Domingo 21 - Por Marcos Buscaglia* - En su discurso grabado en la tarde de las elecciones, el presidente Alberto Fernández dejó varias pistas importantes sobre lo que vendrá en materia económica en lo que denominó la “segunda parte” de su gobierno. Mala elección de palabras; todos sabemos que las segundas partes nunca son buenas.

El Presidente argumentó que es “necesario (…) seguir el camino del ordenamiento de las cuentas del Estado, pero jamás a costa de un ajuste del gasto” y agregó que “el superávit fiscal virtuoso siempre es hijo del crecimiento, no del ajuste.” Luego prosiguió comunicando que “en esta etapa profundizaremos nuestros esfuerzos por llegar a un acuerdo sustentable con el FMI”, problema que definió como el “escollo más importante que enfrentamos”. Relacionado con eso, anunció que “en la primera semana de diciembre enviaremos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que explicite el ‘programa económico plurianual para el desarrollo sustentable’”, que “contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del FMI”. Y aclaró que esta decisión cuenta con el “pleno aval del Frente de Todos”.

Mientras tanto, en los días siguientes a las elecciones el Banco Central mostró continuidades y cambios en el manejo de la política cambiaria, que es uno de los problemas más difíciles que tiene que resolver el Gobierno en los próximos meses. Por un lado, mantuvo la suave depreciación del peso diaria de los meses anteriores a las elecciones, contrariamente a las expectativas de que aceleraría el paso. Es más, en los dos días inmediatamente posteriores a las elecciones, el Banco Central desaceleró el ritmo de devaluación diaria. Otra continuidad fue la introducción de nuevas regulaciones cambiarias, para cerrar canillas por donde el mercado eludía el cepo cambiario.

Pero también hubo cambios con respecto a lo que venía haciendo hasta el domingo pasado. Dejó de intervenir en algunos mercados para contener la brecha, por lo que el dólar MEP sufrió una fuerte apreciación. El objetivo del cambio debe ser dejar de perder reservas para mantener la brecha entre el tipo de cambio oficial y los mercados libres. Hasta septiembre habría usado US$1818 millones de las escasas reservas internacionales para lo que, si fuera el gobierno de Macri, se hubiese llamado “financiar la fuga”, pero que ahora se denomina más técnicamente, en palabras de Martín Guzmán, como “mantener la brecha cambiaria estable”.

Más allá de continuidades y cambios, el objetivo parece ser el mismo: proteger las reservas para llegar a fin de año sin devaluar, y que así “la gente tenga unas fiestas felices”, como quiere el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. También, para esperar el avance en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ahí es donde empiezan los problemas.

Es muy difícil, casi diría imposible, que el ‘programa plurianual’ que el Gobierno pretende enviar al Congreso a inicios de diciembre contenga algún entendimiento con el FMI. Negociar un programa no es tarea sencilla. A diferencia de lo que piensan los economistas del kirchnerismo, en la economía todas las variables están interconectadas. Un acuerdo con el FMI requiere un precisoplaneamientodecomolasvariables fiscales, monetarias, de crédito, del sector externo y de crecimiento e inflación interactúan entre sí. Como diría Cristina, en la economía “todo tiene que ver con todo.”

Teniendo en cuenta cómo fue la negociación de la deuda con el sector privado, lo más probable es que veamos una negociación distinta a la usual con el FMI y, por lo tanto, más larga. En realidad, llamar negociación a lo que ocurrió con la deuda privada es un tour de force. Más bien fue una sucesión de presentaciones unilaterales del Gobierno de lo que creía era un plan sustentable, con muy poco o nulo diálogo con sus interlocutores. Los planes se reajustaban a medida que los acreedores rechazaban las sucesivas propuestas.

El Gobierno terminó ganando por cansancio. En lenguaje kirchnerista, perdió ganando, porque en realidad no logró lo que debería haber sido el principal objetivo de la renegociación: ganar la confianza de los acreedores y reabrir el mercado de deuda para el Gobierno y para las empresas. Esa victoria pírrica tuvo un gran costo para el país: a la hora de financiar el déficit originado en la pandemia del Covid-19, no pudo acceder al mercado de deuda voluntaria como todos los países del mundo, y tuvo que recurrir al financiamiento inflacionario, el más costoso para las familias de bajos ingresos.

Así, es muy probable que más que un entendimiento con el FMI, el ‘programa plurianual’ contenga el plan que el Gobierno pretende firmar con el FMI. Y es probable también que, igual que los presupuestos que presentó esta gestión ante el Congreso, el plan plurianual sea solo una expresión de deseos, muy distantes de la realidad que se avecina.

Ahora, supongamos por un instante que el FMI esté dispuesto a aceptar cualquier programa que le presenten. Lo que quiero demostrar con este argumento en los próximos párrafos es que el principal escollo para el Gobierno no es el préstamo con el FMI, como dice el Presidente, sino los propios argentinos. El principal problema que enfrenta el gobierno es hacer que los argentinos confiemos en nuestra moneda, evitando querer comprar dólares a toda costa, y en nuestro futuro, haciendo que las empresas inviertan y contraten personal, para que el país vuelva a crecer después de más de una década de estancamiento.

¿Qué escollos macro enfrenta para lograr estos objetivos? Entre otros, un déficit fiscal muy alto, que se financia con emisión monetaria y que, por lo tanto, ha generado una elevada inflación, al mismo tiempo que existe una presión impositiva insostenible para el sector productivo; pocas reservas internacionales y un tipo de cambio oficial atrasado y al mismo tiempo con una brecha muy grande, una combinación que estimula las importaciones y desestimula las exportaciones.

Es decir, cualquier plan que quiera convencer a los argentinos tiene que, al mismo tiempo, corregir las distorsiones cambiarias, bajar el déficit fiscal y bajar la presión impositiva. El problema es que, según expresiones del propio Gobierno y según trascendidos, su objetivo sería reducir el déficit fiscal primario en solo un punto del PBI en 2022, al 3%, en parte sobre la base de subas de impuestos. También, en sus propias palabras, busca evitar una devaluación del peso.

Esta combinación tiene varios problemas. Un déficit primario de 3% del PBI implicaría, según números del presupuesto, una emisión para financiar el déficit de más de 1,1 billones de pesos en 2022. Esta emisión le seguiría a los 2 billones emitidos en 2020 (7,4% del PBI) y a los cerca de 1,6 billones que terminará emitiendo este año (3,7% del PBI). Más emisión implica más brecha y más inflación. Implica también más emisión de Leliq para esterilizar parte del impacto en precios, alimentando una bola que está carcomiendo el crédito de los bancos al sector privado. Sin devaluación del peso ni un corte más fuerte a la emisión, la brecha seguirá elevada y, por lo tanto, las exportaciones no dinamizarán la economía. El sector productivo se vería presionado, además, por la falta de crédito, por una inflación creciente e incierta y por una mayor presión impositiva.

Así, aunque el Gobierno piense que le estaría ganando al FMI, en realidad estaría perdiendo. ß