Por Mariano Boettner - El día después de las elecciones legislativas de este domingo seguirá con una agenda económica que incluirá el tratamiento del Presupuesto 2022 en el Congreso, demorado desde mediados de septiembre, la continuidad de la negociación con el Fondo Monetario para reestructurar la deuda antes de marzo y un monitoreo de dos variables clave: el dólar y la inflación.

Más allá del resultado de los comicios del 14 de noviembre, el Gobierno piensa seguir adelante con su hoja de ruta de política económica. La derrota electoral en las primarias de septiembre forzó al equipo económico a trabajar en un paquete de medidas para reforzar los ingresos de los hogares. La tensión política dentro de la coalición por el resultado electoral puso sobre la mesa en los últimos meses una discusión abierta sobre la dirección de la gestión de la economía.

La vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionó la ejecución presupuestaria del ministro de Economía Martín Guzmán y reclamó en público una aceleración del gasto estatal. El jefe del Palacio de Hacienda defendió el sendero fiscal que eligió para la primera parte del año, en que estuvo incluso cerca del equilibrio fiscal, y negó que se trate de un ajuste.

Esas tensiones provocaron, entre otras cuestiones, que el proyecto de Presupuesto 2022, que fue presentado días después de las PASO y en pleno terremoto en el Frente de Todos por las renuncias masivas en el gabinete y la renegociación de espacios de poder en el Gobierno. El tratamiento parlamentario de ese proyecto, que tradicionalmente comienza días después de su llegada al Congreso, quedó congelado, en ese momento sin fecha de inicio.

Más o menos públicamente, algunos referentes del oficialismo cuestionaron algunos de los puntos centrales de la ley de leyes, como cuál será la reducción del déficit fiscal el año próximo o la política tarifaria y el recorte de los subsidios a las boletas de energía para los domicilios.

El Presupuesto 2022 podría comenzar a ser tratado dos días después de las elecciones parlamentarias. EFE/David Fernández

Ayer el jefe de la bancada oficialista en Diputados Máximo Kirchner volvió a machacar sobre la cuestión fiscal y habló de personas que “parecen enamorarse de los números macro de la economía” y dijo que “si esos números no se traducen en beneficios para el pueblo serán beneficiosos solo para una minoría”.

“Después de tanto ajuste macrista, de tanta muerte y dolor que generó la pandemia les pido que nos demos una oportunidad para cumplir lo que le prometimos en 2019 a los argentinos y argentinas: que los números cierren con la gente adentro”, insistió.

Con todo ese contexto, el tratamiento del Presupuesto, según explicaron a Infobae fuentes del oficialismo en la Cámara baja, se retomaría a partir del martes próximo, ya con el resultado puesto de las elecciones. No tendrá lugar todavía el plenario de comisiones, sino que comenzará con reuniones preliminares antes de que Guzmán tenga que defender el proyecto en público. En el ministerio de Economía aguardan por la invitación de las autoridades de la cámara.

Además del Presupuesto, la agenda económica de Guzmán seguirá con una serie de proyectos de ley que el equipo económico presentó en el Congreso y que esperan tratamiento. Entre ellos, el de promoción de inversiones hidrocarburíferas, y otras iniciativas sectoriales para la agroindustria, electromovilidad y automotriz.

En el frente externo aparece la restructuración de la deuda, tanto con el Fondo Monetario Internacional como con el Club de París, un proceso de negociación que, admiten los funcionarios del equipo económico, no debería extenderse más allá de marzo, que fue el plazo preliminar que acordó el Gobierno con ese consorcio de naciones acreedoras como “puente de tiempo” para encaminar el acuerdo con el FMI.

En el medio de ese trayecto, además, el Poder Ejecutivo deberá realizar más pagos al organismo con los derechos especiales de giro (DEG) que el Fondo envió en agosto al país como parte del reparto general que hizo a sus socios de USD 650.000 millones. A la Argentina le correspondieron USD 4.300 millones que fueron utilizados un mes después para un primer pago de capital al FMI.

