Por Carlos Pagni - El rasgo sobresaliente de la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se celebró en Buenos Aires fue el anacronismo. Los principales asistentes, con Alberto Fernández y Luiz Inacio Lula da Silva encabezando el podio, se prometieron restaurar una armonía sudamericana cuya inviabilidad quedó demostrada por la propia cumbre. Las noticias más llamativas fueron que Nicolás Maduro, investigado en La Haya por crímenes de lesa humanidad, no puede abandonar Venezuela.

Que lo mejor que podía esperar Dina Boluarte es que no se mencionara a su país: Perú. Casi lo consigue, si no fuera por las críticas del chileno Gabriel Boric a la represión de las revueltas en ese país. Luis Lacalle Pou observó algo indiscutible: una asociación de países no puede aspirar a ser una cofradía ideológica. Lo demostró él mismo ayer, al tratar con gran cordialidad a un ícono de la izquierda, Lula da Silva, que visitó Uruguay. Para poner más en evidencia la fragilidad de todos estos vínculos, Cristina Kirchner se negó a reunirse con Lula. Dicho de otro modo: puso como condición que el presidente de Brasil se allanara a visitarla en su despacho de vicepresidenta en el Senado, que es como bloquear la posibilidad de una entrevista. Sería un error menospreciar estos pormenores como si fueran irrelevantes. En este contexto general se inscribe la embestida del peronismo contra la Corte Suprema de Justicia. Alberto Fernández agrega ese conflicto a un paisaje regional que no soporta una gota más de inestabilidad.

La ausencia de Maduro estaba asegurada desde un comienzo. El emir caribeño no podía arriesgarse visitando un país en el que un juez de primera instancia necesitado de respaldo político, Federico Villena, tuvo secuestrados a varios venezolanos, un grupo de iraníes y un avión durante semanas enteras. Para ponerlo en otros términos: Maduro no puede exponerse a sistemas en los que el Poder Judicial no sea manejado con rienda corta por el Poder Ejecutivo.

El desencuentro de Lula con la señora de Kirchner era de prever. De vuelta de su último viaje a Buenos Aires, en plena campaña electoral, el líder del PT confesó a sus amigos que se sintió manipulado en una interna ajena: la de Fernández con su vice. Después de ganar los comicios, el fastidio se acentuó. Fue cuando le hicieron notar que la gorrita con la leyenda CFK 2023 que una diputada de La Cámpora le hizo vestir en medio del alboroto del festejo quería decir que Cristina Kirchner debía ser candidata en 2023. Al revés: quería decir que Fernández no tendría derecho a postulase para la reelección.

En su visita como presidente, Lula evitó quedar atrapado en esa pelea. En un momento imaginó un almuerzo con el Presidente y la vicepresidenta. Le hicieron notar que ella no se prestaría a compartir la mesa con quien fue su ahijado y candidato. Cuando empezaron a llegar las invitaciones para ir al Senado a visitarla, tuvo la excusa ideal para liberarse de la trampa. Una agenda saturada; la cuidadosa y determinante “Janja”, su mujer, que le impide tener jornadas extenuantes, y otros pretextos por el estilo. La verdad hay que buscarla en otras razones. Lula consolidó una estrechísima relación con Alberto Fernández, que está entre las tres personas que más aprecia en el mundo, según un colaborador muy cercano: las otras dos son el papa Francisco y Emmanuel Macron. Gratitud por los gestos que tuvieron con él mientras estaba preso. Una demostración de la apreciación de este vínculo es que destinó como embajador en Buenos Aires a uno de los mejores profesionales de Itamaraty, Julio Bitelli, mano derecha del canciller Mauro Vieira cuando era embajador en la Argentina.

Otro motivo de la reticencia de Lula a verse con Cristina Kirchner es que el presidente de Brasil no tiene margen para mostrarse al lado de alguien condenado por corrupción. La tolerancia que podría existir en ese campo la consume en su propio drama. Alcanza con recordar que en la catarata de mensajes solidarios que se conocieron cuando el fiscal Diego Luciani pidió una condena en el caso de Vialidad no hubo ninguno de Lula. En cambio, el brasileño se pronunció cuando Fernando Sabag Montiel quiso asesinarla en la puerta de su casa. El argumento protocolar según el cual un presidente no puede condescender a ver a un amigo en su domicilio quedó invalidado ayer, cuando Lula fue hasta la casa de José “Pepe” Mujica.

