Por Florencia Barragan - El Poder Ejecutivo buscará impulsar en las sesiones extraordinarias 6 proyectos económicos: promoción de inversiones hidrocarburíferas, fomento al desarrollo agroindustrial, promoción de la industria automotriz y de la movilidad sustentable, desarrollo de la industria del cannabis y compre argentino. Cuentan con un fuerte respaldo del presidente, Alberto Fernández y de los ministros del equipo económico, Martín Guzmán y Matías Kulfas. Sin embargo, analistas económicos afines al oficialismo consideran que el Congreso podría “dormirlos”, debido a distintas miradas económicas dentro de la coalición.

Después del discurso en el día de la militancia, Alberto Fernández aseguró que en el Congreso hay “6 leyes muy importantes para el futuro de Argentina”. Consideró que “garantizan” inversiones en sectores “determinantes”, lo que traerá producción y empleo, y que se dieron en el marco del “consenso”, con discusiones entre el Estado, empresarios y trabajadores en el Consejo Económico y Social, según dijo en una entrevista con P12.

Según datos brindados a Ámbito por fuentes del equipo económico, estos 6 proyectos de ley generarían u$s 105 mil millones en exportaciones, crearían 800 mil puestos de trabajo y traerían inversiones por u$s 2.000 millones, durante la próxima década. El mayor impacto económico, estiman, lo daría la ley agroindustrial y de hidrocarburos. En el Ministerio de Desarrollo Productivo consideran que fomentar sectores competitivos y exportadores, como es el agro, los hidrocarburos y la industria automotriz, permitirá al país “crecer sostenidamente”, y “terminar de una vez con la restricción externa”.

Otro de los defensores de estas leyes es Gustavo Beliz, presidente del Consejo Económico y Social, el ámbito donde se desarrollaron estos 6 proyectos.

Según Beliz, el objetivo es “dar previsibilidad para que los sectores productivos puedan generar inversiones que redunden en mejores fuentes de trabajo, con inclusión social”, según dijo a la agencia Télam. Además, dijo que la clave fue que se consensuaron con “un concepto de alianzas públicas y privadas”, con la mira “en la próxima década”.

Por otro lado, Ámbito consultó a analistas económicos que trabajan en centros de estudio heterodoxos afines al oficialismo, que consideraron que los proyectos podrían “dormirse”, por las críticas que manifiestan algunos sectores de la coalición. Uno de los cuestionamientos tiene que ver con la llamada “estabilidad fiscal”, es decir, establecer impedimentos a cambios impositivos en el largo plazo. “La discusión interna es si la inversión depende de los impuestos”, manifestó un economista que prefirió no ser mencionado.

Relacionado a la estabilidad fiscal, el foco está puesto en la ley agroindustrial, en la relación a las retenciones. Fuentes del bloque de diputados del Frente de Todos cercanas a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner aseguraron que las retenciones “deberían” volver a estar en agenda si continúa la suba de precios internacionales del maíz y la carne, debido al impacto que tendrá en precios internos, y la duda pasa por cuánto se podrían modificar si se “blinda impositivamente” al sector agroindustrial.

Sobre este punto, el investigador Ricardo Aronskind, afirmó: “Las garantías a los sectores no deben pasar por atarle las manos al gobierno en materia impositiva, por las difíciles condiciones de la economía mundial, y porque estamos bajo presión del arreglo con el FMI, que va a requerir que el Estado cuente con ingresos, que no se de dónde va a sacarlos si renuncia a cobrarle impuestos a los sectores más rentables”.

Un analista económico cercano al Instituto Patria aseguró que hay consenso en “definir planes de largo plazo”, pero que el proyecto “más sensible” es el que tiene que ver con hidrocarburos. “La tensión pasa por cuántas concesiones se le quiere dar a las multinacionales para tener una salida exportadora, y la pregunta es si eso no significa firmar un cheque en blanco”, afirmó el economista.

En el Ministerio de Desarrollo Productivo se hicieron eco de estas críticas. Mientras la coalición debate la salida exportadora versus el mercado interno, el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), que depende de Kulfas, publicó un informe sobre “La prima salarial de las firmas exportadoras”, donde indican que la prima salarial en empresas por ser exportadoras es 30% mayor, similar a la prima salarial por tener un título universitario.