Los próximos meses serán clave para la resolución de un acuerdo con el FMI. Y en diciembre tendrá lugar el vencimiento otros USD 1.900 millones. De no mediar la firma de un programa de facilidades extendidas (EFF) como el que negocia Guzmán desde hace más de un año, el Estado argentino debería repagar cerca de USD 20.000 millones a partir de 2022, una suma imposible de afrontar con un nivel de reservas como el que tiene el Banco Central en la actualidad.

Las presiones cambiarias son parte de las preocupaciones oficiales. Desde el equipo económico aseguran que no hay riesgos ni condiciones para que después de las elecciones de noviembre haya un salto devaluatorio, una idea sobre la que repiquetea Guzmán de manera habitual.

En las últimas horas, en una reunión con empresarios en Chubut, el jefe del Palacio de Hacienda afirmó que “el Banco Central no ha perdido reservas. De hecho, las ha acumulado”. “El año pasado, cuando la brecha cambiaria llegó a ser del 150%, había muchas voces diciendo que iba a haber un enorme salto devaluatorio. No sucedió”, mencionó.

 “Nosotros tenemos la posibilidad de dar continuidad a la política cambiaria, y no tenemos ninguna duda al respecto”, expresó el funcionario. “En un contexto electoral, hay quien quiere generar un ambiente de ansiedad, pero la única verdad es la realidad, y la realidad es que tenemos condiciones para sostener el camino que iniciamos y lo vamos a hacer”, sentenció Guzmán.

Tal como explicó Infobae, el Gobierno sostiene un plan a cinco puntas para evitar una escalada en el dólar. En primer lugar, negociar con fondos externos para evitar una presión adicional sobre el “contado con liqui”, cuya cotización, creen en el oficialismo, está influida en parte por la salida desde sus posiciones en pesos hacia el exterior.

Por otro lado, mantener a raya el dólar mayorista administrado por el Banco Central, que ya superó los 100 pesos. Guzmán mencionó que esa cotización debería terminar el año con un porcentaje de actualización cercano al 25%, mientras en lo que va del año acumula un avance de 18,1 por ciento.

El Gobierno insiste en que no ve condiciones para un salto devaluatorio post elecciones. Foto de archivo. EFE/David Fernández

En tercer lugar, aparecen las intervenciones oficiales en las cotizaciones paralelas en el mercado financiero, que según fuentes oficiales no llegan a los 10 millones de dólares diarios, como mucho. En cuarto lugar, el Gobierno se recuesta en una mejora en las condiciones externas y un incremento en las exportaciones y, por último, el entramado de controles cambiarios y restricciones a las importaciones.

La pelea contra la inflación también aparece en la hoja de ruta. El Gobierno puso en marcha una serie de congelamientos de precios como respuesta a los índices más elevados de lo que esperaba a esta altura del año. Guzmán había advertido que el camino de desaceleración de la inflación que comenzó en marzo podía tener un bache, pero una aceleración de precios de esta magnitud puso en alerta al Poder Ejecutivo.

En una entrevista reciente, el ministro de Economía planteó que la inflación “no se puede atacar con un shock” y aseveró que “llevará tiempo ir reduciendo la inflación a los niveles adecuados para el funcionamiento del sistema económico”, dijo.

En ese marco, el Gobierno busca asegurarse de que el 2021 no termine por ser el cuarto año consecutivo en que los salarios terminen por abajo de la inflación. Ese fue el objetivo que se planteó el equipo económico una vez que la proyección de precios que había hecho en el presupuesto -de 29% anual- quedó vetusta.

En lo que va del año, según los datos del Indec, el índice de salarios promedio supera por poco al ritmo de precios, que en los primeros ocho meses acumuló un 32,3% de aumento, mientras los ingresos crecieron nominalmente un 33 por ciento. Hay, de todas formas, realidades distintas hacia el interior de ese número: los empleados registrados privados superan a los precios por cuatro puntos porcentuales, mientras los informales pierden por casi 13 puntos.