Por Carlos Burgueño - “No es una radicalización. Es un cambio de estrategia”. Así explicaban ayer dentro del oficialismo la aparición en las últimas horas de una versión más expuesta y crítica ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) de Martín Guzmán. El ministro de Economía habló el domingo y el lunes públicamente sobre la marcha de las negociaciones con el organismo, y expuso una nueva visión sobre la cercanía o lejanía del Facilidades Extendidas que se discute en estos tiempos: la demora es del organismo que maneja Kristalina Georgieva, por la falta de definiciones públicas sobre la rebaja de las tasas de interés que se apliquen en el acuerdo.

La estrategia que expone el ministro es que ahora debe ser el FMI el que garantice la reducción de 4,05 a 1,05% el costo del crédito, condición que para Buenos Aires es indispensable para aceptar políticamente la reestructuración de la deuda por u$s44.000 millones. Guzmán, y el resto del gobierno, consideran que todos los otros temas dependen de esa contracción en los intereses; incluyendo la firma de un plan de metas fiscales, monetarias y cambiarias, que debería cumplir el país durante los 10 años del acuerdo. Y que una vez que esté determinado esta reducción, las negociaciones podrían acelerarse y cerrar el pacto; siempre, obviamente, luego de las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

Del largo listado que la Argentina le reclama al FMI, el conflicto por las tasas es la bala de plata que Alberto Fernández, Guzmán y el resto de los negociadores argentinos ante el organismo expondrán desde este viernes en Roma. El Presidente y su ministro de Economía participarán allí de la cumbre del G20; donde se buscará conseguir masa crítica de apoyo de países desarrollados para que se vote en algún momento dentro del board del organismo a favor de la posición argentina. La bala con la que el ministro de Economía quiere hacer blanco (quizá la única en cuanto a las concesiones) es la de traer de la ciudad italiana la confirmación que el FMI acepta la reducción de las tasas que se le debería cobrar al país por no haber cumplido en tiempo y forma con las condiciones del stand by vigente; una alternativa que le permitiría a la Argentina una reducción anual de u$s900 millones y de algo más de u$s9.000 millones en todo el acuerdo a 10 años.

La intención es que el costo se reduzca del 4,05% que se le debe aplicar al país por lo que se firmó en el 2018 durante el Gobierno de Mauricio Macri, a un 1,05%. Esto es la tasa mínima que el FMI puede aplicar con países que sostienen sus acuerdos financieros en situación de normalidad; y que, a los ojos del Fondo, muestran al mundo planes financieros, monetarios y macroeconómicos sustentables. Obviamente Argentina en su rol de moroso recurrente está excluida del beneficio, y la intención de Guzmán es lograr la masa crítica para que se apruebe aplicar al futuro acuerdo que negocia el país las tasa para los estados que tienen las cuentas en orden.

El ministro viene buscando el apoyo abiertamente desde junio pasado, cuando en Venecia, la anterior reunión del G20 preparatoria de la cumbre de Roma, se reunió con Georgieva en busca de una oficialización del beneficio. El tema ya había sido expuesto en mayo ante la directora adjunta para el Hemisferio Occidental Julie Kozac y el responsable del caso argentino Luis Cubeddu. Pero a todos les quedó claro que una atribución de este tipo le excede al cuerpo técnico del FMI, y sólo podría lograrse a través de un voto mayoritario de un piso del 85% de los accionistas del Fondo. Esto es, los propios países que financian al organismo y que tienen a los Estados Unidos como aportante mayoritario con el 17% de los votos en el directorio.

Luego de Venecia se abrió un período de tarea diplomática política y económica para conseguir el voto de los EE.UU. y la Unión Europea, tarea que se completará en la cumbre de Roma. No tendrán Alberto Fernández y Guzmán otra oportunidad para quebrar la voluntad de los países desarrollados. Al menos de encontrarlos a todos juntos, en la misma oportunidad. Luego de Roma, Alberto Fernández tendrá la posibilidad de cruzarse con Joe Biden en la cumbre del clima en Glasgow que comenzará la primer semana de noviembre. Allí el jefe de Estado tendrá que convencer al norteamericano que vote a favor del país en el board. Sin este sufragio positivo, es imposible que la reducción de las tasas sea posible.