Por Francisco Jueguen - El Ex Post Evaluation
(EPE) del Stand-By Agreement (SBA) de 2018 –la “autopsia” oficial realizada
por el staff del Fondo– fue celebrada puertas adentro del Gobierno por los
cuestionamientos técnicos elevados –más críticos a los esperados, según
expresaron–, a pesar de que el informe no avaló una definición de si el
organismo violó sus propios estatutos al otorgarle un préstamo por encima de lo
que le correspondía al país, tal como el kirchnerismo duro denunció una y otra
vez, y además no advirtió, como hubiera querido el oficialismo, sobre el
impacto de un ajuste fiscal en un contexto recesivo.
En el Ministerio de Economía interpretaron que la EPE –un análisis
pormenorizado que es una condición obligatoria dentro del Fondo Monetario
Internacional (FMI) para encarar una renegociación de un programa fallido–
marcó por lo menos tres “líneas rojas”. La primera, siempre según la mirada de
las fuentes oficiales, es que reconoce que el gobierno de Cambiemos debió
reestructurar la deuda para reducir las necesidades de financiamiento de corto
plazo; la segunda implica que debió instaurar un control de capital para evitar
la fuga de divisas; la última es que reconoce que el enfoque de Juntos por el
Cambio sobre la inflación era equivocado y que la inflación es un fenómeno
multicausal, un diagnóstico similar al del Gobierno.
En el Palacio de Hacienda creen que la EPE que dio a conocer el FMI ayer
tras su tratamiento en el directorio ratifica “el fracaso del programa de
2018”. “Sostiene además que este no cumplió con el objetivo de restaurar la
confianza de los mercados en la Argentina y acepta –leen en el quinto piso del
Ministerio de Economía– que las políticas de coordinación (acuerdos de precios
y salarios, como los impulsados por la gestión de Alberto Fernández) hubieran
ayudado a fijar expectativas en torno de una menor tasa de inflación, pero
estas no fueron consideradas adecuadas por Macri”.
El informe
Guzmán
Más allá de la lectura que en la cartera que conduce Martín Guzmán hicieron
de la EPE del Fondo, el Ministerio de Economía presentó un informe en el que
elevó su posición oficial frente al documento e hizo recomendaciones.
En el Palacio de Hacienda estimaron que el SBA “fracasó” porque no logró
cumplir con ninguno de los siguientes cuatro objetivos: restaurar la confianza
del mercado, proteger a los más vulnerables de la sociedad, fortalecer la
credibilidad del marco de metas de inflación del Banco Central (BCRA) y
progresivamente disminuir las tensiones en la balanza de pagos.
Además, cerca del ministro Guzmán hicieron una crítica técnica a la EPE.
“Es aún insuficiente la advertencia sobre los riesgos de un ajuste fiscal en
contextos recesivos”, estimaron cerca del economista platense. Luego, en las
recomendaciones, esgrimieron el cuestionamiento político: pidieron allí, como
primera medida, que exista “una revisión adecuada” por parte del FMI sobre el
cumplimiento del artículo 6 del estatuto del organismo que conduce Kristalina
Georgieva. “Le escapan al bulto”, dijeron cerca del ministro sobre el debate
acerca de si el Fondo violó o no sus estatutos.
Por otra parte, pidieron definir adecuadamente el concepto de
“ownership” para que un futuro programa incluya al Congreso, la sociedad civil,
los sindicatos y la sociedad en general. Este pedido se desprende no solo del
reclamo del propio Fondo de un consenso amplio, sino de la crítica oficial que
indica que el SBA firmado por Macri no tenía consenso social y que infringió
normas –interviniendo en el mercado cambiario cuando solo podía usar los
dólares para hacer frente a la crisis de balanza de pagos– para llevar adelante
una política partidaria sin respaldo social. Por eso, la siguiente
recomendación de Economía fue “establecer la necesidad de evitar el uso
político de los programas del FMI”.
Por último, en sintonía con la “escasez de autocrítica sobre el tema
fiscal” en la EPE del Fondo, afirmaron que en el caso argentino “el crecimiento
es condición precedente para la estabilidad”.
En Economía siguen creyendo que en el Fondo, y en la EPE, sobrevuela aún
una “sobrecreencia” en las bondades del ajuste fiscal.
En Economía creen que la evaluación ratifica el fracaso del programa de
2018
Sobrevuela aún una “sobrecreencia” en las bondades del ajuste fiscal
|