Por Juan Strasnoy Peyre - Mañana el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional tratará la “evaluación ex post” elaborada por el staff técnico sobre el programa Stand By que le otorgó al Gobierno de Mauricio Macri en 2018. Esta mochila, que constituye el mayor condicionante para la economía argentina de las próximas décadas y cuya refinanciación está hoy en negociación, fue el préstamo más grande en la historia del organismo: primero se firmó por u$s50.000 millones, luego se amplió a u$s57.000 millones y finalmente se alcanzaron a desembolsar u$s44.867 millones.

Ese mismo día el Ejecutivo actual le pagará a la entidad multilateral algo más de u$s1.850 millones correspondientes al segundo vencimiento de capital de aquel Stand By, como señal de la vocación de acordar un nuevo programa en el corto plazo que permita postergar los siguientes pagos. Producto del acuerdo de 2018, entre 2022 y 2023 Argentina debería cancelar casi u$s40.000 millones, una suma inafrontable para el país. El programa de Facilidades Extendidas que hoy se negocia trasladaría los pagos al Fondo al período 2026-2031, los cuales se sumarían a los ya abultados compromisos con los bonistas privados surgidos del canje de 2020.

El acuerdo sellado por Macri y la exdirectora gerente del FMI, Christine Lagarde, y firmado por Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger -entonces ministro de Economía y presidente del Banco Central, respectivamente-, estuvo marcado por una serie de irregularidades denunciadas por integrantes del actual oficialismo. Incluso dieron lugar al anuncio de Alberto Fernández, durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de 2021, de la realización de una querella criminal que no tuvo mayores avances.

La expectativa generalizada sobre la evaluación ex post no es la de una autocrítica a fondo. Aunque en el Gobierno esperan ver reflejados al menos algunos de sus planteos. De hecho, el Presidente le había pedido semanas atrás al organismo que hiciera su revisión del acuerdo con Macri antes de firmar un nuevo programa.

Lo cierto es que este tipo de evaluación es un paso formal y habitual del organismo, que se suele focalizarse en cuestiones técnicas. “No es algo particular que estamos haciendo por Argentina. Lo hacemos con todos los programas de acceso excepcional”, señaló el vocero del FMI, Gerry Rice, el jueves pasado.

Por lo pronto, el organismo se encargó de correr a los principales responsables de aquel programa, que incluyó un shock de ajuste fiscal y monetario, que derivó en una profundización de la recesión y la inflación más alta en tres décadas. Además de Lagarde, se fueron Alejandro Werner, exdirector para la región; Roberto Cardarelli, el primer responsable del staff para el caso argentino; y David Lipton, exnúmero 2 del Fondo y actual asesor de la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen.

Mientras tanto, el Gobierno continuará la negociación con el staff vigente de cara al nuevo programa, cuya definición parece extenderse después del rechazo de la oposición al proyecto de Presupuesto 2022. El foco de las discusiones está en las metas macroeconómicas que integrarán el plan plurianual. Por caso, el caído Presupuesto contenía las proyecciones planteadas por Martín Guzmán, muchas de las cuales son todavía objetadas por el organismo, que reclama un ajuste más acelerado de las cuentas públicas.

Irregularidades

En la antesala de la autoevaluación del FMI, el centro de estudios CEPA elaboró un informe que detalla una serie de irregularidades cometidas en el crédito otorgado a la gestión de Cambiemos “que no van a estar en la revisión”. Por un lado, las de carácter político. Fundamentalmente, el hecho de que programa del año 2018 tuviera “el apoyo de Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump” para intentar favorecer la reelección de Macri, como reconoció Mauricio Claver-Carone, exrepresentante de ese país en el directorio del Fondo y actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

El documento del centro que dirige Hernán Letcher, alineado con el oficialismo, cuestiona también un conjunto de incumplimientos formales por parte de la administración de Cambiemos. Entre ellos, la no constancia de actos administrativos y la ausencia de constancia del dictamen previo del BCRA sobre el potencial impacto del crédito en la balanza de pagos.

Asimismo, puntualiza en la vulneración del estatuto del FMI por parte del propio organismo al permitir que los desembolsos se utilicen para financiar la salida permanente de capitales. La Sección 1 del Artículo VI del estatuto del FMI en su inciso a) indica: “Ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin”.

Guzmán señaló en distintas oportunidades que los u$s45.000 millones desembolsado se fueron en partes prácticamente iguales en el pago de “deuda insostenible” a los bonistas y a abastecer la formación de activos externos.

El CEPA afirmó también que “al menos tres de los cuatro criterios de un préstamo de acceso excepcional (los que equivalen a más del 187,5% de la cuota del país) fueron incumplidos”. Y mencionó los referidos a la sustentabilidad de la deuda pública a mediano plazo, la perspectiva de retorno a los mercados globales de crédito y el acompañamiento político al programa.

Por último, cuestionó la finalidad política del diseño del calendario de desembolsos y una estructura de repago “que fue siempre, bajo cualquier punto de vista, impagable para el país”. En la reconfiguración del programa a tres meses de haberse firmado, se determinó que “casi el 90% de los pagos se realizara antes de las elecciones primarias de junio de 2019”.

Todo este cúmulo de irregularidades bien podría cuestionar parte de la legitimidad de origen de ese programa. Por lo pronto, negociación mediante, esa deuda va camino a reciclarse en un nuevo acuerdo que marcará la política económica de los próximos lustros.