Por Dolores Gandulfo - El futuro de Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), acusada de haber intercedido en favor de China para mejorar su posición en el ranking Doing Business cuando era directora ejecutiva del Banco Mundial entre 2017 y 2019, aún parece incierto. Mientras el directorio del Fondo avanza en las investigaciones, el G7 (grupo de países desarrollados) se posiciona como el aliado político y sostén de Georgieva. La crisis del multilateralismo abrió un nuevo capítulo en el plano internacional para poner en discusión los mecanismos y transparencias de las instituciones de Breeton Wood. En este escenario, Argentina busca renegociar los pagos y vencimientos de la deuda de 44 millones de dólares que Mauricio Macri tomó con el Fondo.

Georgieva depende de las posibilidades que ofrezca el bloque de los países desarrollados, que controla todas las decisiones del Board del FMI. Hasta ahora, hubo señales mixtas. Por un lado están los europeos, Alemania, el Reino Unido, Italia y Francia, que muestran intenciones de respaldarla. Sin embargo, la administración de Joe Biden muestra algunas reservas. A través del Tesoro de los EE.UU., hizo referencia a la “necesidad de un recuento completo y justo” de las acusaciones, y ha dejado en claro que la prioridad es “defender la integridad de las instituciones financieras internacionales”.

Para muchos países de ingresos altos y medianos el FMI ya había perdido importancia debido, en parte, a los programas de flexibilización implementados desde la crisis del 2008, que significaba someterse a condiciones determinadas para obtener un préstamo, que otros agentes comenzaron a otorgar sin tantos requisitos. Sin embargo, Georgieva tiene habilidades que favorecen el rol desarrollador del FMI. Comparada con algunos de sus predecesores es una economista progresista y respaldada por reconocidos académicos de la heterodoxia. Esto representa un cambio importante en el rol tradicional del Organismo.

El ejemplo más paradigmático de este cambio se dio el mes pasado con la distribución de US$ 650 mil millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) a todos sus miembros, para compensar el impacto de la Pandemia y ayudar a motorizar la recuperación económica mundial.

No se puede soslayar la crisis de transparencia que atraviesa hoy el Fondo, contextualizada en una crisis sistémica que atraviesa el multilateralismo global, caracterizada por importantes déficits en términos de legitimidad, representación equitativa de los Estados y rendición de cuentas claras. Sumado a la reconfiguración de las relaciones de poder en el plano internacional, por propias limitaciones en su capacidad de responder a las nuevas amenazas globales y regionales, y la emergencia de actores importantes con un alto sesgo proteccionistas y nacionalistas, las principales instituciones del multilateralismo atraviesan hoy un momento crítico.

Sin perder de vista los posibles riesgos, esta coyuntura global abre un abanico de oportunidades para el gobierno argentino y la refinanciación de la deuda con el FMI de 44.000 millones de dólares, que tomó el gobierno de Mauricio Macri. Con esta problemática como eje central, Alberto Fernández tiene prevista una agenda internacional a fin de mes para lograr posicionar a la Argentina en 2 importantes foros internacionales y lograr apoyo político de las principales potencias. Por un lado, en la Cumbre de Jefes de Estado del G-20 en Italia, Presidente Pro Témpore del foro multilateral, en la que espera conseguir el respaldo de Estados Unidos para avanzar en el acuerdo para reestructurar la deuda y la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26).

Esta agenda de viajes del presidente es de suma importancia y sería la continuación de las acciones del canciller, Santiago Cafiero; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, tanto en Italia como en Estados Unidos, con Ministros de otros países, técnicos del FMI, empresarios e inversores norteamericanos. Conseguir el apoyo político de Biden marcaría un paso importante para nuestro país en las negociaciones con el fondo, para la que el Embajador argentino en Washington, Jorge Argüello se encuentra trabajando de manera prominente.

Luego de conseguir la promesa de apoyo político de los gobiernos de la Unión Europea, China, Rusia y los países latinoamericanos y africanos, Argentina tiene ya un fuerte respaldo de base en el FMI. Si bien Alberto Fernández dijo que no hay un límite temporal para firmar un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional, hay quienes advierten que el cierre del acuerdo no puede demorarse más allá del 31 de marzo porque existe una posibilidad de no contar con reservas suficientes en el Banco Central para afrontar los vencimientos previstos ese mes (unos 22.000 millones de dólares) con ese organismo y con el Club de París para evitar el default.

Las condiciones globales están dadas para que Argentina pueda obtener un acuerdo racional, sostenible y favorable a sus intereses. Pero no se puede esperar de la contraparte una negociación fácil. Frente a esta realidad, toda la dirigencia política argentina debe unificar su posicionamiento para fortalecer la postura del Gobierno y negociar con firmeza en pos de la defensa de los recursos de todos los argentinos y las argentinas.

*Directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), Directora Ejecutiva de Política Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y Miembro de la Red de Politólogas.