Por Carlos Burgueño - La insistencia de la Argentina en conseguir una rebaja en las tasas de interés que se apliquen en un eventual Facilidades Extendidas (EFF) no es un capricho. El ahorro que implicaría para el país en los 10 años que duraría el acuerdo que se firme con el FMI sería de u$s1.000 millones anuales (u$s10.000 millones en total). Pero, como se trata de intereses y no de capital, ese dinero debería ser liquidado todos los años que dure el acuerdo; comenzando por el semestre posterior a la firma del EFF.

Por ejemplo, si Argentina lo firmara en el primer trimestre de 2022, el primer pago de esos u$s1.000 millones debería ejecutarse antes que termine el mismo año. En términos porcentuales, la reducción de los intereses que reclama el Gobierno implica que el costo del plan de pagos a 10 años que se cerraría con el FMI, pase del 4,05% que se le cobra a los países que no cumplen en tiempo y forma con las normas dispuestas; a un 1,05% máximo que es el costo para los estados que tienen buenas conductas.

Como Argentina incumplió de manera doble (no logró completar el programa del stand by vigente firmado en 2018 y tomó dinero por encima de lo que podía); para el staff del FMI no caben dudas: debe pagar el 4,05%.

Lo que reclaman Alberto Fernández y Martín Guzmán, es que esos “sobrecargos” no se le apliquen al EFF que se negocia; dado que fue el propio FMI el que debe hacerse responsable en haber habilitado un préstamo por más de u$s57.100 millones, de los que se hicieron efectivos u$s44.700 millones; sabiendo que Argentina era un estado que no podría haber recibido semejante cantidad de dinero.

La tesis que el Presidente y su ministro de Economía están paseando por el mundo es que la rebaja de la tasa debe ser el precio conjunto que los dos actores de esta historia deben pagar por el muy irregular stand by de 2018. El 1,05% es la tasa mínima que aplica el FMI y que, a según su mirada, muestran al mundo planes financieros, monetarios y macroeconómicos sustentables. Obviamente Argentina en su rol de moroso recurrente está excluida del beneficio, y la intención de Guzmán es lograr la masa crítica para que se apruebe aplicar al futuro acuerdo que negocia el país las tasa para los estados que tienen las cuentas en orden.

El cálculo que deberá hacerse para mensurar lo importante que sería reducir la tasa es el siguiente. El FMI le cobra al país por el stand by firmado por el Gobierno de Macri un 2,05% más dos puntos porcentuales extra por el exceso de dinero otorgado por superar el límite autorizado por la cuota que le correspondería. Esto fue negociado en el primer semestre de ese año por el ministerio Nicolás Dujovne, y renovado cuando se extendió el acuerdo en julio de 2018.

Al no poder cumplir el país el primer stand by firmado, y necesitar una renegociación de plazos y montos a otorgar, llegando al préstamo record del organismo, la entonces titular Christine Lagarde negoció elevar el crédito. En total el stand by le costaba al país un tasa del 3,05% anual. Sin embargo, al no poder cumplir en tiempo y forma, automáticamente el FMI debe cobrar una tasa del 4,05% por los u$s44.700 millones que debe renegociar en un EFF.

Según la visión nacional, la reducción de la tasa es compatible con un acuerdo del tipo EFF. Las diferencias de este tipo de acuerdo con el stand by son simples. Este autoriza, como máximo, un plan de repago de no más de 3 años; mientras el EFF avala hasta 10 años. En este punto, Argentina reclama que además haya un período de gracia de hasta 4,5 años, que se contabilizarían dentro de los 10 años, con lo que el país pagaría durante 6,5 ejercicios; si el acuerdo se aprueba en el primer semestre de 2022, en 2026 Argentina pagaría la primera cuota de capital. Antes debería cumplir con el pago de una parte de los intereses.

De allí que sea tan importante la reducción de las tasas. El principal problema en cuanto a la aplicación de un acuerdo y otro es que un stand by no exige grandes compromisos previos, sino el cumplimiento de metas fiscales, cambiarias e inflacionarias. El EFF sí exige medidas macroeconómicas específicas. De allí los compromisos que Guzmán está absorbiendo en estas semanas.