Por Antonio Rossi - En medio de la causa que lleva adelante el juez federal, Ariel Lijo donde se investiga la polémica adquisición de 620 vehículos con supuestos sobreprecios que aprobó la presidenta Malena Galmarini; la empresa estatal AySA se apresta a aplicar desde el primer minuto de octubre un nuevo ajuste tarifario del 33% al 36% que recaerá sobre los usuarios residenciales de los sectores medio y bajo, comercios e industrias de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

Los aumentos en juego forman parte de la segunda tanda del "sendero de actualización tarifaria" que el Gobierno puso en marcha desde el 1 de agosto, sin ninguna comunicación previa y pública, y que tiene agendado dos subas más para los meses de diciembre y enero.

La reprogramación del sistema de facturación con los nuevos cuadros tarifarios que pusieron en marcha los técnicos informáticos de la empresa se da en un momento político y judicial complicado para la compañía que presta los servicios de agua potable y saneamiento en la región metropolitana del AMBA.

Tras una denuncia impulsada por los diputados nacionales Ricardo López Murphy  y Marcela Campagnoli y el auditor general porteño CABA, Juan José Calandri; la empresa comandada por Malena Galmarini -la virtual jefa de campaña electoral de su marido, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa- fue allanada el viernes pasado con el fin de obtener la documentación vinculada con la compra efectuada a la automotriz Renault y la concesionaria Lumiere de 613 autos y 7 camiones eléctricos por una suma superior a los u$s25 millones.

De acuerdo con la denuncia promovida por los legisladores opositores, se habrían comprado, supuestamente, 613 Kangoo a un valor u$s42.000 dólares cada una y 7 camiones eléctricos a un precio unitario de u$s82.000 dólares.

Esos montos -según los denunciantes- equivaldrían al doble de los valores de mercado que, en el caso de los utilitarios ronda los u$s14.000, lo cual implicaría un sobreprecio de u$s28.000 dólares.

Tarifas descongeladas

Con la aplicación del nuevo incremento en las facturas, AYSA se convirtió en la única empresa de servicios públicos que ha logrado zafar del virtual congelamiento tarifario que el Gobierno dispuso hasta después de las elecciones de octubre en las boletas de luz y gas y en los boletos de colectivos y trenes.

A diferencia de lo que sucede con los servicios de luz y gas donde rige una segmentación y quita de subsidios según los niveles de ingresos de los clientes residenciales, en el caso de AySA los niveles tarifarios se basan en un esquema geográfico y de valuación inmobiliaria que diferencia tres bloques de usuarios que viven en "zonas de valor alto, medio y bajo".

La zona de alto valor comprende los barrios porteños de Núñez, Belgrano, Palermo, Recoleta, Caballito, Puerto Madero y Retiro. A ellos se suman los barrios privados y countries ubicados en la zona norte del Conurbano. Como hogares de nivel medio quedaron incluidos, entre otros, los que están localizados en Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Villa del Parque, Almagro, Balvanera y San Nicolás.

Y dentro de la categoría más baja aparecen los usuarios que habitan en Mataderos, Villa Soldati, Villa Lugano y en la gran mayoría de las localidades del norte, sur y oeste de la provincia de Buenos Aires.

Dos semanas antes de las PASO, el Gobierno decidió reforzar los ingresos de la empresa y avanzar con un esquema de ajuste de tarifas y reducción de subsidios. A partir del 1 de agosto, AySA recibió el visto bueno para actualizar el denominado "Coeficiente de Ajuste Tarifario K" que utiliza para facturar y obtener los recursos que le permitan cubrir los costos de operación, mantenimiento y mejora de los servicios de agua potable y saneamiento.

El valor de ese "Coeficiente K" trepó 197% y pasó de 112,9079 a 364,7816, junto con una escala descendente de descuentos destinada a dividir el impacto de los aumentos hasta en cuatro tramos para los hogares de las zonas de valor medio y bajo.

La sucesión de aumentos

El primer capítulo de la sucesión de aumentos que entró vigencia el 1 de agosto incluyó las siguientes subas bimestrales: 197% para los usuarios de los barrios de "valor alto"; 80% para los hogares de las zonas de "valor medio", comercios e industrias y 20% para las viviendas familiares localizadas en áreas de coeficientes zonales bajos.

Ahora, los incrementos que se aplicarán a partir del domingo son del 33% para los hogares de valor medio, clientes comerciales e industriales y del 36% para los usuarios residenciales encuadrados en una zonificación baja.

Además, este grupo de hogares tendrá que afrontar adicionalmente dos aumentos más del 22% cada uno en los meses de diciembre y enero. En tanto, los beneficiarios del "Programa de Tarifa Social" seguirán pagando los valores actuales porque contarán con descuentos adicionales que neutralizan las subas establecidas para la mayor parte de los clientes residenciales.

Desde que Massa se hizo cargo de la cartera de Economía en agosto del año pasado, las tarifas de AySA acumularon en los últimos 12 meses un incremento que asciende al 727%.

De haber pagado $750 mensuales a mediados de 2022 por un consumo de 25 metros cúbicos de agua, un usuario residencial porteño de zona media pasó a abonar un año después $4.100. Con el primer aumento de agosto, la boleta mensual escaló a $7.400. Y desde el domingo, por la reducción de los descuentos transitorios y la aplicación de la tarifa plena, deberá abonar por el mismo nivel de consumo una factura mensual de $9.300.