Por Pablo Sieira - Luego de la derrota que sufrió el oficialismo en las elecciones legislativas, el presidente Alberto Fernández lanzó un operativo político que apunta a recuperar la iniciativa frente a una oposición empoderada por el mensaje de las urnas, que sale a disputarle la agenda desde el Congreso, donde el Frente de Todos ya empezó a trazar una hoja de ruta.

El operativo post derrota tuvo dos fases hasta ahora. Una fue el acto del Frente de Todos que el Presidente encabezó en Plaza de Mayo por el "Día de la militancia" y la otra, menos espectacular pero políticamente más importante, fue la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso detrás de la cual está el tantas veces mencionado "llamado al diálogo con la oposición".

En lugar de convocar a sesiones extraordinarias, el Gobierno extendió el período parlamentario vigente. La diferencia entre una cosa o la otra es que, en el primer caso, el Poder Ejecutivo fija un temario y no se puede tratar ningún proyecto por fuera de él salvo que el Gobierno decida hacer incorporaciones, mientras que de la manera elegida, el temario queda abierto y a criterio de los bloques parlamentarios.

Por ello la Casa Rosada presentó esta extensión de las sesión ordinarias como un gesto hacia la oposición para mostrar voluntad de diálogo y búsqueda de consensos en torno a diversos temas. En cambio, en la bancada oficialista de Diputados señalaron a iProfesional razones tácticas: reconocen que el recambio legislativo del próximo 10 de diciembre les hará más difícil conseguir el quórum.

Esto es clave porque la agenda de temas que impulsa el Gobierno para la nueva etapa, encabezada por el "programa económico plurianual" que, según Fernández, reflejará los alcances de un acuerdo con el FMI, quedará probablemente en medio de la renovación de bancas: empezará a tratarse con la conformación actual y continuará con la nueva.

Sin quórum

En esa nueva configuración determinada por las elecciones del 14 de noviembre, el Frente de Todos estará casi empatado en cantidad de bancas de la Cámara de Diputados con Juntos por el Cambio, sin que ninguno tenga mayoría, y no tendrá garantizado el quórum propio tampoco en el Senado, donde necesitará aliados que no abundan.

El Gobierno se vio entonces obligado a tratar de abrir el juego y permitir que la oposición proponga sus proyectos para iniciar las negociaciones y el "toma y daca" en torno a la agenda que plantea el oficialismo y que, además del "programa económico plurianual", incluirá la nueva ley agroindustrial, la ley de compre argentino y la ley de industria automotriz, entre otros temas.

Por su parte, los dirigentes de Juntos por el Cambio remarcan la victoria que obtuvieron sobre el oficialismo en más de la mitad del país y cuestionan que el Gobierno no los consultó sobre la prórroga de sesiones del Congreso, en una primera muestra de que están decididos a marcarle la cancha al Frente de Todos con el músculo parlamentario que sacaron en las últimas elecciones.

No obstante, entre los referentes del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y los nuevos aliados liberales como Ricardo López Murphy ya hay conversaciones sobre los pasos a seguir, con la mira puesta en el "programa económico" que apunta a encauzar un acuerdo con el FMI.

La primera condición de Juntos por el Cambio para sentarse a discutir ese proyecto es ver el detalle, cuáles son las metas fiscales y económicas que propone. La segunda es el apoyo explícito de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"A nosotros nos ha llegado que el acuerdo con el Fondo está casi cerrado y que hay algunas partes que Cristina ya conoce, pero otras partes, referidas a reducción del déficit y otros temas, que ella todavía no conoce, y ahí están las dudas", señaló a iProfesional uno de los dirigentes de la Mesa Nacional que lidera la coalición opositora.

Además, en el interbloque opositor no tienen todavía en claro la relación entre ese proyecto y el Presupuesto 2022 que, según afirman, está congelado en la Cámara de Diputados desde septiembre "por obra del propio oficialismo, de La Cámpora".

Según comentó el dirigente a este medio, el anuncio de Fernández sobre el "programa económico plurianual" no se trató en profundidad durante la primera reunión post elecciones de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio pero hubo una posición compartida respecto de ser cautos, más allá de las críticas y chicanas públicas.

Una de las razones, según deslizó la fuente consultada, es que luego del triunfo en las legislativas Juntos por el Cambio se siente cerca de volver a gobernar en 2023 y lo que ocurra entre la administración que comparten Alberto Fernández y Cristina Kirchner y el FMI repercutirá en lo que ellos recibirán si cumplen su objetivo dentro de dos años.

Si el plan tiene efectivamente el visto bueno del FMI, la oposición es proclive a acompañarlo. Y es que, sobre la suposición de que el eventual acuerdo con el Fondo podría contemplar un plan de ajuste, hay algunos dirigentes de la coalición opositora que consideran que no les "vendría mal" que el Gobierno "haga el trabajo sucio" en los próximos dos años.

En ese sentido, los dirigentes opositores evitan lanzar pronunciamientos enfáticos frente al "programa económico plurianual" que el Gobierno enviaría entre fines de noviembre y principios de diciembre, y se limitan a remarcar que quieren ver primero el proyecto y luego discutir.

Fueron precisamente los más "duros" de la coalición los que dejaron ver esta postura más cauta, como la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien sostuvo que "el voto popular puso a Juntos por el Cambio en una posición muy importante en el Congreso, por lo tanto eso será debatido allí".

El otro fue Miguel Pichetto, el ex compañero de fórmula de Mauricio Macri, quien señaló: "No nos parece mal que el Presidente elabore un programa, un camino y un rumbo y lo envíe al Congreso para ser discutido".

Respecto del resto de la agenda que el Gobierno quiere tratar en el Congreso de aquí al 31 de diciembre, habrá negociaciones. Juntos por el Cambio pedirá el tratamiento de iniciativas propias como la eliminación de impuestos a pymes que tomen jóvenes de entre 18 y 35 y proyectos relacionados con la seguridad.

Sin embargo, el primer movimiento del kirchnerismo en el Congreso ya puso en alerta a la coalición opositora frente a lo que viene, porque la bancada oficialista busca aprobar antes del recambio parlamentario del 10 de diciembre un paquete de 116 decretos de necesidad y urgencia (DNU) que esperan validación del Congreso.

Juntos por el Cambio ya anunció su "rechazo absoluto" a todos ellos porque entiende que el Frente de Todos quiere aprovechar la mayoría que todavía tiene en el Senado para aprobar, sin diálogo alguno, esos decretos antes del 10 de diciembre.

Con su rechazo, la oposición dio una primera señal en el sentido de que, en adelante, no habrá acuerdo posible si el oficialismo toma el camino de las decisiones unilaterales. La idea es hacerle sentir al Gobierno que ya no tiene el número suficiente y tampoco el respaldo electoral con el que llegó en 2019.