Por Paz Rodríguez Niell - Los camaristas platenses que anularon la causa que investigaba una presunta defraudación en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires y que liberaron al dirigente del PJ Julio Rigau, conocido como Chocolate, fueron denunciados ayer por dirigentes opositores, que los acusaron de “mal desempeño”, una de las causales de remoción de sus cargos. El puntero peronista Chocolate Rigau había sido apresado mientras retiraba plata de un cajero automático con tarjetas de decenas de empleados legislativos, que se sospecha eran ñoquis.

Los jueces acusados son Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, que hasta ahora no tenían denuncias en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense, el organismo que investiga la conducta de los jueces.

En paralelo, el fiscal general Héctor Vogliolo inició el trámite para que la Cámara de Casación reabra la causa de la presunta estafa en la Legislatura de la provincia. Mientras, la fiscal del caso, Betina Lacky, apuesta a seguir adelante con su investigación sin frenar las medidas de prueba.

Los camaristas platenses que anularon la causa que investigaba una presunta defraudación en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires y que liberaron al dirigente del PJ Julio Rigau, conocido como Chocolate, fueron denunciados hoy por dirigentes opositores que los acusaron de “mal desempeño”, una de las causales de remoción de sus cargos.

Son Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, camaristas que hasta ahora no tenían denuncias abiertas en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense, el organismo que investiga la conducta de los jueces, según informaron a fuentes de la nacion ese cuerpo.

Con los jueces en el foco de las acusaciones, el fiscal general Héctor Vogliolo inició el trámite para que la Cámara de Casación bonaerense reabra la causa. Mientras se decide la suerte del expediente, la fiscal del caso, Betina Lacky, apuesta a seguir adelante con su investigación sin frenar las medidas de prueba.

Por el momento, por ejemplo, Lacky conserva el teléfono del acusado, Jorge “Chocolate” Rigau. No se lo devolvió y en los próximos días podría pedir que se haga un peritaje sobre el aparato. El fundamento para seguir adelante pese al fallo de la Cámara de Apelaciones que liberó a Rigau y anuló la causa es que esa sentencia no está firme, explicaron fuentes de la Procuración bonaerense a La Nación.

En cuanto al fiscal general Vogliolo, él comenzó los trámites del recurso de Casación. Hizo la “reserva” que prevé la ley (dice que quien va a recurrir un fallo tiene que informarlo dentro de los 7 días al tribunal que lo dictó) y ahora tiene 20 días para analizar toda la prueba reunida en la causa y presentar su recurso.

Mientras tanto, la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires analiza la posibilidad de presentarse ante el Juzgado de Garantías Nº 1, a cargo de Guillermo Atencio, para pedir ser reconocida como particular damnificada en esta causa. La Fiscalía de Estado es el órgano constitucional encargado de litigar en representación de los intereses del Estado de la provincia de Buenos Aires.

“Estamos analizando las alternativas de la apelación de Vogliolo. Es una cuestión técnica compleja. Estamos evaluando hacer una presentación, pero no tuvimos acceso aún [a la causa]”, explicaron. Gómez (nombrado durante el gobierno de Daniel Scioli) no tiene plazo para presentare como querellante. Puede hacerlo en cualquier momento antes de una sentencia.

“Formalmente no estamos notificados. No hemos tenido acceso al expediente que es un circuito cerrado a donde solo se ingresa con una clave que se le da a las partes”, dijeron en la Fiscalía de Estado a la Nacion. “Podría haber una defraudación al fisco si la gente no trabajaba allí: o si las tarjetas estaban a nombre de personas muertas –analizaron

en la Fiscalía de Estado–. Si la gente trabaja allí, sería otro tipo de delito: entre privados”.

“En alguna causa de defraudación a la Legislatura ya nos hemos presentado. Entonces era gente a la que le falsificaron firma para contrato”, recordaron en el organismo.

La punta por donde abordar una presentación podría ser el testigo –de cuyo testimonio dio cuenta La Nacion– que declaró que no conocía a Julio “Chocolate” Rigau, que tenía una tarjeta a nombre suyo y cobraba un supuesto sueldo por él. El testigo se llama Ezequiel. Estudia para ser abogado y es titular de una de las 49 tarjetas de débito secuestradas a Rigau.

La denuncia contra los jueces

La presentación contra los magistrados la hicieron Ricardo López Murphy, Javier Iguacel y María Eugenia Talerico en el Ministerio Público bonaerense, que dirige Julio Conte Grand. A él le solicitaron que ordene una instrucción penal preparatoria para investigar “la legitimidad de los contratos y presentaciones del personal de la Legislatura bonaerense” y que disponga una serie de medidas de prueba. También, que “oportunamente, y en caso de determinar que existen motivos suficientes, se promuevan las acciones penales conducentes”.

También solicitaron que se le pidiera a la Contaduría General de la provincia una auditoría sobre la Legislatura. Y que, en caso de determinarse que “existen motivos suficientes, se promueva un jury de enjuiciamiento contra Benavides y Villordo para su remoción por mal desempeño.

El procurador recibió esta presentación y le dio intervención a la fiscalía general por la denuncia penal y a la Corte de la provincia, por la acusación contra los jueces, informaron fuentes oficiales al tanto de los trámites. Conte Grand les indicó además a los denunciantes que el pedido de jury lo presentaran ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia, algo que harán en las próximas horas, informaron.

Benavides y Villordo integran la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata. El jueves pasado hicieron lugar a un habeas corpus de la defensa de Rigau y por esta vía extraordinaria no solo lo dejaron en libertad sino que declararon nula toda la causa. El caso se inició cuando Rigau fue interceptado en un cajero automático sacando plata con 49 tarjetas de débito y 1.260.000 pesos. Según la Cámara, la requisa que le hizo en aquel momento la Policía fue ilegal y esa ilegalidad de origen invalida todo lo actuado en el expediente desde entonces.

Benavides y Villordo declararon nula “el acta de procedimiento inicial” de la policía. Dijeron que son los jueces los habilitados a ordenar requisas y que las fuerzas de seguridad solo pueden hacerlo cuando existe una “sospecha razonada o causa probable” de un posible delito, algo que –según ellos– no se dio en este caso porque Rigau solo estaba sacando dinero de un cajero automático.ß