Por Hernán Cappiello - En un fallo de alto impacto político, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, reabrió ayer el caso Hotesur-Los Sauces y ordenó que la vicepresidenta Cristina Kirchner enfrente un juicio oral.

En la causa, la vicepresidenta fue acusada de lavar dinero a través de sus negocios hoteleros, al alquilarlos a los empresarios kirchneristas Lázaro Báez y Cristóbal López. La misma acusación afecta a su hijo, el diputado Máximo Kirchner, pero no a Florencia Kirchner, sobre quien la Cámara Federal mantuvo el fallo que la había beneficiado.

En paralelo, el tribunal penal anuló el sobreseimiento en la causa por el memorándum con Irán, donde la expresidenta había sido denunciada por el fiscal Alberto Nisman, y ordenó realizar el juicio oral.

Además, los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña decidieron apartar a los jueces del tribunal oral que habían sobreseído a la vicepresidenta en el caso Hotesur-Los Sauces: Daniel Obligado y Adrián Grünberg.

En el proceso por el pacto con Irán, por su parte, Petrone y Barroetaveña apartaron también a los jueces Obligado, José Michilini y Gabriela López Iñiguez.

Las sorpresivas decisiones de clausurar los juicios por Hotesur y por el pacto con Irán antes de llegar a su instancia oral habían desatado fuertes críticas.

Tras mantener silencio y evitar apariciones en la campaña electoral, Cristina Kirchner anunció ayer que el sábado reaparecerá para presentar un libro.

Una explosiva decisión judicial determinó ayer que la vicepresidenta Cristina Kirchner enfrente dos nuevos juicios orales: uno por lavado de dinero, conocido como el caso Hotesur-Los Sauces, y el otro por la firma del pacto secreto con Irán, con el supuesto objetivo de beneficiar a los sospechosos iraníes prófugos que volaron el edificio de la AMIA en 1994, en un ataque terrorista que dejó 85 muertos.

Ambas decisiones fueron tomadas por los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, que además mandaron a juicio a Máximo Kirchner en el caso de lavado de dinero y sobreseyeron a su hermana Florencia. El eje de la acusación en esta causa es que los Kirchner recibieron en sus empresas presuntos retornos de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López en compensación por los negocios que hicieron al amparo del Estado.

A raíz de estos negocios, Báez ya fue condenado por lavado a 10 años de prisión en el caso de “la ruta del dinero K”, un fallo que ratificó la Casación. Y fue condenado a su vez junto a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, en la cual se determinó que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fue favorecido con las obras viales santacruceñas que lo hicieron millonario. El empresario Cristóbal López, en cambio, fue absuelto en el caso de Oil Combustibles, donde se debatió cómo obtuvo varios planes de pago de la AFIP cuando al mismo tiempo no tributaba millones del impuesto a los combustibles. A diferencia de López, Ricardo Echegaray, extitular del ente recaudador, fue condenado a cuatro años de cárcel.

Tras la decisión de la Casación, en el caso del memorándum con Irán ahora serán juzgados el actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini; el senador Oscar Parrilli; el dirigente de La Cámpora y ministro bonaerense Andrés Larroque, y el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, entre otros. La denuncia que llevó ahora a este juicio fue realizada en 2015 por el fiscal Alberto Nisman, días antes de ser hallado muerto con un tiro en la cabeza, lo que la Justicia considera un asesinato.

Además, los camaristas Petrone y Barroetaveña decidieron apartar a los jueces del tribunal oral que sobreseyó sin juicio oral a la vicepresidenta en el caso Hotesur-Los Sauces, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. No así a Adriana Palliotti, que había votado en disidencia.

En el proceso por el pacto con Irán, por su parte, Petrone y Barroetaveña apartaron también a los jueces Obligado, José Michilini y Gabriela López Iñiguez, ya que consideraron que opinaron sobre la prueba y el fondo del caso al cerrarlo. En este caso, el fiscal Marcelo Colombo había apelado el sobreseimiento sin juicio, pero su colega ante la Casación Javier de Luca desistió de la apelación al entender que no había delito en suscribir un tratado ratificado por el Congreso.

