Por Federico Vacalebre - A pesar del cuasi congelamiento de tarifas, el cepo y un dólar oficial que sólo subió 17,8% en lo que va del 2021, la inflación arrojó, en el mes de
septiembre, un 3,5%, respecto de agosto, acumulando en los primeros 9 meses del
año un 37%. En los últimos 12 meses la inflación alcanzó el 52,5%, siendo este
el mayor guarismo desde enero de 2020. Por otra parte, es el mayor registro inflacionario desde marzo pasado (4,8%
mensual). La falta de un plan macroeconómico de estabilización hace
que cualquier medida destinada a recomponer el salario real se termine licuando
en términos nominales.
Anclar
el dólar oficial como instrumento para controlar la inflación no estaría
funcionando ya que, en lo que va de 2021, subió 17,8% mientras que la inflación
fue de 37% (hasta septiembre). En efecto, el mes pasado el dólar
oficial subió solo 1% y la inflación fue de 3,5%. De profundizarse
el atraso cambiario, el riesgo es que sea imperante una corrección
tarde o temprano para evitar que el BCRA se quede sin reservas netas. Con
este escenario, es muy complejo que en los próximos meses la tasa de inflación
baje.
Tomando
el último dato de septiembre, la inflación núcleo subió 3,3% mensual (0,2
puntos porcentuales por debajo de la inflación general). Mientras que, por su
parte, los precios estacionales tuvieron un alza del 6,4% y los regulados
subieron 3% mensual. En otras palabras, en los últimos 12 meses, la inflación
núcleo acumuló una suba de 57%. Lo cierto es que los componentes de
la inflación siguen teniendo una dinámica muy heterogénea ya que, en
septiembre, la inflación de los bienes (IPC-Bienes) acumuló 56,4% interanual.
Casi 4 puntos más que la inflación general. Mientras que, asimismo, el
IPC-Servicios trepó el 42,9%. Esta diferencia responde a las tarifas de
servicios regulados. Algo similar pasa con la inflación núcleo, los
precios estacionales y los precios regulados. La inflación núcleo
tuvo una variación interanual de 57%, los precios estacionales 50,8% y los
precios regulados 38,6%.
En
sí, la distorsión en los precios relativos y las velocidades a
las que se ajustan los precios son una medida de la inflación reprimida. Es
decir, que en el futuro podrían tener un impacto inflacionario (si se opta por
corregir esas distorsiones). Esto también es parte del cuadro que complejiza la
posibilidad que la inflación baje en los próximos meses. De sostenerse esta
tendencia y esta dinámica, es probable que la inflación interanual termine el
2021 en 51,6%. Y se mantendría, todo el segundo semestre de 2021, arriba del
50%.
De
cara a las próximas elecciones, se aceleró el impulso fiscal para intentar
achicar la diferencia. Dicho plan podría llegar a ser de hasta 0,4% del PBI
($168.000 millones). Pero para el mercado será financiado con emisión
monetaria. Si bien es muy difícil que revierta la dinámica del consumo interno,
esto tiene un impacto negativo por el lado de las expectativas ya que propicia
una aceleración inflacionaria y una mayor tensión cambiaria en los próximos
meses. En términos monetarios, este plan podría tener un costo
fiscal estimado entre 0,3% y 0,4% PBI (entre $126.000 y $168.000 millones). Es
un impulso fiscal muy acotado y aún se sigue manteniendo dentro la meta de
déficit fiscal primario (debajo del 4% del PBI).
En
síntesis, a partir de la lectura que se hace sobre la inflación y las
inyecciones monetarias, se comienzan a disparar las cotizaciones de los dólares
alternativos y del dólar blue, cae la demanda de pesos y se profundiza el
proceso de dolarización (típico de los años electorales). El proceso de “desinflación”, que comenzó en abril (tras una
inflación de 4,8% en marzo de 2021), al costo de un mayor atraso cambiario,
parece haber llegado a su fin. Con el riesgo de que una corrección
del tipo de cambio oficial, como parte de las negociación con el FMI, acelere
aún más los precios en el corto plazo.
(*)
Profesor de la Universidad del CEMA.
|