Por Sofía Diamante - La Secretaría de Energía creó ayer un fondo que se
nutrirá de las retenciones a las exportaciones de energía eléctrica y servirá
para financiar obras de infraestructura.
En la resolución 1029/2021, la cartera que dirige Darío Martínez también
estableció un “reconocimiento adicional y transitorio” en la remuneración de
las centrales termoeléctricas más antiguas, que aportan el 60% de la generación
total de energía eléctrica. Sin embargo, no se dieron precisiones de cuánto
será el incremento ni a partir de cuándo regirá. “Será definido por esta
Secretaría mediante las instrucciones regulatorias correspondientes”, indicó el
texto.
“A partir de las transacciones económicas del mes de septiembre de 2021,
los ingresos recaudados por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico (Cammesa) provenientes de las operaciones de exportación de energía
eléctrica, previa deducción de los costos incurridos para abastecer esas
exportaciones, como combustibles, generación, transporte y cualquier otro costo
asociado, serán acumulados en la cuenta de exportaciones del fondo de
estabilización del mercado eléctrico mayorista (MEM)”, dice el segundo artículo
de la resolución.
Luego señala que el fondo tendrá como destino “el financiamiento de
obras de infraestructura energética y serán asignados según lo establezca
oportunamente esta Secretaría mediante las instrucciones regulatorias
correspondientes”. El Gobierno no dio mayores precisiones ni comunicó a las
empresas su decisión.
Aumento para
generadoras
Cuando asumió el Gobierno en diciembre de 2019, una de las primeras
medidas que tomó en febrero siguiente fue la de pesificar la tarifa de un
segmento de las generadoras eléctricas e indicó que se iba a actualizar ese
valor de manera mensual sobre la base de la inflación. Sin embargo, al mes
siguiente llegó la pandemia y ese procedimiento quedó suspendido. Recién este
año, la Secretaría autorizó un aumento a partir de febrero del 29%, cuando el
año pasado el índice de precios había sido 36%.
Si bien, en el año, la inflación acumula un incremento de más del 37%,
el Gobierno no dio otra actualización de tarifas a las empresas alcanzadas,
como Enel, AES, Pampa Energía y Central Puerto, entre otras.
Actualmente, los usuarios residenciales de todo el país pagan en
promedio solo un 25% de lo que cuesta la generación eléctrica. Según el proyecto
de presupuesto que envió el ministro de Economía, Martín Guzmán, al Congreso,
el objetivo para el año próximo es que los usuarios del servicio eléctrico
paguen un poco más por el costo de generación y lleguen a cubrir el 43% del
total. En números: hoy mantener el sistema eléctrico cuesta alrededor de
US$9000 millones anuales, de los cuales el Estado financia US$6000 millones con
subsidios.
Si bien el costo de la generación eléctrica podría reducirse el año
próximo si hay un alivio en la sequía y mejora la generación hidráulica (que es
la más económica de todas las formas de generar electricidad), aun así el costo
del precio estacional que pagarían los usuarios debería aumentar 50% en dólares
para que se cubra el 43% que desea el Ministerio de Economía.
Como el costo de generación implica alrededor de la mitad de la tarifa
eléctrica (la otra parte es distribución e impuestos), el precio final del
servicio debería subir 30%. Este incremento no tiene en cuenta los costos que
implicaría una devaluación de la moneda (ya que es un sector dolarizado), ni el
aumento adicional que habría si además se actualiza el segmento de
distribución.
Este invierno, el costo de la generación eléctrica se disparó a $8252 el
MWh (US$85), el doble de los $4508 que costó la energía en el mismo mes de
2020. Esto está explicado en parte por la caída de 34% de la generación
hidroeléctrica (producto de la sequía), que es más económica. Además, si bien
el Gobierno lanzó a fines del año pasado el Plan Gas, la puesta en marcha del programa
de estímulo llegó tarde para los meses más fríos del año y no evitó la
declinación en la producción, como era el objetivo. Por lo tanto, por la menor
disponibilidad de gas local, el Gobierno debió aumentar las importaciones de
combustibles líquidos, que son más caros.