Las denuncias por la supuesta venta de candidaturas que jaquean a Javier Milei pueden ocultar delitos gravísimos o no significar nada desde el punto de vista legal. En principio, las faltas son graves desde el punto de vista de la integridad electoral y la ética de los candidatos. Esta es la principal conclusión a la que llegaron diversos especialistas en derecho electoral consultados por La Nación. “Puede ser todo o puede no ser nada”, describió un funcionario judicial especializado en delitos electorales.

Por lo pronto, el fiscal federal con competencia electoral Ramiro González abrió una investigación preliminar ante la cascada de denuncias contra Milei, que fue señalado por “vender” lugares en sus listas a cambio de entre 10.000 y 50.000 dólares.

En este expediente, que es previo a la apertura de una causa judicial, ya declaró ante el fiscal el abogado liberal Carlos Maslatón, exaliado del economista, que habló ante el fiscal de un “régimen de franquiciado político” en las listas de Milei, de quien dijo que “subasta” lugares en las listas.

Están citados para esta semana Rebeca Fleitas, Mila Zubriggen y Juan Carlos Blumberg, quienes también acusaron al dirigente libertario.

La abogada Delia Ferreira Rubio, especialista en legislación electoral y presidenta de Transparencia Internacional, dijo a La Nación: “No hay ningún delito a partir de lo dicho, los candidatos pueden aportar como cualquier ciudadano. No conozco ninguna figura de la ley electoral que diga que es ilícito. El problema es si estos aportes están dentro de los límites establecidos para los aportes privados; si están declarados, deben ir a una cuenta bancaria del partido”. Por eso, en abstracto, legalmente no hay delito, pero hay que ver si en cada caso ese dinero fue declarado y si está dentro de los límites máximos de aportes.

Los partidos políticos deben reportar después de las PASO y después de las elecciones generales sus aportes y hacer un informe previo donde deben detallar quiénes aportaron y cuánto. También deben acompañar las constancias de las cuentas. Recién entonces se sabrá si estas denuncias constituyen delitos electorales.

La especialista dijo que la dificultad para los partidos no es conseguir los fondos, sino su justificación. Y recordó el ejemplo de investigaciones judiciales y periodísticas que revelaron el caso de aportantes de Juntos por el Cambio, en 2017, que eran beneficiarios de planes sociales, pero que no habían puesto dinero en la campaña; y otro caso que involucraba al peronismo, con fondos que figuraban aportados por jubilados que cobraban la jubilación mínima y que no habían entregado dinero alguno.

“Otra cuestión es la ética política de quienes forman parte de las listas”, dijo Ferreira Rubio. Y recordó que estas prácticas son usuales “en todos los partidos donde el mérito no ha sido el criterio”. Puso como ejemplo lo ocurrido en los Estados Unidos, donde los financistas de la campaña que aportan más de 999.999 dólares eran premiados con una embajada.

Este tipo de prácticas poco transparentes de financiamiento, dijo la experta, impide saber si las políticas públicas del funcionario, en caso de llegar al poder, se corresponden con sus ideas del bien común o son una devolución de favores.

Otro asunto es el origen de los fondos. La Cámara Nacional Electoral advirtió hace dos meses en una acordada sobre la utilización de las campañas electorales para blanquear dinero proveniente del narcotráfico o de otros delitos. Exhortó a los jueces electorales a investigar.

En la Argentina, la exintendenta de la ciudad correntina de Itatí Natividad Terán, alias Roger, y su exvice Fabio Aquino fueron condenados a tres años y tres años y ocho meses de prisión, respectivamente, en una causa por narcotráfico. Estaban acusados de darles protección política a los narcotraficantes.

En el Litoral, el poder del narcotráfico amenaza la política y hay intendentes que reciben la visita de enviados de narcotraficantes que financian sus campañas sin que puedan rechazar el dinero sin un riesgo para su vida.

Lo importante es ver cómo se declaran esos aportes, si es que están por encima de los topes establecidos y si el aportante individual puede justificar esos fondos.

La jueza María Servini no aprobó la rendición de fondos de campaña en las elecciones de 2007, donde hubo dinero de empresas dedicadas a la venta de productos farmacéuticos que estaban siendo investigadas como parte de la “mafia de los medicamentos”.

Parte de esos fondos fueron aportados a la campaña de Cristina Kirchner por Sebastián Forza, dueño de la droguería BairesMed y de la empresa Seacamp, y una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez, vinculado al tráfico de efedrina.

Otro funcionario de la Justicia Electoral coincide con Ferreira Rubio en que, a priori, no hay delito en las denuncias de “venta” de candidaturas. Habría delito, señaló, si por ejemplo un dirigente ganó una interna o realizó una militancia previa en el partido, que lo hizo acreedor a la candidatura, y se la niegan a último momento si no aporta el dinero, de manera forzosa. “Si se ganó el lugar, pero le dicen que si no pone dinero no puede ser candidato y se impide ejecutar lo que los afiliados decidieron, ahí hay un delito”, explicó el funcionario.

Prácticas irregulares

Ferreira Rubio advirtió que los candidatos evitan declarar algunos aportes “en especie” que reciben, como por ejemplo el uso de aviones privados que les “prestan” empresarios para desplazarse en sus campañsa o que, directamente, son aparatos pertenecientes a las provincias, disfrazados de vuelos sanitarios.

Otro especialista en derecho electoral señaló que en las conductas denunciadas puede haber un delito contra la fe pública. Estos delitos se dan cuando se quiebra la confianza que la colectividad deposita en ciertos instrumentos y valores a los cuales el Estado les confiere autenticidad. Los penalistas los identifican con la falsificación de monedas, de timbres y de cheques, pero una mirada desde el derecho constitucional pude hacer extensiva esa violación cuando se pone en tela de juicio la veracidad de determinados valores y se defrauda la confianza del elector, que no sabe que el candidato compró su lugar en la lista.

El otro principio general que está en tela de juicio con estas denuncias, advirtió otro funcionario de la Justicia Electoral, no pasa por un delito, sino por la degradación de la “integridad electoral”. Se trata de un índice que mide la calidad de las elecciones y la democracia basándose en indicadores sobre la respuesta institucional, la igualdad en el acceso a derechos políticos y la competitividad democrática. Canadá y Uruguay son los países que encabezan el ranking en América, con 83 puntos sobre 100. Venezuela, con 36, está apenas por encima de Haití, Honduras y Nicaragua, que representan los casos más problemáticos en la región. La Argentina tiene 67 puntos sobre 100, séptimo en la región, por debajo de Chile, Costa Rica, Panamá y de Perú. El Proyecto de Integridad Electoral es realizado por el Royal Military College de Canadá, la University of East Anglia y la Queen’s University.