Por Claudio Zlotnik - La delegación de funcionarios de Economía y del Banco Central que este fin de semana viajará a Washington para intentar el cierre de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional contempla un ajuste de las cuentas públicas y la promesa de una aceleración del "crawling peg" (minidevaluaciones diarias).

Martín Guzmán se quedará en Buenos Aires pero ya sabe que los negociadores del FMI plantearán un mayor ajuste del déficit fiscal. El acuerdo dependerá de que se resuelva la forma de ordenar el desbalance de las cuentas públicas.

También existe la intención de que el FMI reintegre, a lo largo del próximo año, de los pagos realizados por la Argentina a lo largo de este año, unos u$s4.500 millones.

La principal preocupación del ministro es que pueda cumplirse con el objetivo de recomposición de las reservas del Banco Central.

Guzmán confió a su propio equipo, en las últimas horas, que el FMI no le está reclamando una devaluación abrupta -de un solo salto- a pesar de que la brecha cambiaria supera el 100%.

Sin embargo, el compromiso es que el tipo de cambio oficial subirá de forma más acelerada a partir de que se abroche el acuerdo con Washington.

"No se va a recuperar la apreciación de este año", confió el ministro a su equipo de colaboradores.

Los detalles

Eso sí: el compromiso es que el tipo de cambio oficial empiece a subir al ritmo de la inflación, que ahora ronda el 3% pero que en los primeros meses de 2022 podría ser más elevada por la suba de las tarifas de los servicios públicos.

El déficit primario que los funcionarios llevan a los Estados Unidos contempla un 3,3% del PIB. Sin embargo, Guzmán ya sabe que el staff del Fondo reclama un punto menos de rojo. El número, para el FMI debería ser del 2,3%. Por eso será clave la negociación de los próximos días.

Otro punto en conflicto es el tema de las tarifas. Guzmán promueve una recomposición segmentada de las tarifas de luz y gas. El número final de esa suba será escrito al regreso del viaje.

Pero el dato relevante es que los funcionarios le dirán al Fondo que el ahorro fiscal por el aumento de las tarifas sea aplicado a la obra pública. Como ya publicó iProfesional, Cristina Kirchner avala el acuerdo con el FMI a condición de que no haya un ajuste en las inversiones en infraestructura.

Según el ministro, el crecimiento del PIB será del 4% el año que viene, algo que el FMI no termina de aceptar. Los técnicos del organismo creen que a la Argentina le faltan dólares para asegurar la expansión.

Otro punto bajo discusión refiere al financiamiento del déficit fiscal: Guzmán lleva como propuesta que sea a través de créditos de organismos multilaterales (BID, Banco Mundial y CAF). El FMI pone dudas sobre el éxito de este escenario.

Las negociaciones con esos organismos las lleva adelante Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia.

El BID, por caso, objeta el plan de financiamiento ya que los préstamos a la Argentina debilita su calidad crediticia.

La negociación -se sabe- debería desembocar en un acuerdo a diez años de plazo, con cuatro años y medio de gracia.

Con el aval de Cristina y el cierre técnico de la negociación, el Gobierno enviará el acuerdo al Congreso antes de la Navidad. La idea es que la ley salga antes de fin de año.

Tal como adelantó Cecilia Todesca Bocco, economista de confianza de Alberto Fernández y secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la cancillería, el Gobierno pagará el vencimiento de casi u$s1.900 millones con el FMI con los DEGs que el propio organismo envió hace un par de meses.