Por Juan Strasnoy Peyre - La delegación de funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central que viajó a Washington para acelerar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional comenzó ayer su agenda de actividades. La comitiva, liderada por Sergio Chodos -el representante por Argentina y el Cono Sur en el directorio del organismo-, partió con la tarea de intentar acercar posiciones con el staff del FMI en los puntos de mayor discordia y allanar el terreno para un entendimiento técnico. Así, será una semana clave de cara a la elaboración del programa económico plurianual, que el Gobierno enviará al Congreso.

Fuentes oficiales adelantaron que los debates que se sostengan en las reuniones técnicas se manejarán con suma discreción. Es que implicará una intensa discusión, planillas en mano, entre posiciones distantes en algunos puntos. Aunque las partes destacan avances, el conjunto de las proyecciones elaboradas por Martín Guzmán aún no encuentra aval de una burocracia del Fondo siempre parada en la vereda del ajuste.

Es lo que sugirió la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, el viernes por la tarde antes de la llegada de la delegación, cuando le dijo a Reuters que “todavía queda mucho por hacer” de cara al acuerdo. Con todo, en el Gobierno destacan que las conversaciones están más encaminadas y algunos funcionarios del gabinete económico consideran importante no dilatar el último tramo de negociación ante las presiones cambiarias y financieras. Y desde ambos lados de la mesa destacan que, tras las elecciones, el diálogo se aceleró y la posibilidad de un entendimiento es hoy más palpable.

La perspectiva más ambiciosa dentro del Gobierno es sellar el acuerdo técnico antes de que termine diciembre para luego avanzar en su tratamiento en el Congreso Nacional y en el Directorio del Fondo, donde pesará la decisión política de las principales potencias. Sobre todo la de Estados Unidos, el único país con capacidad de veto en las definiciones especiales del organismo.

Los funcionarios que arribaron el domingo por la mañana a la capital estadounidense partieron con la tarea de achicar la distancia en los principales focos de discrepancia de cara a la elaboración de las proyecciones macroeconómica que acompañarán el programa de Facilidades Extendidas (EFF por su sigla en inglés) que hoy se negocia. Un programa que permitiría refinanciar la deuda de u$s45.000 millones que contrajo Mauricio Macri pero que dejará una tutela permanente sobre la política económica del país durante los próximos años.

Además de Chodos, integran la comitiva el viceministro de Economía, Fernando Morra; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; el subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi; el vicepresidente segundo del BCRA, Jorge Carrera; y el subgerente de Investigaciones del Central, Germán Feldman. No serán ellos quienes firmen un eventual entendimiento ya que esa responsabilidad compete a Guzmán y al presidente de la autoridad monetaria, Miguel Pesce, quienes no viajaron a Washington.

La semana pasada, al hablar ante la CGT, el ministro aseguró que el Gobierno no firmará ningún programa de ajuste, prometió una recuperación más fuerte del poder adquisitivo de los salarios y descartó que el acuerdo incluya una reforma laboral, una de las clásicas exigencias que el Fondo impone en los EFF. Además, reafirmó que se negocia un período de gracia hasta 2026, en línea con la ventana máxima de cuatro años y medio que ofrece esta línea de crédito del Fondo. El plazo máximo para el repago es de diez años.

Por su parte, Pesce habló ante la UIA y aseguró que las discusiones con el FMI no incluyen un salto devaluatorio. Aunque sí confirmó que, “en la medida en que lo permita el proceso inflacionario”, habrá una suba del ritmo de depreciación (que en 2021 corrió muy por detrás de los precios).

Puntos en debate

Los puntos de mayor discordia de cara al acuerdo pasan por el sendero fiscal y, sobre todo, su plan de financiamiento para 2022; el ritmo de reactivación de la economía en los próximos años y, en línea con eso, el ritmo de recuperación de reservas; y el modo en que se buscará reducir la brecha cambiaria. Serán ejes claves de los intercambios de esta semana en Washington con Julie Kozack y Luis Cubeddu, los funcionarios del FMI a cargo de la negociación con el Gobierno argentino.

En el primero de los puntos, Guzmán plantea por ahora un déficit primario del 3,3% del PBI para el próximo año, como incluyó en su proyecto de Presupuesto 2022. El Fondo busca un ajuste más acelerado. Pero, según fuentes oficiales, la discrepancia mayor pasa por cómo financiar un rojo de esas dimensiones. La previsión de Economía era conseguir 2% del producto vía deuda en pesos, 1,1% vía organismos multilaterales y pedirle 1,8% al BCRA. Esta última cifra es rechazada por el organismo, que pide una baja más rápida de la emisión monetaria.

Una de las alternativas en estudio es aumentar el nivel de financiamiento neto desde entidades multilaterales, como publicó Ámbito. Además, según deslizó el ministro en distintas ocasiones y reconocen algunas fuentes oficiales, se negocia la posibilidad de que el FMI reintegre los derechos especiales de giro que el Gobierno utilice para cancelar los vencimientos de capital de este año por cerca de u$s4.000 millones. La consultora 1816 señaló que, según cómo se liquiden esos recursos, en caso de concretarse su llegada permitirían cubrir necesidades financieras por el equivalente a 1% del PBI (o 2% si se vendieran al CCL).

Entretanto, Alberto Fernández le pidió el jueves al organismo que hiciera su evaluación del fallido programa Stand By que firmó Macri en 2018 antes de sellar el nuevo acuerdo. Un programa que incluyó un fuerte ajuste fiscal y monetario pero que no logró los evocados objetivos de bajar la inflación y estabilizar el frente cambiario; que vulneró el propio estatuto del Fondo al financiar un proceso de salida de capitales; y que tuvo un motor político, como reconoció Mauricio Claver-Carone, exdelegado estadounidense en el FMI y actual titular del BID.

Fuentes del Fondo señalaron que el informe de revisión del staff será tratado por el Directorio en la semana del 20 de diciembre ya que la intención es que eso ocurra antes de la aprobación de un nuevo programa. Lo cierto es que se trata de una evaluación de carácter técnico y es una práctica corriente del organismo después de cada acuerdo “de acceso excepcional”, como el que tomó Macri, por lo que difícilmente mueva el amperímetro de la negociación. Aunque su pronto tratamiento por parte del Board parece reafirmar que los tiempos se acortaron.