Por
Francisco Jueguen. - Carlos Melconian dice que firmaría –casi sin pensarlo–
subas de la inflación de 50% para el año que viene y del mismo porcentaje en 2023,
el año de las elecciones. Cuando se le pregunta por qué avalaría esos aumentos
afirma: “Porque podría ser más. No va a ser fácil mantenerse ahí”.
Hay
dos certezas con relación a la inflación en 2022. La primera es que será un año
de una elevada suba de precios. Para el mercado, de hecho, la inflación será,
en ese período, más alta que durante este año. La segunda no parece tan lineal,
pero lo es. El significativo aumento de precios, un impuesto inflacionario,
perjudicará a los argentinos, pero podría ser de gran ayuda para el Gobierno.
El
primer punto es de fácil explicación. La Argentina requiere estabilizar su
macroeconomía. Hay dos caminos para hacerlo: con un plan de shock o con
gradualismo. La opción del shock incluiría un fuerte ajuste de los precios
relativos atrasados (tarifas, tipo de cambio y naftas, entre otros) que,
sumados a la actual inercia inflacionaria, podrían llevar al IPC por encima del
70% anual.
El
Gobierno elegiría el segundo rumbo, como lo intentó Mauricio Macri: el
gradualismo. El presupuesto 2022 preve un dólar creciendo a la par de la
inflación y aumentos –segmentados– de tarifas. El Banco Central (BCRA) ya
aceleró la devaluación del peso frente a meses previos en la primera quincena
de diciembre (un crawling-peg, que ¿se aceleraría en el verano?). Con este
escenario, y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que implique
una baja del déficit y de la emisión gradual, un achicamiento de la brecha
cambiaria al 75%, menores restricciones a las importaciones y un leve
relajamiento del cepo,laconsultoraEquilibraprevé una inflación de 57%.
Altísima.
Parafraseando
a Melconian,“no hay lugar para un Remes ni para un plan bomba”, porque existen
peligros reales de espiralización y es por eso que el economista recomendó
rezarle a la “bendita inflación”, pero sin profundizar distorsiones y
controles.
Así
se llega a la segunda certeza. La inflación, el impuesto inflacionario que lima
los ingresos y los ahorros de los argentinos, sirve para licuar el gasto
público, la deuda en pesos y las Leliq en el BCRA. La inflación atenúa la
elevada nominalidad. Ese fenómeno, suele decir un profesor de Economía, ayudará
al Gobierno transitoriamente porque cuando se acelera es más fácil bajar
salarios (sobre todo estatales), jubilaciones y transferencias. Es el ajuste
que nadie hace. Además, tiene yapa: es un impuesto que no pasa por el Congreso.
“Pero es jugar con fuego, pues la inflación es ya muy alta y podría descontrolarse,
con los subsiguientes conflictos sociales”, alerta el profesor.
El
economista Fernando Marengo explica así los beneficios del alza de precios para
el Gobierno: “Sin acceso al mercado de capitales, el financiamiento del déficit
fiscal se realiza vía emisión monetaria. En la medida que estos pesos no son
demandados, el financiamiento del Gobierno no termina de ser cubierto. La
manera en la cual ese financiamiento se logra es vía inflación. Justamente, la
inflación genera demanda de pesos para recomponer, aunque sea parcialmente, el
poder de compra. La inflación nos obliga a todos a tener más pesos en el
bolsillo. De esa forma, el Gobierno logra el financiamiento que requiere y no
consigue de manera voluntaria”.
Esa
masiva transferencia del sector privado al Estado es compulsiva, y a la larga
frena cualquier rebote, porque pocos invierten entre esa incertidumbre. Del
otro lado de la pirámide suma más pobres porque la plata no alcanza.ß
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