Por Román Lejtman - La decisión del Gobierno de acorralar y desgastar a la Corte Suprema tuvo su primer capitulo en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Los legisladores oficialistas utilizaron chicanas y argucias para descalificar a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, pero hoy no exhibieron una solo evidencia que permita justificar la remoción de los cuatro jueces que están en la mira del Frente de Todos.

La defensa del alto tribunal fue ejercida por Juntos por el Cambio, que optó por castigar a la administración de Alberto Fernández en lugar de asegurar que los magistrados son inocentes de los cargos imputados por la bancada kirchnerista.

La reunión parlamentaria se extendió por más de tres horas, y su tono fue de menor a mayor. Los legisladores del Gobierno y la oposición -ambos con asistencia perfecta- saben que hoy fue un ensayo del debate que se aproxima. En febrero, se debe decidir la admisibilidad de las causas en contra de los cuatro jueces y esa será una compleja decisión que podría desatar un conflicto de proporciones en la Comisión de Juicio Político.

Hay presentados 14 pedidos de juicio político que implican 60 acusaciones en total contra Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda. Y la comisión -con mayoría kirchnerista- tiene que definir qué denuncias se toman en cuenta. Esas acusaciones determinarán la marcha del proceso contra cada uno de los integrantes del alto tribunal.

Durante el debate parlamentario, Rosatti y Rosenkrantz fueron los jueces más mencionados por la bancada kirchnerista.

Germán Martínez, titular de la bancada de diputados kirchneristas

A las 11 en punto, comenzó la primera sesión de la Comisión de Juicio Político para tratar las acusaciones contra la Corte Suprema. Aún sobrevolaba cierta quietud parlamentaria, mientras que la titular de la Comisión, Carolina Gaillard, explicaba cómo serían las reglas del futuro combate político que protagonizarían los diputados del oficialismo y la oposición.

El juicio político a la Corte es un recurso diseñado por Alberto Fernández para unir al Frente de Todos y tener su primera herramienta de campaña electoral. Y al otro lado del campo de batalla la oposición utiliza el embate oficialista sobre el cuarto piso de Tribunales para cruzar al Gobierno y exhibir su voluntad de regresar a la Casa Rosada .

Ambos bloques legislativos cumplieron con su principal objetivo en la sesión inaugural del juicio político a la Corte Suprema. Ejecutaron un debate caliente y cargado de chicanas, adonde se citó a Juan Domingo Perón, Horacio Rodríguez Larreta, al poeta Antonio Porchia, Carl Schmitt, Néstor Kirchner, Mauricio Macri y el dictador José Felix Uriburu.

Leopoldo Moreau, con una experiencia parlamentaria que inició durante el gobierno de Raúl Alfonsín, aprovechó su dialéctica para explicar las razones del embate contra el máximo tribunal. “Hay que poner fin a este funcionamiento mafioso de la Corte”, opinó el diputado que se crió en La Coordinadora y ahora defiende al kirchnerismo.

Enfrente a Moreau, junto a sus colegas de la bancada de Juntos por el Cambio, se encontraba Sabrina Ajmechet. Ella respondió al argumento básico que sostiene la acusación politica contra Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda.

“La única intención es dar alguna batalla electoral luego de tres años de pésimo gobierno”, sintetizó Ajmechet.

La Comisión de Juicio Político tendrá hacia adelante un difícil debate acerca de los chats hackeados y la facultad de citar a declarar a los miembros de la Corte Suprema. Juntos por el Cambio, apoyados en la doctrina del fruto del árbol venenoso, rechazará que se utilicen como esos chats como evidencia.

Y respecto a la citación de los jueces, la oposición considera que es una facultad de los denunciados que está al margen de la voluntad política del bloque oficialista. Así está escrito en el artículo 13 del reglamento de la Comisión de Juicio Político.

Alberto Fernández, principal impulsor del juicio político a la Corte, sostiene que los integrantes del alto tribunal deben ser citados y asegura que los chats hackeados pueden utilizarse como evidencia. La interpretación presidencial de las normas penales y administrativas será replicada al momento de tratar estos asuntos clave en la Comisión de Juicio Político.

Ese día, la batalla parlamentaria será inolvidable.