El índice de riesgo país condensa en una sola y rápida mirada lo que un inversor desea saber sobre el atractivo de invertir en un país. Técnicamente, el índice se obtiene por la diferencia entre el rendimiento de un bono emitido por el gobierno del país en cuestión y el de algún título público que no ofrezca riesgo de cumplimiento, como un bono del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que determina que un título público cotice por debajo del valor de emisión? Es la exigencia de quienes lo compran de recibir un rendimiento mayor para compensar el riesgo de que no cumpla con los pagos. La solvencia de un gobierno, o sea la capacidad y seguridad de pagar, depende de su situación fiscal y de la disponibilidad de la moneda en que se debe. Un bajo riesgo país debe apoyarse en un superávit fiscal primario suficiente para el pago de intereses y al menos una parte de las amortizaciones de la deuda pública. Cuando esta deuda está comprometida en moneda extranjera, la solvencia se asegura además con suficientes reservas internacionales. La insolvencia del fisco argentino y su consecuentemente elevado endeudamiento, sumados a la emisión monetaria y la inflación, explican los altos niveles de nuestro riesgo país. Esta deficiencia tomó un carácter estructural cuando el gasto público consolidado pasó del 30% al 46% del PBI, durante los tres mandatos del matrimonio Kirchner. Desde entonces, las subidas y bajadas de un elevado riesgo país han estado relacionadas con el aumento o la declinación de las reservas, y con la seriedad y respetabilidad de los gobiernos de turno. No solo la solvencia fiscal actual y futura determina el riesgo país. También influyen la seguridad jurídica y el grado de compromiso moral con las obligaciones asumidas. Un país cuya Asamblea Legislativa ovacionó a su presidente cuando anunció que no pagaría la deuda pública ha dejado un recuerdo que afectó y afectará la credibilidad por muchos años. Se requerirán tal vez décadas de cumplimiento intachable para borrar totalmente aquel episodio. Además, será necesario que las fuerzas políticas, que no siendo hoy gobierno mantienen la posibilidad de una alternancia, dejen de considerar la deuda pública una “manifestación imperialista de dominación de grandes poderes de un capitalismo explotador”. No es ajena al elevado riesgo país la sombra de un peronismo que ha resurgido políticamente varias veces con distintas tonalidades, y cuya popular marcha lo identifica “combatiendo el capital”. ¿Qué señales podrá recibir un inversor de largo plazo, sobre todo extranjero, si viera que asoma como eventual líder de esa fracción política el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires? Nefasto ejemplo de un hombre que se ufanó públicamente de violar el estatuto de la principal empresa petrolera nacional al expropiar violentamente su mayoría accionaria, con los consabidos millonarios costos que su conducta genera a las arcas nacionales. La seguridad jurídica, también reiterada y públicamente repudiada por ese gobernador, es un factor determinante para elevar nuestro riesgo país y su categorización por las agencias calificadoras. Recientemente, Standard & Poors, Fitch y Moody’s elevaron la calificación de Paraguay a la denominada “grado de inversión”, esto es, bajo riesgo de dejar impagos los bonos que el país emite. Este país pasó históricamente por diez defaults, al igual que la Argentina; sin embargo, en los últimos años ha mantenido un manejo fiscal ordenado y una moneda estable. Su índice de riesgo país oscila actualmente en los 160 puntos básicos. Paraguay y otros vecinos, como Uruguay y Chile, acceden hoy al crédito internacional en condiciones similares a los países desarrollados, y esta ventaja se extiende al sector privado. La Argentina deberá hacer posible esto.
Nuestro país ha evolucionado desde un riesgo país de 2700 puntos básicos, antes de las elecciones del 10 de noviembre de 2023, a los actuales 1433. En los primeros cuatro meses del gobierno de Javier Milei el descenso fue rápido y sostenido, tocando un mínimo de 1146 puntos básicos el 22 de abril pasado. Contribuyeron a ello el fuerte impulso del ajuste fiscal y las reformas comprendidas en el proyecto de Ley Bases y el DNU 70/23. En ese mismo período se redujo la brecha cambiaria, se contrajo el gasto cuasifiscal y el Banco Central pudo recomponer las reservas. Se caminaba en la dirección correcta y se presumía un pronto levantamiento del cepo cambiario. Sin embargo, pese a la caída de la inflación, los vientos dejaron de ser tan favorables. La prioridad asignada al control inflacionario y el temor a que la salida del cepo produjera un salto devaluatorio llevaron a la conducción económica a postergar ese objetivo. Simultáneamente, impuso una reducción, tal vez excesiva, de la tasa de interés. Los ahorros derivaron en mayor medida al dólar, se amplió la brecha cambiaria y el Banco Central dejó de engrosar las reservas, lo cual impactó en una nueva suba del riesgo país. No ayudaron ni la caída de los precios internacionales de la soja ni la falta de definición del FMI y otras fuentes de financiamiento que permitieran aportar tranquilidad ante los vencimientos de deuda del año próximo. Sin ningún compromiso claro sobre la salida del cepo, el Gobierno dispuso la transferencia al Tesoro de gran parte de la deuda del Banco Central. No podía esperarse de esto una disminución del riesgo de los tenedores de los nuevos títulos, pero sí un manejo más ordenado y claramente encuadrado en la política fiscal. La contundencia con la que el presidente Milei decidió el veto a la ley de movilidad de jubilaciones tuvo su inmediato correlato en la valorización de los títulos argentinos y en la disminución del riesgo país. Esta tendencia se ha mantenido, al igual que la reducción de la brecha cambiaria. La eliminación del cepo vuelve a ponerse en el horizonte. El impulso a la confianza que esto lograría debería entrar en el análisis de quienes tienen temor por un salto en la cotización del dólar comercial con potencial efecto inflacionario. Deberían entender que los agravios gratuitos que salen de la boca del Presidente, la inexplicable postulación del juez Ariel Lijo y las innecesarias rencillas en el seno de la cúpula del oficialismo ponen mucho más en riesgo la confianza lograda hasta ahora en el desempeño económico.
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