Por Diego Cabot - Si
algo tienen los números presupuestarios es que son difíciles de desmentir.
Además, relatan las prioridades y las urgencias del Gobierno. Dicho esto, y
sobre la base de una decisión administrativa mediante la cual se aumentó el
gasto público, podría concluirse que en plena campaña la Casa Rosada priorizó
tres ejes. Por un lado, el “plan platita”, con subsidios varios y millonarios;
por el otro, las vacunas, con un pago para la compra de dosis. Pero claro, todo
queda pequeño frente a la necesidad de pagar la deuda, el tercer y principal
destino de los fondos que se sumaron ayer.
Formalmente, el
Gobierno amplió por decimoquinta vez ayer el presupuesto de 2021. En la
práctica, decidió cómo solventar varios gastos, algunos estructurales, como la
deuda; otros coyunturales, como el festival de subsidios, transferencias a las
provincias y ayuda directa, que llegan en plena campaña.
Hay varias
particularidades en la decisión administrativa (DA) 1014, publicada en el
Boletín Oficial. Según indica el documento, parte importante de los fondos,
$81.100 millones, se destinarán al pago de servicios de la deuda pública en
concepto de intereses y comisiones. Claro, empezar por ese número torna
pequeños todos los demás. Por ejemplo, el Ministerio de Salud sumó $10.067 millones
para “productos farmacéuticos”, es decir, compra de vacunas.
Sin embargo, lo más
ilustrativo se encuentra en los subsidios, una manera presupuestaria de fondear
el “plan platita”. De las 119 páginas surge que para poner dinero en el
bolsillo en plena campaña se quitó el que estaba destinado a obras o a
infraestructura. Las tarifas congeladas, que son un bastión del Gobierno en la
pelea contra la inflación, sumaron $16.000 millones, de los cuales $3000
millones se destinaron a los subsidios al gas y el resto (13.000 millones),
para Cammesa, la compañía mayorista que es la que compra combustible importado.
La construcción de las redes de alta tensión restó $28 millones.
El Ministerio del
Interior, uno de los lugares en el gabinete que maneja el ala más kirchnerista,
y que dirige Eduardo “Wado” de Pedro, tendrá su herramienta para hacer campaña.
La decisión que firmaron ayer el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro
de Economía, Martín Guzmán, le entregó $14.752 millones para enviar a las
provincias.
Hubo también una
llamativa decisión. El Ministerio de Justicia, que maneja Martín Soria, le
quitó $148 millones a la partida llamada “Política criminal y asuntos
penitenciarios”. ¿Adónde fue a parar ese dinero? Tuvo dos destinos. Por un
lado, al Espacio de la Memoria, que recibió $48 millones. El resto, $100
millones, al Instituto Nacional Universitario de Derechos Humanos, un ente
educativo que depende de las Madres de Plaza de Mayo.
Dentro de la
cartera de Soria hubo otro refuerzo. Con el nombre de “peculio” se entrega ron
370 millones adicionales para pagar el ingreso que se les abona por mes a los
presos.
Los usuarios de
transporte público deberán resignarse a que sus condiciones de viaje se
mantengan. Las obras de infraestructura perdieron $6000 millones. Por caso, la
partida “ejecución de planes programas y proyectos para el mejoramiento de
transporte” restó $1096 millones, mientras la “renovación del Belgrano Sur, en
su tramo Tapiales-Marinos del Crucero” también vio cómo se le iban $368
millones. El soterramiento del Sarmiento ya no tiene los $2230 millones que
disponía para seguir la obra, al igual que el proyecto para mejorar el
Ferrocarril Roca (Constitución-La Plata), en el que no se podrán gastar $1154
millones. No habrá “puesta en valor del ramal San Martín” (-$406 millones) ni
tampoco construcción de la torre de control Ezeiza, que ya no tiene $734
millones.
El Ministerio de
Cultura también dispondrá de una enorme cantidad de fondos. La cartera que
maneja Tristán Bauer tiene dos programas con dinero fresco. Para
“transferencias a instituciones culturales sin fines de lucro” cuenta con $180
millones y para “ayudas sociales a personas”, $2800 millones.
Hay más. El
Ministerio de Desarrollo Social cuenta ahora con $858 millones para el programa
Potenciar Inclusión, mientras que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y
Diversidad cuenta con $2985 millones para socorrer a las víctimas de violencia
de género.
Otras partidas
contempladas en la nueva ampliación presupuestaria incluyen la asignación de
$8000 millones a Transporte para la asistencia financiera a empresas públicas y
otros entes; $6000 millones a Presidencia para la atención médica a los
beneficiarios de pensiones no contributivas y $3197 millones a Agricultura para
la gestión del riesgo agropecuario. En menor cuantía, el Gobierno destinará
fondos por $103 millones al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI);
$100 millones al Servicio Meteorológico Nacional, y $6.054.520 a “reforzar los
créditos vigentes de la Policía Federal Argentina con el objeto de atender los
gastos inherentes al servicio de policía adicional que prestará a la Jefatura
de Gabinete y a Vialidad”, entre otros gastos.
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