La señora de Kirchner ve en el Presidente al candidato de un bando rival. Entendió, con razón, que la cumbre de la Celac era una plataforma de lanzamiento. No la convalidaría. Al contrario, demostraría con un largo besamano en el Senado que es ella quien ejerce el poder real en el país. Xiomara Castro, Luis Arce, Evo Morales y Gustavo Petro accedieron a esa coreografía. Lula no se prestó.

Del mar de temas que decoraron el paso del presidente de Brasil por Buenos Aires hubo uno a destacar: el pedido de Fernández para que el Bndes, el banco de desarrollo brasileño, financie el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner. La energía, con su formidable impacto sobre las reservas monetarias, sigue teniendo a la Argentina al borde del abismo. En parte eso se debe a los desvaríos oficiales. Por ejemplo: el 18 de enero, el senador Oscar Parrilli envió una nota a la Secretaría de Energía para pedir que el Estado nacional asuma la administración de las centrales hidroeléctricas cuyos contratos de concesión están a punto de vencer porque las actuales concesionarias no reportaron beneficios al país. Parrilli se refiere a AES, Enel, Orazul Energy, Cerros Colorados SA, Central Puerto, Hidroeléctrica Futaleufú y Pampa Energía. Entre esos operadores hay varios amigos de Sergio Massa, el ministro del que depende la decisión.

Massa no atraviesa días agradables. Ayer tuvo otro disgusto: se conocieron las críticas de Jorge Bergoglio a la inflación y la pobreza que flagelan a la Argentina. El Papa aclaró que se refería a datos objetivos. Que no hacía política. ¿Por qué dudar? Sin embargo, ¿hubiera dicho lo mismo si el ministro fuera su dilecto Martín Guzmán, a quien hizo designar miembro de su Academia de las Ciencias? Massa infligió al Papa una afrenta, al parecer, irreparable cuando soñó con cortarle la cabeza al entonces arzobispo porteño para llevársela en bandeja a Néstor Kirchner. El ministro hizo de todo por borrar aquel agravio. Hasta ordenó una edición de la encíclica Fratelli tutti con fondos del Congreso. La clemencia todavía no llegó.

Al antiguo fastidio del Papa con Massa se le suma uno más moderno, con Fernández. Tiene que ver con el impulso que dio a la ley de despenalización del aborto. Voceros informales del jefe de la Iglesia aseguran que el Presidente había prometido no avanzar en esa dirección. Cuando Fernández viaja a Europa no consigue ver a Francisco. Sí lo logró su esposa, Fabiola Yañez, semanas atrás.

Estas especulaciones pueden ser presunciones maliciosas de simples pecadores. Igual que la teoría, que circulaba ayer en el peronismo, según la cual el Papa comenzó a crear un clima favorable para otro de sus preferidos: Juan Grabois, cuyos seguidores han comenzado a tapizar el conurbano con la leyenda Juan XXIII. Grabois fantasea con una candidatura presidencial y adoptó la marca de otro aspirante que, por ahora, desistió: Juan Manzur, que imprimió carteles, mucho más lujosos, con el mismo pseudónimo.

La Casa Rosada reaccionó a la crítica del Pontífice con un automatismo: los problemas económicos son culpa de Mauricio Macri. Es curioso ese ensañamiento con el gobierno de Macri. Sobre todo si se tiene en cuenta que la primera dama, “mi querida Fabiola”, como la llama el Presidente, formó parte de esa gestión entre 2017 y 2019, contratada en un organismo de control.

No solo el Papa está inquieto por la economía. Los principales empresarios del país temen que la precaRobles. ria política de Massa desbarranque como consecuencia de un alboroto institucional. Se refieren al asedio a la Justicia. Esos hombres de negocios creen que el agravamiento de esa lucha de poderes puede alterar variables sensibles como, por ejemplo, la cotización del dólar paralelo. La inflación, como opinó Bergoglio, está descontrolada. La medición de mediados de este mes de enero que realiza la ciudad habría dado 7%. En la segunda quincena suele repetirse. No hay mucha divergencia entre ese estudio y el del Indec. Dentro de este marco, los más grandes empresarios del país aspiran a que Massa utilice su influencia para cerrar el pleito con la Corte.

Los amigos de Massa hacen llegar al máximo tribunal una justificación vergonzosa: “No podemos abandonar esta batalla porque está en juego la candidatura de Sergio”. Dicho con más claridad: el ataque a la Corte es el precio que Massa paga para conseguir la bendición de Cristina Kirchner. A la luz de esta coartada, los empresarios se preguntan: ¿de qué proyecto, con qué orientación, pretende ser candidato Massa? Es un interrogante clave a la hora del financiamiento.

