“El Gobierno de los EE.UU. pide a la Juez Loretta Preska que NO publique su decisión sobre la entrega de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo. El Departamento de Justicia de los EE.UU. pide presentar una opinión antes de 6 de noviembre, el día después de las elecciones presidenciales (sic)”, dijo en la red social X, Sebastián Maril, director de Latam Advisors y quien sigue de cerca los juicios contra el país en el exterior.
“Estados Unidos va a recomendar a la Juez Preska que no ordene la transferencia de la titularidad de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo. Las relaciones de dos naciones amigas deben ser consideradas. Sin embargo, también opino que EE.UU. sabe muy bien que una nación soberana amiga (Argentina) violó las leyes de los mercados de capitales locales y por este motivo no descarto que también sugiera a la Juez Loretta Preska que nombre a un Special Master (mediador) y que ambas partes resuelvan la disputa”, opinó Maril.
Por su parte, Sebastián Soler, exviceprocurador del Tesoro durante la gestión anterior, analizó: “El Departamento de Justicia le avisa a la jueza Preska que está ‘considerando activamente’ si se opinará formalmente en ambos casos sobre el pedido de entrega de acciones de YPF, un análisis que espera concluir el 6 de noviembre. Preska no debería resolver la cuestión antes”.
“Los demandantes pidieron a Preska que ordene a la Argentina entregar en pago sus acciones de YPF en dos casos distintos (YPF y holdout por bonos en default desde 2001). Un pedido tan grave como inédito. No sorprende que el gobierno de Estados Unidos le haya pedido hoy a Preska diferir su fallo hasta recibir su opinión”, agregó Soler.
Además de solicitar las acciones de YPF como medio de pago, los fondos Burford e Eton Park quieren probar que hay cuatro empresas estatales que son un “alter ego” del Estado argentino para embargar activos de dichas compañías y cobrar la sentencia de primera instancia. Son Banco Nación, Enarsa, Arsat y Aerolíneas Argentinas.
El juicio por la expropiación de YPF se desarrolla por dos vías distintas. Por un lado, en la Corte de Distrito de Nueva York, los fondos buscan cobrar de manera anticipada la sentencia de primera instancia, mientras que, en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, ocurre el segundo proceso de apelación.
Si la Argentina quería evitar el proceso de cobro anticipado, la jueza Preska había concedido el pedido de garantía de pago que solicitaron los fondos. Equivalía a entregar un tercio de las acciones de YPF y un supuesto crédito a favor con Paraguay por la construcción de la represa de Yacyretá. Ninguna de las opciones era viable para el Estado, ya que para entregar o vender acciones de YPF es necesario tener la aprobación del Congreso.
Con relación a la supuesta deuda que Paraguay tiene con la Argentina, nunca se formalizó más allá de algunas declaraciones políticas del gobierno anterior que decían que el país financió la mayor parte de la construcción de la central hidroeléctrica, 30 años atrás.
De manera paralela, el viernes pasado, los demandantes, el Estado argentino e YPF presentaron ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York sus últimos escritos argumentando su posición. Los fondos apelaron la decisión de primera instancia de declarar que YPF no tuvo responsabilidades sobre la expropiación y pérdida de valor de sus acciones. La petrolera busca defenderse de esa acusación, mientras que la Argentina intenta revertir el revés de la sentencia de indemnización de Preska.
A partir de la presentación de los escritos cruzados, la cámara de apelaciones está en condiciones de designar un panel de tres jueces para que se hagan cargo de la decisión. En este marco, el panel citará a las partes a una audiencia de un día y recién después fallará. Los plazos son inciertos, pero podría haber novedades recién a principios del año próximo.
En caso de que la cámara de apelaciones confirme el fallo de primera instancia, la Argentina puede intentar un último recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, pero el máximo tribunal debe aceptar primero tomar el caso.
Línea de tiempo
El 16 de abril de 2012, las acciones de YPF eran propiedad en un 57,5% de Repsol, un 25,5% de Petersen (una empresa constituida en España de propiedad de la familia Eskenazi) y un 17% de otros inversores minoritarios, incluido Eton Park, con una participación accionaria del 3%.
El 7 de mayo de 2012 entró en vigencia en al Argentina la ley de Interés Público, que dejó el 51% de las acciones de YPF en poder de Repsol “sujetas a expropiación” y bajo “ocupación temporal” por el Estado argentino.
En julio de 2012, Petersen se declaró en quiebra en España, tras haber incumplido en mayo de 2012 el pago de los préstamos que hicieron un pool de bancos europeos para financiar la compra de las acciones de YPF.
En mayo de 2014, se completó la expropiación por parte de la Argentina del 51% de las acciones de YPF en poder de Repsol, luego de pagarle a la empresa española US$5000 millones en bonos soberanos.
El 4 de marzo de 2015, el síndico de la quiebra de Petersen, extenedor de acciones de YPF, vendió todos los reclamos relacionados con la expropiación a Prospect Investments LLC, una subsidiaria de propiedad absoluta de Burford Capital LLC, que presenta los reclamos en nombre de Petersen, según se desprende del escrito que presentó ayer la petrolera.
Apenas un mes después, el 8 de abril de 2015, Petersen presentó una demanda contra la República e YPF por “incumplimiento anticipado de contrato, incumplimiento del deber implícito de buena fe y trato justo, e impedimento promisorio”. Y agregó: “Petersen alegó que YPF incumplió supuestas obligaciones de hacer cumplir las disposiciones de la oferta pública de adquisición y sanciones sobre las acciones adquiridas en violación de dichas disposiciones”.
En junio de 2015, Eton Park, otro extenedor de acciones de YPF, presentó demandas contra la Argentina y la petrolera.
El 31 de mayo de 2023, la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, culpó al Estado argentino, pero eximió de responsabilidades a YPF.
El 16 de septiembre de 2023, después de un proceso en que se analizó el monto de la indemnización, la jueza confirmó que la Argentina deberá pagar casi US$16.100 millones más intereses.
En febrero de 2024, el Estado argentino presentó en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York el primer escrito con los argumentos para que los jueces de segunda instancia revisen la sentencia de Preska.
En septiembre de 2024, se presentaron los últimos escritos finales de las tres partes (los demandantes, YPF y el Estado) ante la Corte de Apelaciones y ahora se está a la espera de que haya una audiencia. En paralelo, los fondos buscan probar que Banco Nación, Enarsa, Arsat y Aerolíneas Argentinas son un “alter ego” del Estado argentino para cobrar de manera anticipada la sentencia de primera instancia.
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