Por Sofía Diamante - Una gaseosa de marca líder puede llegar a costar $480 en un supermercado de barrio o almacén, mientras que si se compra en una de las grandes cadenas que ofrecen el programa Precios Justos su valor se reduce a $357,32 (un 25% más barato). No importa que se trate de la misma marca de bebida de 1,75 litros y que se venda a cinco cuadras de distancia. Lo mismo ocurre con un paquete de un kilo azúcar: en el programa Precios Justos figura a $219 una marca líder, pero en los supermercados chicos se vende a $350 (59% más caro). O un sachet de leche, donde el precio sube de $215 a $270, dependiendo dónde se compre, pese a que sea de la misma marca.

Esta distorsión de precios relativos en un mismo sector no es solo característico del consumo masivo, sino que también sucede con las tarifas de energía, agua, internet y cuotas de las prepagas. Un usuario de AySA, por ejemplo, pude estar pagando una tarifa promedio de $1236 (sin impuestos) si vive en el sur de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), pero el mismo servicio podría costar $2099 si está situado en el corredor norte.

Las diferencias de precios también quedan expuestas a la hora de comprar dólares. Si bien existe un solo tipo de cambio oficial, el Gobierno desdobló oficialmente el mercado, con la creación del esquema del dólar soja, y lo hizo de manera informal, con la aplicación del impuesto PAIS y las percepciones. De esta forma, puede haber más de seis precios distintos si los ahorristas minoristas quieren acceder a la compra de moneda extranjera.

Con una inflación cercana al 100% interanual, la dispersión de precios entre sectores ocurre de manera natural, donde hay ganadores y perdedores con respecto a la variación general.

El año pasado, por caso, mientras el índice de precios al consumidor cerró en 94,8%, el sector de comunicación, donde se miden los precios de telefonía móvil, internet y televisión por cable, subió 67,8%. Vivienda, agua, electricidad y gas, por su parte, aumentó 80,4%, mientras que el sector de transporte tuvo un incremento de 86,2%. Caso contrario, prendas de vestir y calzado (120,8%) y restaurantes y hoteles (108,8%) le ganaron holgadamente a la inflación general.

Sin embargo, más allá de la inflación, el Gobierno hizo lo propio para acelerar las distorsiones de precios dentro de los mismos sectores. Por eso, cada vez más los usuarios pagan distintos valores por productos o servicios que son idénticos y se ofrecen casi en las mismas zonas geográficas.

“Las dispersiones de precios relativos se producen en contextos de alta inflación y tienen que ver con que no todos los sectores ajustan sus valores a la misma velocidad. Justamente, por distintas razones: algunos porque son regulados, otros porque son contractuales y otros porque tienen dinámicas de los propios mercados, si son transables o no, por ejemplo”, dice Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma.

El economista diferencia esta situación de la distorsión de precios producto de la intervención estatal. En este sentido, señala: “El lobby tiene economía de escala: cuanto más grande sos, más lobby podés hacer. Estas regulaciones cuantitativas suelen favorecer a los más grandes y contribuyen a la concentración de la economía. Eso se ve en los acuerdos de precios, más aún cuando tienen como contraparte beneficios, como el acceso al tipo de cambio oficial para importar. Lo mismo pasa con el desdoblamiento cambiario del dólar soja, donde el Gobierno se sienta a negociar con el más grande de la cadena. Cuando el Estado se pone a intervenir de esta manera, se terminan generando más distorsiones hacia adentro del sector y más concentración”.

La economista Marina Dal Poggetto suma otra distorsión de precios: la que se genera entre los que pagan los productos al contado y los que lo hacen en cuotas sin interés o con descuentos de alguna promoción. “Para el consumidor es lo más irracional que hay. No hay referencias de precios, nadie sabe si algo es caro o barato. Hay un set de precios que es cada vez más ridículo y que genera grandes inequidades. Las cosas tiene un costo. Hay un problema cuando un precio es seis veces otro precio por un costo igual. Es un problema desde el punto de vista del funcionamiento, pero puede ser un activo de un programa de estabilización, porque hay un colchón para estabilizar los precios”, dice la directora de Ecogo.

Esta dinámica de la economía incentiva a tener “consumidores ahorradores”, un oxímoron que suele repetir el especialista en consumo masivo Guillermo Oliveto: aquellos que se stockean de productos a mitad de precio. “No es demasiado eficiente. El ahorro debe ir al sector financiero para que se canalice a la inversión y no que la forma de ahorrar sea comprarse cinco aceites”, dice Dal Poggetto.

Mismo servicio, distinto precio

En lo que se refiere a tarifas de luz, gas y agua, el Gobierno impuso el año pasado el esquema de segmentación para aplicar aumentos sin afectar a los hogares de menores ingresos, pero diseñó un mecanismo que es confuso para que el usuario entienda cuánto se le aumentará.

El esquema fue criticado por los analistas energéticos, que consideran que todos los usuarios deberían pagar un precio único por el gas y la electricidad y, aquellos que no pueden afrontarlo, reciban una tarifa social con un subsidio hasta un límite de consumo para fomentar el ahorro. Actualmente, el precio de las tarifas varía según el nivel de ingreso, la localización geográfica y el consumo, lo que genera distorsión de precios por las microsegmentaciones.

En lo que se refiere a internet, telefonía y televisión por cable, el Gobierno declaró sector regulado a las telecomunicaciones en 2020 y, desde entonces, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) fija los incrementos. Sin embargo, la Justicia aceptó pedidos de medidas cautelares de algunas empresas (entre las que están Movistar, Personal, Flow y DirecTV) y, de esta manera, evitan estar alcanzadas por la regulación del Enacom y aplican aumentos por fuera de los autorizados, generando otra distorsión de precios.

Este verano, además, el Gobierno sumó una nueva segmentación para los usuarios de medicina prepaga. Aquellos grupos familiares que tengan ingresos menores a seis salarios mínimos, vitales y móviles ($311.400) podrán completar una Declaración Jurada ante la Superintendencia de Servicio de Salud para que el próximo aumento de las cuotas se reduzca a 4,91%, en vez de 8,21%.ß