Por Carlos Burgueño - El proyecto de ley que el Gobierno enviará al Congreso la primer semana de diciembre sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), incluirá algunos (no todos) los capítulos del Facilidades Extendidas cuya negociación aún está incompleta. Y que demandará, tal como adelantó este medio, el cierre de dos capítulos importantes: la discusión vía board del organismo para aprobar (o no) la reducción de las tasas de interés del 4,05% a 1,05% y la discusión sobre cuál será el contenido de la reducción del gasto o el incremento de los ingresos para lograr el equilibrio fiscal.

Esto implica que se descuenta una realidad: el acuerdo demorará al menos hasta febrero del año próximo. No podrá ser antes. No dan los tiempos, aún poniendo voluntad extrema. Lo máximo a lo que se puede aspirar es a que el proyecto de ley contenga algunos de los aspectos del Facilidades Extendidas. Incluso algunos importantes como las metas fiscales que el país deberá cumplir. Esto derivará en una realidad innegociable: Argentina deberá cumplir en tiempo y forma con el pago de los u$s1.800 millones correspondientes a la segunda liquidación del año del stand by firmado en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri; dinero que saldrá de los fondos que el propio organismo giró en agosto pasado correspondientes a los Derechos Especiales de Giro (DEG) por un total de u$s4.350 millones.

Como se trata del segundo pago comprometido (el primero fue el 30 de septiembre por la misma cantidad), de los dólares que el FMI envió este año para, teóricamente, ejecutar política activa; sólo le quedarán disponibles al gobierno unos u$s750 millones. Tampoco puede entusiasmarse el Gobierno por ese exiguo dinero restante. En enero le deberá pagar también al Fondo Monetario unos u$s738 millones; con lo cual sólo quedarían en caja unos 12 millones de dólares. Y así se habrán ido los DEG.

Luego, en febrero, será otro mes complicado. Se le deberán liquidar al FMI otros 379 millones de dólares y otros u$s195 millones al Club de París, por el acuerdo cerrado en junio de 2022 y que implicaba dos pagos antes de la liquidación final de marzo 2022 de 1.900 millones de dólares. Estos tres últimos pagos podrían no tener que ejecutarse, si para febrero del próximo año se cerrara el Facilidades Extendidas. Esta es la intención del Ministerio de Economía de Martín Guzmán. Que todos los vencimientos con el FMI y el Club de París desde febrero en adelante pasen a ser renegociados, y queden fuera de agenda hasta después de 2026. Para esto, otra vez, es indispensable cerrar el Facilidades Extendidas antes de marzo de 2022. El esquema más realista es que haya que liquidar los 1.800 millones de dólares de fin de año y, si las negociaciones avanzan ya comenzado 2022, especular con incorporar el resto de los vencimientos al nuevo Facilidades Extendidas y, ya con una Carta de Intención firmada, abrir un nuevo esquema de conversaciones con el Club de París para también prorrogar los pagos a ese organismo. En definitiva, tanto ante el FMI como el Club de París, los acreedores son los mismos: los principales países desarrollados del mundo, a los cuales Argentina les debe dinero en todas las variables posibles.

Financiamiento

Lo que pasará además mientras el Gobierno sostiene las discusiones con el Fondo, es que el resto de las fuentes de financiamiento de los organismos financieros internacionales permanecerán activas. Tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF continuarán con sus líneas abiertas. Mientras tanto, en los próximos días, desde Buenos Aires se retomarán las líneas de conversación con el staff técnico del FMI para establecer una nueva ronda de intercambio de información entre Buenos Aires y Washington.

Ya el esquema será diferente a todo lo experimentada hasta aquí en las largas ruedas de negociaciones entre Argentina y el organismo. Ahora las discusiones serán sobre la base que el país está a punto de cumplir una de sus promesas: la de establecer una línea política con la oposición para que un Facilidades Extendidas tenga apoyo de la clase política local; algo que en la cumbre del G20 de Roma se habló directamente con los negociadores del Fondo. Habrá que reabrir otro capítulo en paralelo: el criterio que quiere imponer el gobierno de Alberto Fernández de evitar un ajuste en el gasto público, y lograr un equilibrio gradual del déficit fiscal a través de la mejora en los ingresos en lugar de una reducción de los egresos. Martí Guzmán tendrá que ser convincente. Por lo que se sabe, el FMI desconfía de este tipo de propuesta. Hace algunos años se la rechazó a Grecia. Tampoco tuvo suerte Ucrania. Habrá que ver que argumentos utiliza la Argentina para torcer la historia.