Pero el recurso siguió vivo y se llegó a este fallo porque lo apelaron los querellantes Luis Czyzewski y Mario Averbuch, familiares de las víctimas que murieron en la AMIA, con el patrocinio de Tomás Farini Duggan y Juan José Ávila. Lo mismo hizo la DAIA, representada por su presidente, Jorge Knoblovits.

El eje del debate

En ambas causas se debatía el mismo problema jurídico: si existieron nuevas pruebas que llegaron al tribunal oral, antes de la realización del juicio, que de manera evidente e inmediata establecieran que no era necesario hacer el juicio porque se hacía obvia la falta de responsabilidad de los acusados.

En el caso de Hotesur y Los Sauces, las defensas dijeron que la prueba nueva que hizo evidente que no había delito fue un peritaje del cuerpo forense de la Corte que señaló que todos los movimientos de la empresa Los Sauces estaban bancarizados. Por eso, dijeron, no puede haber delito en una actividad en blanco, cuando la acusación apuntaba a que el alquiler de las propiedades de los Kirchner era en realidad una simulación y que esas habitaciones de hotel e inmuebles no eran utilizados en los hechos.

La Casación advirtió que el razonamiento de Obligado y Grünberg, “además de haberse fundado en cuestiones de valoración sumamente debatibles, en definitiva, carece de sustento en prueba novedosa alguna”. Hablaron de una sentencia arbitraria que se basó en una fundamentación aparente y que afectó la garantía constitucional del fiscal de llevar adelante el juicio oral.

En cuanto a Florencia Kirchner, sostuvieron que la acusación habla de una asociación ilícita que actuó desde 2003 hasta 2016, pero que la hija de la vicepresidenta, nacida el 6 de julio de 1990, al momento de la conformación de la organización tenía 12 años y “habría sido incorporada a la asociación con posterioridad al fallecimiento de Néstor Kirchner, el 27 de octubre de 2010.

“No puede soslayarse, además de su temprana edad, que no resulta controvertida su ajenidad al desempeño en cargos públicos y su formación previa ajena a la actividad empresarial, circunstancias a las que se suman los lazos de afecto y confianza en juego, todos ellos datos objetivos evidentes de su historia vital, por lo que aparece en forma cierta, en definitiva, el condicionamiento que a su autonomía personal significaba el entorno donde transitaba su vida de relación”, dijo el juez Petrone en su voto, al que adhirió Barroetaveña con sus argumentos.

En la causa Hotesur y Los Sauces, más de 20 acusados irán a juicio: además de Cristina y Máximo Kirchner, Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), Lázaro Báez y sus hijos, Osvaldo Sanfelice (socio de Máximo), el contador Víctor Manzanares y los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa.

En cuanto a la acusación en el caso del pacto con Irán, revelada por el fallecido periodista Pepe Eliaschev, se debatió la misma idea: si es que se plantearon, entre la elevación a juicio y la realización del debate, pruebas nuevas que hicieran evidente que no era necesario realizar el proceso oral, porque se caía la acusación contra los imputados.

El elemento planteado como novedoso fue un informe de In ter polque señalaba que las circulares rojas no podían nunca darse de baja sin la orden de un juez. La querella y la fiscalía destacaron que Interpol contaba con facultades reglamentarias para hacer caer las notificaciones, por lo que “hay cuestiones controvertidas respecto de las que solo el debate oral puede arrojar luz”, indicaron los camaristas. Por eso, señalaron que los jueces “efectuaron una interpretación forzada y arbitraria”.

Las personas que ahora deberán ser juzgadas son Cristina Kirchner, el exvicecanciller Eduardo Zuain, Zannini, Parrilli, Mena, Larroque, Angelina Abbona, los piqueteros Luis D’Elía y Fernando Esteche, el dirigente islámico Jorge Khalil y el exagente Ramón Allan Bogado.ß