerdo”, que de yapa les sirvió para el debate político interno. Con todo, la opinión del Gobierno sobre la evaluación del staff, incluida como anexo en el informe, fue crítica.

De la lectura de ambos documentos se desprende una ratificación de los puntos de tensión que demoran la firma del acuerdo: el ritmo de crecimiento y de ajuste fiscal, y ligados a ellos la acumulación de reservas y la emisión monetaria.

Por caso, la auditoría no puso en cuestión el programa de ajuste en shock implementado en 2018 y 2019. De hecho, criticó que la reducción del déficit aplicada por Macri y el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se realizó con medidas extraordinarias y de “baja calidad”, que hicieron que el déficit primario siguiera “sujeto a riesgos importantes”. Es decir, que el ajuste no tuviera bases más sólidas.

La respuesta del Gobierno a la evaluación ex post planteó que “es aún insuficiente la advertencia sobre los riesgos de un ajuste fiscal en contextos recesivos”. Una fuente oficial señaló al respecto que el programa de 2018 se apoyó en un “fanatismo fiscal, que parte de negar la restricción externa como problema estructural del país”, algo que no fue revisado por el organismo. Además, la posición del Ejecutivo le pidió al Fondo “considerar en el futuro realidades específicas, como el caso de Argentina, en donde el crecimiento es condición precedente para la estabilidad; nunca al revés”.

Más allá de que un acuerdo con el Fondo siempre implica un condicionamiento para la política económica y que el plan del Gobierno también es avanzar hacia un ordenamiento de las variables macroeconómicas, ese debate refleja las discordias aún vigentes de cara a la definición de las metas del programa plurianual. De máxima, Guzmán plantea para el próximo año un crecimiento del 4% que le dé continuidad a la recuperación de 2021 y un déficit primario de 3,3% del PBI financiado en 1,8% del PBI con emisión. Los números fueron volcados en el proyecto de Presupuesto 2022 que naufragó en el Congreso, pero el FMI aún los objeta.

En Washington piden una rápida recomposición de reservas con vistas a garantizarse el repago de la deuda a futuro y un cierre más acelerado del financiamiento monetario del Tesoro, que en los hechos implica una política menos expansiva. Menos importaciones para sumar más reservas y más ajuste son los fundamentos del pedido de un crecimiento más bajo.

En ese sentido, el economista Sergio Chouza, identificado con el oficialismo, planteó que “hay un trade off entre la velocidad de crecimiento y la acumulación de reservas” y que “la discusión es hasta cuándo va a dar la soga para crecer sin complicar la posición externa”, lo que puede tener un costo en materia de empleo e ingresos. Y agregó: “Lo importante es que sea un programa argentino, no de los técnicos de Washington”.

Otro aspecto que muestra a las claras las trabas que persisten en la negociación es la disparidad de criterios entre países dentro del directorio. Esto exhibe que aún hay sillas importantes con posiciones más duras. Lo reconoció Guzmán en C5N al señalar que “hay un conjunto amplio de países que están de acuerdo con que hubo algo que fracasó pero quedan algunos que dicen que no son tan autocríticos”. “Hay más consensos que alcanzar en el escenario geopolítico”, dijo.

En el Board del FMI, los países del G7 tienen la voz cantante, sobre todo Estados Unidos, el único con poder de veto en votaciones de mayoría especial. “No sabemos qué países son los más duros pero podemos sospechar que, si se los menciona, son algunos de porte”, consideró Chouza. Y completó: “Esto plantea los desafíos de la posición negociadora argentina en las próximas semanas para aunar las voluntades necesarias. Habrá que profundizar el trabajo sobre las bases de sustentación del programa en términos macro y sobre las características estructurales de la economía argentina. No creo que el acuerdo esté al caer en días. Queda un tramo de algunas semanas más”.