Por Pablo Wende - La decisión que tomó ayer el Banco Central de dejar de intervenir para controlar el tipo de cambio bursátil (conocido como dólar MEP) representa un fuerte cambio en la política cambiaria que venía desarrollando la entidad. Aunque nadie sabe si esto será transitorio o definitivo, la elección del titular de la entidad, Miguel Pesce, es priorizar la acumulación de reservas, pero a costa de permitir una mayor flotación del dólar implícito en las cotizaciones bursátiles.

La decisión de ayer trajo consecuencias inmediatas. El dólar MEP subió desde $ 180 (que era el valor “subsidiado por el Central) hasta $ 200. Se trató de una fuerte devaluación pero que igual no sorprendió a nadie. Ahora este tipo de cambio desplaza al denominado dólar Senebi, en referencia a la operatoria que se desarrolla estrictamente entre privados, sin intervención del BCRA. Y además queda prácticamente al mismo valor que el dólar libre, que ayer también cerró al borde de los $ 200.

Las diferencias de cotizaciones que artificialmente mantenía el BCRA habían permitido arbitrajes millonarios entre los operadores en los últimos meses. Era creciente la cantidad de inversores que compraban dólares MEP y luego lo vendían en el Senebi (mercado de bonos sin intervención del Central), llegando a obtener diferencias superiores al 10% en dólares en cuestión de horas. Ese “rulo”, un poco más sofisticado que comprar en el oficial y vender en el mercado informal, le costó cientos de millones de dólares en reservas al BCRA.

El Banco Central dedicó una verdadera fortuna para evitar que el dólar implícito se mantuviera relativamente bajo control, aunque muy lejos del oficial. Según estimó el economista Fernando Marull, desde octubre de 2020 hasta la fecha, la venta de reservas para conseguir ese objetivo llegó a los USD 2.500 millones. El resultado está a la vista: no evitó en lo más mínimo el aumento de la brecha cambiaria, que volvió a niveles del 100% en relación al tipo de cambio oficial.

Justamente una de las principales premisas del FMI es evitar la intervención de los bancos centrales para sostener un tipo de cambio artificial. A su vez esto debería ayudar para otra de las políticas clásicas del organismo cuando cierra un acuerdo con países miembro: promover la acumulación de reservas, que se transforman en una línea de contención ante eventuales crisis propias o externas.

El cambio de estrategia le permitió al Central finalizar con un saldo comprador de USD 50 millones. Y el objetivo sería continuar acumulando en diciembre, cuando ingresan los dólares de la cosecha fina, que podría llegar a un récord superior a los USD 3.000 millones.

Acumular reservas, por otra parte, le permitiría al Gobierno avanzar con un ajuste suave del tipo de cambio oficial y evitar una devaluación brusca. El aumento en la tasa de ajuste del dólar oficial es algo que la mayoría de economistas y consultoras consideran inevitable en el corto plazo. Pasaría de 1% mensual que mantuvo a lo largo de 2021 a una tasa más cerca al 2,5% ó 3% por mes, acercándose a los niveles de la inflación minorista.

La normalización del mercado es hoy inviable, al menos mientras continúen los altos niveles de desconfianza por parte de los inversores. Liberar el tipo de cambio implicaría aceptar una fuerte devaluación, que generaría un salto mayor en precios y en los niveles de pobreza.

Uno de los puntos centrales del acuerdo con el Fondo incluirá el capítulo cambiario. Sin embargo, difícilmente se podrá satisfacer al organismo en la idea de ir hacia un tipo de cambio flotante y un mercado único, saliendo de los tipos de cambio múltiples que de hecho existen hoy.

Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo los dólares alternativos quedaron alineados, por lo que en la práctica existirían dos cotizaciones. La oficial, reservada para operaciones de comercio exterior y pagos de deuda hasta los estrictos límites estipulados por el BCRA, y por otro lado el dólar financiero por el cual es posible atesorar y también girar al exterior.

En las próximas semanas debería haber avances entre el staff del organismo y el equipo económico para sentar las principales bases de lo que sería un acuerdo, incluyendo metas fiscales y monetarias. Luego se presentaría dentro del denominado “programa económico plurianual” que según Alberto Fernández se enviaría al Congreso a principios de diciembre.