El juicio político

Hoy comenzará a tratarse la propuesta del peronismo en la Comisión de Juicio Político de Diputados. Los representantes de Juntos por el Cambio son 14. Los del PJ, 16. A la oposición se le agrega Alejandro “Topo” Rodríguez, que se referencia en Roberto Lavagna, el más gravitante consultor externo de Massa. Al ministro le quedan dos delegados en esa comisión: Micaela Morán y Ramiro Gutiérrez. Este legislador es el presidente de la comisión de amistad argentinoestadounidense. Como publicó la nacion, la cancillería de los Estados Unidos condenó el ataque a la Corte. Acaso Gutiérrez haga entender a esos diplomáticos por qué conviene votar como él piensa hacerlo.

Ayer los diputados de Juntos por el Cambio consideraron que no hay razón para abrir el caso. Como en la Corte piensan lo mismo, es posible que los jueces resuelvan no autorizar a sus subordinados a acudir a la comisión ni siquiera en carácter de testigos. Hay un matiz en la posición de la Coalición Cívica: como aclaró ayer Elisa Carrió, esa fuerza mantendrá su pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti. Es un desafío para el peronismo, que también ayer se encontró con una novedad: el diputado radical por Formosa Fernando Carbajal propuso que su partido se sume al de Carrió en esa iniciativa.

Carrió sospecha que Lorenzetti alimenta al PJ con informaciones perjudiciales para sus colegas de la Corte. Hay muchas versiones en esta dirección. Algunas son injustificadas. Por ejemplo, que la oficina de observaciones judiciales, desde donde se intervienen teléfonos y correos, demoraba responder al fiscal Carlos Stornelli si algún magistrado había ordenado espiar los teléfonos del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y del funcionario de la Corte Silvio En realidad, esa dependencia, que conduce Tomás Rodríguez Ponte bajo la dirección del camarista Javier Leal de Ibarra, nunca recibió una solicitud porque la jueza María Capuchetti no aceptó el pedido de Stornelli.

La mayor inconsistencia del pedido de juicio político radica en que el juez Sebastián Ramos archivó la denuncia contra el funcionario Robles por las conversaciones con D’Alessandro. Se basó en que esas conversaciones se conocieron por una operación de espionaje clandestino. Ramos asumió como propia la opinión del fiscal Stornelli, quien a la vez citó el voto en minoría de la camarista de Casación Ana María Figueroa en el caso del memorándum con Irán. Figueroa sostuvo en esa oportunidad, contra la posición de sus colegas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, que no se podía reabrir el expediente sobre la base de una escucha subrepticia a una charla telefónica entre el entonces canciller Héctor Timerman y el presidente de la AMIA Guillermo Borger.

Como Ramos obturó la principal línea operativa del peronismo en el Congreso, ayer Axel Kicillof intentó auxiliar a sus compañeros: denunció a Robles en el Juzgado Federal de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla. La saga parece dirigirse a un combate Ramos vs. Ramos. Un detalle para la intriga: el remolón Kicillof demoró hasta la segunda quincena de enero para llevar el caso a tribunales. ¿Será porque la Cámara Federal de La Plata dispuso que Ramos Padilla sería juez de feria solo entre el 16 y el 31 de enero? Pareciera que Kicillof estuvo esperando a “su” Ramos.

El defensor de la privacidad de las conversaciones es Stornelli, a quien Ramos Padilla procesó atribuyéndole operaciones de espionaje. ¿Usará Ramos Padilla ahora el contenido de intervenciones ilegales para investigar a Robles? El mamarracho puede empeorar todavía más. De hecho, ayer el papá del juez Ramos Padilla, Juan Ramos Padilla, que también es juez, relataba vía Twitter, en tiempo real, las medidas que su hijo estaría tomando para investigar a Robles. Perón dijo: “Al enemigo, ni Justicia”. Pero un dictador caribeño lo perfeccionó: “Al enemigo, la Justicia”.

Lula se llevó una impresión que lo hace coincidir con otro dirigente sindical: “El peronismo está hecho mierda”, dictaminó Luis Barrionuevo.

Con el mismo diagnóstico reapareció Eduardo Duhalde. En un pequeño video anunció que pelearía para convertirse de nuevo en presidente del PJ bonaerense. Al pasar, con inocencia, mencionó un dato: “La controversia por la conducción del partido está en la Corte”. El peronismo bonaerense hoy está bajo la conducción de Máximo Kirchner. Es la principal zona de repliegue de su madre, la vicepresidenta. El refugio al que recurrir en caso de perder las elecciones nacionales. El control de esa zona sagrada, informó Duhalde, está en manos de los cuatro jueces a los que Cristina Kirchner pretende destituir. La historia sigue estando abierta.